Turismo suspende por decreto ley las multas a los propietarios que viven en apartamentos turísticos

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes un nuevo decreto ley de medidas urgentes que suspende temporalmente, por un plazo de tres años, las multas que están recibiendo los propietarios de apartamentos turísticos por residir en ellos. Con este decreto ley se quiere dar respuesta a la problemática de los usos residenciales en zonas turísticas como recoge la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias que impide la residencialización.

“Con los cambios aplicados”, explicó la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, este lunes “se suspende por un plazo máximo de tres años, a partir de la entrada en vigor del Decreto-ley -desde su publicación en el BOC- la tramitación de los procedimientos sancionadores en los que no hubiera recaído resolución firme y los de revisión que no pongan fin a la vía administrativa”. Para ello, agregó, “el interesado deberá solicitar el cambio de uso al ayuntamiento y deberá ser comunicado posteriormente a la Consejería”, expuso la consejera.

25.000 viviendas vacacionales de Canarias se quedan en un limbo legal

Por tanto, el objetivo es otorgar este plazo adicional de tres años para que los consistorios lleven a cabo la imprescindible especialización de usos en las zonas turísticas, que es un principio básico establecido en la legislación autonómica, turística, territorial y urbanística desde la Ley de Directrices de 2003; una especialización que debería de haberse realizado desde hace 22 años, pero que cobra especial relevancia desde la Ley 4/2017 del Suelo y Espacios Naturales de Canarias, apuntó la consejera. Precisamente, “el incumplimiento de este mandato legal ha generado la apertura de numerosos expedientes sancionadores”, recordó.

¿Cómo se hará?

“En el plazo de tres años, los ayuntamientos tendrán que efectuar la especialización de los usos y las personas afectadas por esta situación podrán disponer de más tranquilidad, de mayor seguridad jurídica y deberán dirigirse a la administración local instando a esa especialización de usos, en la misma línea que apunta el proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas”, subrayó De León.

Derogación de la sustitución del propietario

Asimismo, otro de los objetivos que persigue la iniciativa es derogar el artículo 24 de la ley de 2013 que cita explícitamente la sustitución del propietario -o "expropiación encubierta", como lo denomina la la Plataforma de Afectados por la Ley Turística,- que incumple el deber de atenerse al uso turístico y que directamente está infringiendo el principio de unidad de explotación, al considerarlo un mecanismo inviable por su complejidad procedimental y desproporcionado. De esta forma, la administración seguirá cumpliendo la ley y otorgará mayor seguridad jurídica al ciudadano.

Afirmó que son 16.000 residentes los que ya están empadronados y el cumplimiento de esta norma agravaría la actual emergencia vacacional.

La Consejería de Turismo y Empleo ha impulsado en el último año la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas para regular la actividad del alquiler vacacional e iniciado el trámite para elaborar la futura Ley de Turismo de Canarias. Además, ha avanzado en la nueva normativa que modifica el reglamento autonómico de Turismo Activo y regulará por primera vez en las islas los campings, acampadas y otros establecimientos singulares.

16.000 residentes

De León explicó que, desde 2013, los propietarios de apartamentos en parcelas calificadas de uso turístico estaban obligados a mantener ese uso turístico y a integrarse en una comunidad de explotación o ceder su gestión a un operador autorizado . Sin embargo, la residencialización se tiene que analizar ahora en el contexto de la emergencia habitacional.

En paralelo, se pondrá en marcha un amplio proceso participativo para formular una nueva ley de Turismo en Canarias , que incluirá más de 50 colectivos, colegios profesionales, patronales, sindicatos, cabildos y plataformas ciudadanas ,cuatro meses.

Los propietarios que ya han pagado multas en el pasado no podrán reclamar su devolución.

Los servicios de Inspección ya habían levantado 3.000 actas y seguían llegando notificaciones todos los días.