Dieciocho meses de un trabajo a pico y pala de Clavijo con Madrid
El presidente resalta que «Canarias ha ganado como sociedad»
«Nos dijeron que era imposible, pero lo logramos sabiendo que teníamos razón», sostiene Clavijo

Europa Press
Lo que hace apenas unos meses era considerado políticamente improbable, hoy es ya una realidad. La modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, a través del real decreto-ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros, ha sido un trabajo hecho a ‘pico y pala’ por Fernando Clavijo ante Madrid, en el que ha tenido que hacer la tarea de redactar los textos legislativos, reconstruir puentes cada vez que se rompían entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el PP de Alberto Núñez Feijóo, y mantener viva la negociación, incluso cuando nadie más parecía creer en ella.
Desde que asumió el cargo en julio de 2023, el presidente del Gobierno canario convirtió la redistribución de menores migrantes no acompañados en una prioridad política y moral. En agosto de ese mismo año, su Gobierno declaró la emergencia social, y en octubre optó por abrir una negociación con el Estado para lograr un cambio legislativo que permitiera aliviar la presión sobre el sistema de acogida del Archipiélago, que cuenta con 5.800 menores a su cargo.
Fracaso de la solidaridad
En noviembre de 2023, ya hablaba abiertamente del «fracaso de la solidaridad» de las autonomías y empezó a liderar una ofensiva nacional e internacional para fijar el foco en la mortífera ruta atlántica y, en especial, en la atención solidaria de los menores migrantes no acompañados, con encuentros con el Gobierno de España, con Bruselas, con el Rey, con el Papa Francisco en el Vaticano, con oenegés, sindicatos o con los grupos parlamentarios canarios de los que consiguió su apoyo en el Pacto por la Migración, salvo de Vox. No hay puerta donde no tocara ni altavoz donde no pidiera la corresponsabilidad de las autonomías y del Estado, con un grito de auxilio: «Canarias no puede más».
El mismo lo resumía ayer: «Son 18 meses de lucha de la sociedad canaria, 18 meses de puertas cerradas que cobran sentido con la aprobación de este decreto ley». Clavijo lanzó dos mensajes al respecto. El primero fue en clave interna: «es un día feliz e importantísimo para Canarias y España; Canarias ha ganado como sociedad».
"Mediocridad y miseria"
El segundo fue un aviso a navegantes tanto a los partidos como a dirigentes políticos «que se dicen patrióticos, pero que insisten en dejar tirada a una comunidad autónoma», ante «una emergencia» que es de Estado y no de un solo territorio: «sus críticas definen su mediocridad y su miseria como personas y como políticos».
El jefe del Ejecutivo destaca la unidad del Archipiélago para reclamar al Gobierno central una solución
Canarias «una vez más» ha estado a la altura dando un ejemplo de «unidad, solidaridad y convivencia», enfatizó. «Nos dijeron que era imposible; siempre hemos tenido el no por delante, pero lo hemos conseguido sabiendo que teníamos razón», remarcó. De hecho, el camino ha sido largo y tortuoso, y a veces exasperante por la bronca política que se ha generado en Madrid.
'Viacrucis' para la aprobación del real decreto-ley
En enero de 2024, Clavijo presentó por primera vez la solución canaria, elaborada por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma. Ya entonces planteaba la posibilidad de hacer obligatorio el reparto de los menores a través de un real decreto ley con la reforma de la ley de extranjería, dado que es una vía más rápida y da una respuesta más ágil a la emergencia humanitaria.
El Ejecutivo de Sánchez descartó entonces esta opción al considerar que ofrecía pocas garantías jurídicas, y optó por una proposición de ley, que fue presentada en julio del año pasado por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria en el Congreso, y rechazada por el PP, Junts y Vox.
Entonces Clavijo ideó conjuntamente con Euskadi un reparto extraordinario de los menores, que llevó a la Conferencia de Presidentes en diciembre del año pasado, y resultó otro fracaso. En estos meses se ha logrado recabar el apoyo de Junts al ceder el Estado las competencias en migración a Cataluña. Y después de las reuniones que Clavijo ha mantenido con las ministras Sira Rego, para la fórmula de reparto, y María Jesús Montero, para la financiación, ayer el Consejo de Ministros ha terminado aprobando justo lo que descartó desde el minuto uno.
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