El Gobierno se prepara para un frente de barones del PP contra el decreto de menores

El Gobierno central se prepara para responder al frente que atisba entre las comunidades autónomas gobernadas por el PP contra el decreto ley de reparto de 4.400 menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta el resto del territorio nacional.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez considera que la ofensiva política del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo contra esta medida se acompañará por una ofensiva judicial desde al menos varios de sus barones autonómicos, pero está convencido, por otro lado, que “no hay margen” para un incumplimiento de la ley por parte de sus comunidades autónomas.

En todo caso, varios miembros del Gobierno se dirigieron este miércoles al líder del PP a los propios presidentes autonómicos del partido para recordarles su obligación de cumplir con la ley, al tiempo que les recriminaban su rechazo a una medida que atiende a una emergencia humanitaria y expresa solidaridad con los territorios frontera.

La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Jesús Montero, preguntaba retóricamente a Feijóo durante una de sus intervenciones en la sesión del control en el Congreso si el PP iba a “incumplir con el respeto a la dignidad de los niños según Unicef y los tratados internacionales”, o si, por el contrario, “van a seguir negándose a que podamos distribuir unos niños que se encuentran en un territorio donde ustedes gobiernan, poniéndose en contra de la dignidad de todos esos menores que tienen que salir por solidaridad al resto del territorio”. En el mismo sentido se pronunciaron también la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quienes insistieron en recordar que el decreto ley es de “obligado cumplimiento”, y pidieron al PP y a sus comunidades que certifiquen el número de menores que tutela en la actualidad para poder llevar a cabo la reubicación de los 4.000 que deben salir de Canarias, y los 400 de Ceuta.

Tribunal Constitucional

Desde La Moncloa se tiene la certeza de que el PP “va al choque” y tratará no solo de llevar el relato de la medida a su idea de que este es un acuerdo con Junts vinculado al de la delegación de competencias en inmigración a Cataluña y en que esta comunidad no asumirá nuevas acogidas, sino también de dificultar la aplicación de la nueva norma con recursos ante el Tribunal Constitucional. Pero el Ejecutivo considera que la medida está muy bien anclada jurídicamente al utilizarse la ley de extranjería, y que los recursos no van a tener recorrido porque no hay invasión de competencias. De hecho, el propio tribunal de garantías constitucionales ya dejó sentenciado muy recientemente en su sentencia anulando el protocolo para menores aprobado por el Gobierno de Canarias que “la inmigración es un fenómeno de evidente naturaleza supraautonómica que trasciende al círculo de sus intereses propios”, que “el Estado y las comunidades autónomas están recíprocamente sometidos a un deber general de colaboración” , así como que “todos estos principios deben hacerse efectivos al margen, incluso, del régimen de distribución competencial”. “Su funcionamiento adecuado se sustenta en la cooperación y coordinación del Estado y las comunidades autónomas y de estas entre sí”, señala finalmente dicha sentencia.

Rego avanzó que “va a haber un debate” con los gobiernos autonómicos porque la propuesta se llevará a una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebrará próximamente, aunque aún no tiene fecha. Esa cita entre el Gobierno y los gobiernos regionales será, en todo caso, después de que estos remitan al Ministerio los datos de cuántos menores tienen acogidos, ya que el decreto-ley da para ello un plazo hasta el 31 de marzo y las conferencias deben ser convocadas con una antelación mayor. La ministra dijo que hasta ahora “está siendo complicado recabar” esos datos por cuestiones como la movilidad de los menores y el cumplimiento de la mayoría de edad en algunos casos, pero también por las dificultades de coordinación entre las comunidades autónomas. “Estarían incumpliendo la ley”, advirtió Torres por su lado. “Lógicamente, tendríamos que requerirlos”, señala el ministro, que asimismo avisa de que si las comunidades no trasladan sus datos el Gobierno buscaría otros mecanismos para acceder a esa información, pero se estaría incurriendo en “incumplimientos administrativos” e incluso “de carácter penal”.

Todo el Gobierno está intentando lanzar el mensaje de que hasta ahora no hay un cálculo oficial de cuántas nuevas acogidas deberá asumir cada territorio pese a las cifras que se han difundido de forma oficiosa. Según estas cifras, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valencia, las tres gobernadas por el PP, serían las que mayor número de menores debe acoger, y que Cataluña y País Vasco las que menos en razón a su mayor esfuerzo de acogida en los últimos años.

Mano tendida

Una de las novedades ofrecidas por el Ejecutivo central fue su disposición de tramitar el decreto-ley como proyecto de ley e incorporar en ese proceso propuestas del PP si los populares apoyan su convalidación cuando se vote en el Congreso en el plazo de un mes desde su publicación en el BOE, este mismo miércoles. Es un reto que el Ejecutivo lanza a los populares, que acompañan de nuevas ofertas de negociación y de mano tendida para introducir cambios en el texto siempre que no cambien los elementos que se han pactado con Junts, y que también están acordados con el Gobierno de Canarias durante los 18 meses de negociaciones con el presidente de la comunidad autónoma, Fernando Clavijo.

Sin embargo, desde el Gobierno se entiende que el PP “no va a entrar en una nueva negociación” porque ya estuvo en ella hace meses, “se salió dando un portazo por decisión propia y sin explicaciones, luego no ha vuelto a ella”. “Si el PP no ha participado de este proceso es porque no ha querido. No puedes pedir que se te tenga en cuenta si renuncias a negociar”, señalan desde La Moncloa, recordando no obstante que el decreto ya recoge propuestas de todos los grupos, también del PP, de cuando se discutió la anterior propuesta de reforma de la ley de extranjería en julio, que se rechazó, así como acuerdos de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. “Nos encantaría que el PP se sumara al acuerdo”, resaltó Torres insistiendo en ese reto a los populares para que no se ate a Vox en las comunidades donde necesitan a la ultraderecha para aprobar presupuestos regionales. La impresión en el Ejecutivo central es con todo que el PP va a seguir la senda abierta en la Comunidad Valenciana de rechazo político a recibir menores desde Canarias, aunque acabe obligada a acogerlos por imperativo legal.

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