La reubicación de menores fuera de Canarias no empezará antes de junio

La reforma del artículo 35 de la ley de extranjería que hace obligatoria la reubicación de los niños migrantes que llegan solos a las costas de Canarias insufla oxígeno al Gobierno regional, tras año y medio reclamando apoyo al Estado para gestionar la emergencia humanitaria que supone atender a más de 5.800 menores en centros de acogida. La modificación llega por la vía legislativa más rápida, un real decreto ley, tal y como pidió el Ejecutivo de Fernando Clavijo desde que puso sobre la mesa el texto legal elaborado por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma. El Gobierno de España rechazó en reiteradas ocasiones esta fórmula que ahora considera válida, al considerar que no ofrecía las suficientes garantías jurídicas, y se aferró al plan de hacerlo a través de una proposición de ley, que llevó al Congreso en junio y fracasó. Entre amenazas de llevar a los tribunales la norma y la, aún, escasa información que han facilitado las comunidades sobre sus capacidades de acogida, las derivaciones no empezarían hasta junio.

¿Cuántos menores migrantes se van a reubicar? El objetivo es descongestionar los centros de acogida de Canarias y de Ceuta y evitar que se vuelvan a colapsar. Así, se repartirán por todo el territorio nacional a 4.000 niños llegados al Archipiélago y otros 400 procedentes de la ciudad autónoma. Además, de forma paralela, los menores que vayan llegando a partir de ahora a las costas canarias se derivarán a otras comunidades en un plazo máximo de quince días, a partir de la inscripción del niño en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados de la Policía Nacional. El Estado asignará un órgano competente que determinará a qué comunidad se traslada cada menor.

¿Cuándo se considera que una región está ante una situación de contingencia migratoria extraordinaria? Una comunidad puede pedir ayuda cuando su sistema de protección exceda en ocupación tres veces su capacidad ordinaria. Una vez comunicada, la emergencia se aprobará en un plazo de cinco días naturales. 

¿Cuándo empezarán las derivaciones de menores desde Canarias? Las comunidades autónomas tienen hasta el 31 de marzo para informar del número de menores que tienen actualmente dentro de su sistema de acogida y de la cantidad de plazas con las que cuenta. Con estos datos, el Gobierno de España podrá hacer una radiografías de la situación actual y, sobre eso, hacer los cálculos para determinar cuántos menores debe recibir cada territorio. Para ratificar los criterios de reparto, el texto legal da a las comunidades un plazo de tres meses, que empezaron a agotarse ayer y que pueden prolongarse hasta junio. Si no hay acuerdo, el Estado impondrá los parámetros para la reubicación. El Ejecutivo central estima que el decreto se pueda validar en el Congreso a mediados de abril. 

¿Cuáles son los criterios de reparto? La redistribución, según lo previsto por el Ejecutivo, se hará en relación a ocho parámetros, unos con valores positivos y otros negativos. Población (50%) y renta per cápita (13%) se toman como factores que suman, mientras que tasa de paro (15%), esfuerzo previo (6%) y dimensión estructural del sistema de plazas (10%) también suman, pero se toman a la inversa. Es decir, entre más niños ya tengan acogidos y mayor sea el esfuerzo previo, el número menores que se asigna en las derivaciones será inferior. Así, Cataluña, que atiende actualmente a más de 4.500 menores, recibirá una cifra más reducida de niños que Madrid, donde no llegan a los 2.000. Por otra parte, hay criterios como la insularidad, la dispersión del territorio y ser ciudad fronteriza tienen un efecto corrector, que reduce el dato final en un 2%.

¿Es suficiente el presupuesto que establece el Estado? El Estado pone sobre la mesa un crédito extraordinario de 100 millones de euros en el presupuesto del Ministerio de Juventud e Infancia para cubrir los costes derivados de la sobreocupación y traslado de menores. Canarias instó al Ejecutivo central en 2024 a asumir el coste del exceso de acogida y protección de los menores que viene soportando el Archipiélago y que, hasta este momento ascendía a 157,1 millones, sin contar con los gastos sanitarios y de educación.

¿Qué comunidades han mostrado ya su rechazo a la medida? Varios ejecutivos autonómicos gobernados por el PP ya han trasladado sus críticas al reparto, entre ellos Comunidad Valenciana, Andalucía, La Rioja, Castilla y León, Aragón y la Comunidad de Madrid. Además, las tres últimas han anunciado que lo llevará a los tribunales, lo que podría terminar congelando las reubicaciones si la justicia toma medidas cautelarísimas ante la norma que obliga a las comunidades a atender a los niños migrantes que se les deriven desde Canarias o Ceuta.

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