Canarias tendrá una ley propia para proteger a sus núcleos costeros

De los 88 municipios canarios, 77 tienen mar. Además, en el Archipiélago hay 50 núcleos costeros asentados en dominio público que, a juicio del Estado, incumplen la actual legislación estatal de Costas y, por ello, deben ser derribados porque el Ejecutivo central se resiste a asumir que ya no es competente en gestión del litoral desde que en enero 2023 traspasó las competencias a la Comunidad Autónoma. Sólo en Fuerteventura hay al menos 137 expedientes sancionadores con sentencias firmes en La Oliva, Pájara, Antigua y Puerto del Rosario. Los más mediáticos han sido los relativos al hotel Oliva Beach - el Tribunal Constitucional (TC) rechazó las alegaciones formuladas por el Gobierno de Canarias y abrió el camino para demoler el edificio- y a las viviendas de Los Molinos.

Por ello, y atendiendo a esa realidad propia del Archipiélago, el director general de Costas del Gobierno regional, Antonio Acosta, anunció este jueves en el Parlamento que ya se redacta un proyecto canario de ley de costas que, "sin estar por encima de la legislación estatal", servirá para adaptar las circunstancias especiales de los asentamientos en el litoral isleño.

"Nuestro mar es, como reconoce nuestro Estatuto, parte de nuestro territorio y la recuperación del dominio público que el Estado insiste en quedarse para sí deja en una absoluta indefensión de los núcleos costeros", afirmó.

La idea es que "los propietarios de viviendas en núcleos costeros no tengan problemas jurídicos, necesitamos una ley moderna para que podamos vivir del litoral y salvar lo ya construido".

La legislación estatal de 1988 "usa la misma cinta de medir" en Galicia, Cataluña, Baleares o Canarias

Acosta recordó que la ley estatal es del año 1988 y "usa la misma cinta de medir" para el litoral de Galicia, el de Euskadi, el de Valencia, el de Canarias o el de Baleares cuando las realidades son distintas: "Cataluña tiene dos núcleos costeros, uno de ellos es de 850 viviendas y en Canarias el más grande es de Ojos de Garza con 190" en un litoral de más de 1.500 kilómetros de costa.

Para redactar esta nueva legislación, Grafcan está en proceso de elaboración de un censo detallado de los núcleos costeros y la Universidad de La Laguna (ULL) elabora un informe jurídico sobre la situación de los mismos, que incluye una planimetría para conocer cómo afecta la Ley de Costas estatal a cada inmueble y en qué medida.

Detrás de esta realidad late un conflicto competencial que está ahora en manos del Tribunal Constitucional (TC), pues la Comunidad Autónoma, sobre la base del artículo 157 del Estatuto de Autonomía, plantea que tiene "la competencia exclusiva de ordenación del litoral", lo que incluye "el otorgamiento de autorizaciones y concesiones sobre el dominio público marítimo, sin diferencias según el tipo de concesiones como pretende el Estado".

De hecho, el recurso que se elevó al TC en mayo sostiene que, desde que se aprobó el vigente Estatuto de Autonomía en 2018, el Gobierno español solo tiene competencias para "establecer el régimen jurídico del demanio", que es el bien de titularidad pública sometido a un régimen especial de utilización y protección.

Historia cultural canaria

Este conflicto entre Canarias y el Ministerio de Transición Ecológica de Sara Aagesen mantiene "en la incertidumbre y la preocupación" no solo a los habitantes de los núcleos costeros sino a los alcaldes de los municipios afectados que, en palabras de Acosta, "sienten la agresión del Estado", que ha iniciado "procesos que han dado lugar a sentencias sin contar con los propietarios".

"No vamos a permitir que se crezca en la ilegalidad y dejar que se construya donde no se puede, pero defendemos la cultura canaria de la gente que desarrolló su vida en el litoral. No son solo zonas de ocupación de dominio público, sino historia de Canarias", afirmó Acosta durante su comparecencia.

Por ello, y hasta que no se apruebe la legislación canaria, Acosta insistió en que "continuaremos negociando, sin confrontar, con el Ministerio, pero dejando claro que Canarias llegará a donde deba llegar para defender los intereses de los núcleos costeros, y si tiene que ser en los juzgados, pues será en los juzgados".

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