El PP mide sus pasos en el rechazo al decreto de reparto de menores

El PP no tiene definida aún una respuesta clara en relación con el real decreto-ley de reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta al resto de comunidades autónomas. Sí ha expresado con rotundidad que está en contra y que lo rechazará cuando se vote su convalidación en el Congreso antes de 30 días, además de haber emprendido una campaña para intentar asociar la medida al pacto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts para la delegación de competencias a Cataluña en materia de inmigración. Insiste en que la distribución acordada está hecha con “criterios políticos” para que las comunidades que gobierna asuman un mayor número de nuevas acogidas, y que Cataluña y el País Vasco sean las que menos menores tengan que recibir. Junto a todo ello, algunas de sus comunidades han insinuado un “boicot” al decreto negándose a nuevas acogidas, así como recursos ante el Tribunal Constitucional.

Pese a toda esta batería de medidas y un posicionamiento político firme contra el real decreto, el PP madura aún una estrategia a medio y largo plazo que aúna la posición de su dirección nacional y la de los barones territoriales más combativos en este asunto. El presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, y su equipo en la calle Génova han sido cautos hasta ahora, mientras que algunos gobernantes autonómicos han ido más lejos en sus valoraciones y anuncios, como han sido sobre todo los casos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la Región de Murcia, o el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, tras el pacto alcanzado con Vox para los presupuestos de 2025 en esa región que incluye el rechazo a acoger a un menor más, e incluso el intento de repatriación de los que tutela ahora.

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El partido dio este jueves algunas muestras de sus dudas estratégicas, o de esa combinación de rechazo político al decreto pero asumiendo al tiempo que lo tendrá que acatar y aplicar allí donde gobierna. Feijóo se encargó de la parte discursiva y, en su primera referencia al decreto desde que su aprobación y entrada en vigor hoy, aseguró desde Bruselas que ve en el reparto “tintes racistas y xenófobos”, reclamando al Estado que se haga cargo de los menores que ahora tutelan Canarias “con sus propios recursos y en sus instalaciones, y no trasladando la responsabilidad a las comunidades autónomas”, que ya están saturadas. “No se pueden repartir menores en función del color político que gobierne en cada comunidad autónoma” advierte el presidente del PP, quien considera “inadmisible” que de ese reparto se “exima” a los socios de Sánchez: “Es una falta de respeto a los menores y a los principios básicos de no arbitrariedad y de igualdad”, afirmó sin tener en cuenta el número de chicos y chicas que ya tienen en este momento las comunidades que menos reciben, como Cataluña, País Vasco o Navarra, y que es la razón por la que tendrán menor número de nuevas acogidas.

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Por su parte, y en el otro platillo de la balanza, Ayuso admitió por primera vez que la Comunidad de Madrid, que preside, acogerá a los menores no acompañados que le correspondan en aplicación del decreto porque “me guste o no me guste, he de cumplir con la ley”, según afirmó en una sesión parlamentaria de la Asamblea de Madrid. Respondía a la portavoz de Vox, Isabel Pérez, que pretendía que Ayuso repitiera la frase dicha por Mazón días atrás en relación con la Comunidad Valencia, de que no entraría en Madrid “ni un menor más”. “¿Cómo se les ocurre hablar así y decir que yo puedo evitar que vengan incumpliendo la ley? Menudo partido conservador”, le ha dicho Ayuso a la líder de Vox, y remarcó que los menores en la Comunidad de Madrid tienen que estar tutelados por el Ejecutivo regional por lo que “hay que ponerles unos recursos”, independientemente de si son españoles o no.

Esta declaración de Ayuso ha llevado a señalar al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ve en la dirigente madrileña un “cambio de actitud” y que confía en que este reposicionamiento conlleve una renuncia a presentar recurso ante el Tribunal Constitucional. “A mí me alegra que se diga que se va a acatar la ley, porque otra cosa no se puede hacer. Y espero que esto lleve consigo que se acepte que este texto es absolutamente constitucional, está avalado por los informes jurídicos del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias, también con la participación del gobierno vasco”, aseguró. Torres destacó además que el decreto, que modifica en cinco puntos el artículo 35 de la Ley Extranjera, tiene “voluntad de pervivencia y de mantenimiento”. Desde su punto de vista, se trata de “la mejor medida, la más estructural y la más permanente”.

Consecuencias penales

A la cautela de fondo por la que ha apostado la dirección nacional del PP, se une ahora pues, dos días después de aprobado el decreto, una cierta marcha atrás del ala dura y de quienes avanzaron una respuesta más radical. No hay cambios en el discurso ni en la argumentación del rechazo, intentando deslegitimar tanto la distribución en sí, como los criterios de la misma, pero sí en lo que tiene que ver con la negativa inicial de varias comunidades a recibir más menores, y con apurar todas las vías judiciales posibles para frenarlo. El PP ha asumido que una vez se ponga en funcionamiento el mecanismo de distribución amparado en la reforma de una ley orgánica, “sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social” (denominada ley de extranjería), no podrá declararse en rebeldía contra su aplicación en los territorios que gobierna, y que hacerlo acarrearía consecuencias incluso de tipo penal para sus responsables institucionales.

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Esta combinación de respuestas es la que parece que se va a imponer en el partido con la vista puesta en la dependencia que tiene de Vox para aprobar presupuestos en varias de las regiones donde gobierna, y para no ceder terreno ideológico en esta materia ante su competidor político más importante. No entra, al menos por ahora, en las cuentas de la calle Génova analizar y valorar la situación en que queda el partido en Canarias, que apoya el decreto ley y el reparto que conlleva. Tampoco las relaciones con CC, su socio de Gobierno en las Islas, como principal impulsor de la medida en negociación de más de un año con el Ejecutivo central, o con su presidente, Fernando Clavijo, como protagonista especial en este proceso. Según la teoría del PP, la distribución de menores es mera consecuencia de los pactos entre el PSOE y Junts, y ni el Gobierno de Canarias ni Clavijo han tenido nada que ver.

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