La sentencia del Constitucional que anuló el protocolo canario de recepción de menores salvaguarda el decreto para el reparto

La reforma de la ley de extranjería para reubicar a los niños migrantes llegados a Canarias ha puesto en pie de guerra a los barones del ala dura del Partido Popular. Los presidentes autonómicos de Castilla y León, Aragón, Comunidad de Madrid y Murcia ya han anunciado su intención de iniciar una batalla en los tribunales para tratar de anular el reparto obligatorio de los menores por anticonstitucional, al considerar que invade las competencias de las comunidades en materia de asistencia social y menores. Ante esta ofensiva judicial, el Gobierno canario ha asegurado que no se quedará de brazos cruzados y que plantará cara ante los tribunales para defender la norma que permitirá descongestionar la red de acogida del Archipiélago. 

Para defender la idoneidad de la reforma legal, el Ejecutivo isleño puede apoyarse en la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló en febrero el protocolo de recepción de menores migrantes que elaboró la comunidad autónoma. El fallo del órgano de garantías expone que «la inmigración es un fenómeno de evidente naturaleza supraautonómica que trasciende el círculo de sus intereses propios (art. 137 de la Constitución Española) y sobrepasa notoriamente su capacidad de gestión autónoma» y, añade, que el artículo 2 de la CE alude a la necesaria «solidaridad» entre todas las comunidades. El pleno del TC recuerda en el escrito que «el Estado y las comunidades autónomas están recíprocamente sometidos a un deber general de colaboración que no es preciso justificar en preceptos concretos, porque es de esencia al modelo de organización territorial implantado por la Constitución».

Hartos de imposiciones

Así, aclara que «el adecuado funcionamiento del Estado Autonómico se sustenta en los principios de cooperación y coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas y de estas entre sí, además de en el establecimiento de un sistema de relaciones presididas por la lealtad constitucional, principios todos ellos que deben hacerse efectivos al margen, incluso, del régimen de distribución competencial». Con esto, la sentencia que tumbó la guía interna para ordenar la recepción de menores ahora servirá de salvaguarda para defender el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes y que en un mes llegará a las Cortes Generales para su validación.

Murcia ha sido la última comunidad autónoma en subirse al carro de la pelea judicial. El portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, defendió hoy que «este acuerdo es otro traje a medida de los independentistas», «una cesión más de Pedro Sánchez a Puigdemont para poder seguir en la Moncloa». Además, se confesó «harto» de «los acuerdos bilaterales con los independentistas» y de «las políticas de imposición del Gobierno de España».

Nada más anunciarse el pacto entre el PSOE y Junts –que aporta los votos necesarios para validar el real decreto en el Congreso–, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, advirtió que llevará la reforma «a tribunales y a la UE», aunque hoy se plegó y afirmó que acogerá a los menores derivados desde Canarias. «Me guste o no me guste, he de cumplir con la ley», señaló durante su intervención en la Asamblea de Madrid.

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