Canarias desoye al ministro Torres para que presione al PP sobre el reparto de menores

El Gobierno de Canarias hizo este lunes caso omiso a las reclamaciones de Ángel Víctor Torres para que presione al PP nacional y le convenza de que las comunidades autónomas que gobiernan los populares no presenten recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto que hace obligatorio el reparto de menores migrantes no acompañados. El portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, señaló este lunes tras el Consejo de Gobierno que no es función ni del presidente de Canarias y de la comunidad autónoma “intentar convencer” al resto de territorios “que apliquen un texto legal del Reino de España” y que esa es responsabilidad del Ejecutivo central.

Cabello dijo que tanto el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, como la comunidad autónoma como tal “han ido mucho más allá de lo que les correspondía” en la gestión de este asunto y recordó que gracias a esa intervención se habían traspasado “muchas de las líneas rojas” inicialmente marcadas por el Ejecutivo central, como la imposibilidad de que el reparto se estableciera por decreto-ley, o que “la competencia estatal era un imposible”.

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Capacidad de acogida

“Ahora lo que toca es que en un plazo de 30 días se lleve a convalidación y que cada partido político ponga encima de la mesa cuál es el sentido de su voto con respecto a esta crisis humanitaria. Quien gobierna en España es el PSOE y a quien le corresponde articular su mayoría es al Gobierno, recalcó Cabello y recordó que antes del 31 de marzo los gobiernos autonómicos certifiquen cuál es capacidad de acogida y la situación en la que se encuentra “y a partir de ahí podamos avanzar en lo que ya es una ley en vigor”.

La cuestión de los recursos al TC es la que más preocupa al Gobierno y al propio Torres en relación con la aplicación del decreto. Fuentes del Ejecutivo central dan por hecho que no habrá negociación política con el PP para tratar de lograr su apoyo en el Congreso al entender que no hay margen de maniobra en ese sentido, aunque sí con los demás grupos para introducir cambios e incrementar el fondo de 100 millones previstos inicialmente para cubrir el coste de las nuevas acogidas por parte de las comunidades autónomas. Para ello se abre a tramitar el decreto-ley como proyecto de ley.

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