El ‘pacto de las flores’ hace piña para defender las decisiones del gobierno de Torres durante la pandemia

Como en ‘Fuenteovejuna’, la obra de Lope de Vega, dos exconsejeras del Gobierno del ‘pacto de las flores’ estuvieron este lunes ‘todas a una’ a la hora de defender la gestión del gabinete que presidió Ángel Víctor Torres durante la pandemia. Yaiza Castilla, que fue la titular de Turismo e Industria, y Manuela Armas, que estuvo al frente de Educación, fueron las dos primeras integrantes de aquel gabinete en comparecer ante la comisión que investiga las posibles compras irregulares de material sanitario por parte del Servicio Canario de Salud (SCS) durante la pandemia.

Castilla tuvo que afrontar el ‘cero turístico’ y Armas abordar la apertura del curso 2020/2021 con garantías sanitarias para los estudiantes y docentes del Archipiélago y conseguir “que los colegios fuesen un refugio seguro”. Ante la frustración de los portavoces parlamentarios de CC -José Alberto Díaz-Estébanez y Vidina Espino- y el PP -Jennifer Curbelo y Fernando Enseñat-, de la compra de material sanitario ninguna de ellas sabía nada de nada.

Eso sí, Armas reconoció que el exvicepresidente y exconsejero de Hacienda, Román Rodríguez, explicó a posteriori, después de publicarse en los medios de comunicación, todo lo relativo a que la empresa RR7 no había suministrado las mascarillas contratadas pese a haber cobrado por ello. Pero antes de eso, la nada.

“En el Consejo de Gobierno no se trataron los contratos de adquisición de material sanitario, no propuse a ninguna empresa y no estuve en ningún comité de emergencia ni en ninguna comisión”, afirmó Castilla. Sí reconoció que estuvo en “la reunión, que no sé si fue un comité o no”, en la que se decidió “de forma coordinada” el 23 de febrero de 2020 el polémico confinamiento de la totalidad del hotel H10 Costa Adeje Palace -893 huéspedes y una quincena de empleados- durante nueve días.

Su cometido, como recordó este lunes en la comisión, fue elaborar “ingeniería jurídica” para repatriar a sus países “en siete días” a las “miles y miles de personas” que se alojaban en “establecimientos turísticos reglados” cuando se decretó el confinamiento total por el estado de alarma y, con posterioridad, en las sucesivas desescaladas “lograr ser un destino seguro y para ello, conseguir que todos los turistas estuvieran testados y con una prueba que garantizara que no tenían covid”. Sin embargo, no supo contestar nada relativo al contrato con la empresa Megalab, el laboratorio que realizó pruebas PCR gratuitas a residentes canarios que regresaban desde la península durante las fiestas navideñas de 2020: “yo me ocupaba de los viajes seguros, pero no tuve nada que ver con la decisión de la empresa a la que se contrataba ni nadie del Ministerio de Transportes contactó conmigo”.

“Creamos una comisión propia en la Consejería en coordinación con Salud Pública”, certificó Armas ante los diputados, que era ajena al comité que la comisión parlamentaria está investigando y que daba “fondos a los centros educativos para que compraran ellos mismos mascarillas y gel hidroalcohólico si lo necesitaban”. Sin obviar que se llevó a cabo la contratación de 6.000 nuevos docentes.

Ni Castilla ni Armas, por tanto, tuvieron contacto con Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos, ni con éste. No supieron nada, hasta que lo leyeron “en la prensa”, de que las mascarillas contratadas a la empresa RR7 nunca llegaron y, ni mucho menos, sobre la consecución de posibles delitos o tratos de favor a determinadas empresas, como se desprende de las investigaciones de Audiencia Nacional, la Fiscalía Europea y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. 

Eso sí, ambas lanzaron un mensaje: “en los consejos de gobierno se hablaba de todo, pero cada consejería es responsable de sus propios actos y no tengo por qué mirar los gastos del resto de los consejeros”.

Y es que, como recordó Armas, “las deliberaciones de los consejos de gobierno son secretas”. Por tanto, desvelarlas es un delito.

“Los que cerraron los ojos y miraron para otro lado y no preguntaron  deberán explicárselo a los canarios con independencia de las responsabilidades penales”, resumió el conservador Fernando Enseñat.

“Si todo se hizo bien y no hubo errores, no estaríamos aquí”, remachó el nacionalista Díaz Estébanez.

"Todo lo que sé se lo he dicho. Y aquí les dejo copias de todas las decisiones de las que soy responsable", contestó la exconsejera de Educación.

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