Canarias lamenta que Interior ponga trabas a la salida de menores con asilo

Canarias mantiene un nuevo pulso con el Ministerio de Interior a cuenta de la crisis migratoria y los menores inmigrantes no acompañados. La decisión de la Unidad de Documentación de Extranjeros (Udex) de la Policía Nacional de la provincia tinerfeña de "no realizar entrevistas ni reseñas durante el mes de abril" a un total de 675 adolescentes migrantes que han pedido asilo, al ver peligrar su seguridad en sus países de origen, es "un intento del Estado de entorpecer y frenar" el mandato del Tribunal Supremo (TS), que dio un plazo "improrrogable" de diez días al Estado para que asuma la tutela de estos niños y adolescentes en el Sistema Nacional de Protección Internacional. 

Para el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, la comunicación de la Udex demuestra que "los primeros pasos del Estado van encaminados a poner trabas al auto" del Supremo.

"No es una actitud muy colaboradora, y estamos muy preocupados, pues a nosotros siempre nos han reclamado que cumplamos la legalidad y no parece que el Estado se aplique a sí mismo ese nivel de exigencia", insiste Candil.

Por ello, su departamento reclama reunirse la próxima semana con el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, para que ante el silencio del Ministerio de Interior de Fernando Grande-Marlaska, que continúa sin dar una respuesta oficial, explique "por qué los primeros pasos del Estado se alejan de empezar a cumplir lo que dicta el Supremo".

Una premisa del Gobierno canario que no comparte el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que este viernes aseguró en Las Palmas de Gran Canaria que "la información que tengo del Ministerio de Interior, que es el competente, es que esa comunicación era previa a la sentencia del TS".

La Policía reconoce que no tiene personal para atender las peticiones de residentes en las ‘islas verdes’ y a los menores

Sin embargo, los hechos contradicen al ministro. Las medidas cautelares se aprobaron por el Supremo el martes, 25 de marzo, y la comunicación de la Udex llegó al Gobierno de Canarias a las 12:59 de ese mismo día. Ese dato, como mínimo, supone que existe cierta descoordinación entre los ministerios implicados y los departamentos que de ellos dependen. Es más, en un comunicado de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife se confirma que "se da la circunstancia que este mes de abril se cuenta con un aumento considerable de citas para la tramitación de asilo en las islas menores, lo cual reduce de manera considerable el resto de la actividad".

Esa nota recuerda que desde el pasado mes de octubre la Comisaría Provincial ha establecido un plan de choque para incrementar el número de citas para trámites de asilo, "y en especial en lo relativo a menores migrantes", y que "además de las solicitudes de Tenerife, se tramitan las de personas residentes en las islas de La Gomera, La Palma y El Hierro, y que estas citas una vez agendadas no pueden ser modificadas sin causar un grave perjuicio al ciudadano".

Precisamente, el viceconsejero Candil afirma que "nos ha llamado la atención que se haya puesto el freno de mano a la provincia tinerfeña en vez de acelerar el lento proceso de petición de asilo en la provincia de Las Palmas".

"Esperábamos que el proceso que retrasa de seis meses a un año la petición de asilo de los menores sin progenitores en centros de acogida que se ha establecido en la provincia oriental se acercara al plan de choque de la tinerfeña y que ha permitido que haya hasta 12 citas por semana" para tramitar la protección internacional solicitada por estos adolescentes.

Candil recuerda que "solo procedentes de Mali tenemos a 1.400 menores" y que los adolescentes que están en disposición a ocupar una plaza de asilo con cargo al Estado, sobre la base de las medidas cautelares del Supremo, son solo 539, que no suponen ni el 10% de la totalidad de 5.780 niños no acompañados que están acogidos por la Comunidad Autónoma.

Pese a esta realidad, el ministro Bolaños insiste en que "estamos trabajando para cumplir esa sentencia del TS, que nos da un plazo de diez días, y ya estamos en ello para que podamos acoger a esos menores que han pedido protección internacional".

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