La fuga de cargos bloquea el pacto de no agresión en Nueva Canarias

Frenazo al pacto de no agresión en Nueva Canarias (NC). De una semana a otra la situación vuelve a estancarse a raíz de la asamblea de Forum Drago de Ingenio a la que asistieron cinco concejales de NC en el Ayuntamiento de Santa Lucía, que cuestionaron abiertamente a la dirección del partido y evidenciaron sus simpatías por el nuevo partido político que lideran Teodoro Sosa y Óscar Hernández.

A finales de la pasada semana los renovadores habían recibido la propuesta desde el sector oficial para negociar un acuerdo de «convivencia» institucional que venían reclamando los críticos desde diciembre. Esta semana estaban previstos los primeros contactos entre las dos partes, pero la dirección de NC ha mandado parar la negociación hasta aclarar la situación de los cargos públicos del partido que son críticos con la línea oficial.

En los últimos días había cierto optimismo entre los miembros del nuevo proyecto nacionalista ya que, después de tres meses de espera, la propuesta de la dirección iba también en la línea de dar estabilidad a las instituciones donde gobiernan los dos bandos enfrentados de NC, entre ellas el Cabildo de Gran Canaria como principal bastión de la organización canarista. Pero lo que parecía un intento de mantener bajo control la crisis interna se ha extendido cada vez más por distintas asambleas y ejecutivas locales del partido, varias de ellas con tareas de gobierno como en los ayuntamientos de La Aldea, Arucas e Ingenio.

El descontento en Santa Lucía, soterrado hasta ahora, y la fuga de militantes y cargos orgánicos que se está produciendo en la capital grancanaria ha provocado que ahora la dirección exija que los cargos públicos de NC críticos renuncien a sus actas, algo a lo que se niegan los renovadores. Ahora la dirección de NC advierte que tomará cartas en el asunto pasada la Semana Santa en la Ejecutiva del partido y ha paralizado el pacto de «convivencia» institucional sin saberse a ciencia cierta el futuro inmediato de los cargos críticos de NC en los ayuntamientos y la estabilidad política de las corporaciones municipales, si bien todos mantienen la garantía de que los grupos de gobierno seguirán como hasta ahora alejando cualquier tipo de maniobras para posibles mociones de censura.

El nuevo partido nacionalista mantuvo ayer su primera reunión, tras su inscripción ante notario, en el nuevo local que tiene en la capital grancanaria. El presidente de la gestora y portavoz, Óscar Hernández, destacó que se trata de la primera asamblea informativa que da el pistoletazo de salida a la nueva organización para ir resolviendo dudas, detallar las relaciones con NC y exponer el informe jurídico que se ha encargado para blindar no solo a los consejeros del Cabildo sino también a los concejales, tanto en el gobierno como en la oposición, frente a la intención de la dirección de NC de considerarlos tránsfugas y que renuncien a sus actas.

Salida digna

Óscar Hernández advirtió que la propuesta que se había trasladado al sector oficial del partido canarista daba una «salida digna» para las dos partes en conflicto, pero ahora se aleja de nuevo la posibilidad de que finalmente se alcance un acuerdo. El alcalde de Agüimes advierte que el informe jurídico que se encargó para aclarar la situación en el grupo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria es válido también para los ayuntamientos donde hay concejales de NC que están a favor de las tesis renovadoras.

Hernández señala que el partido canarista se presentó en una coalición electoral denominada Nueva Canarias-Bloque Canarista-Frente Amplio a todas las instituciones, tanto insulares como municipales. Aunque los concejales críticos sean afiliados a NC «ningún partido puede tomar decisión alguna sobre los concejales electos, el acta es de cada concejal y es el grupo político municipal el que toma las decisiones de si se les expulsa o no», añade.

El nuevo partido nacionalista rechaza que a estos cargos públicos se les pueda considerar «tránsfugas» tal y como mantiene la dirección del partido porque su situación en el ayuntamiento o en el Cabildo «lo tiene que decidir el grupo político o la coalición electoral, no un partido». No obstante, la dirección de NC puede decidir suspender de militancia o expulsar a los consejeros y concejales de NC críticos, pero no del cargo público que ostentan porque es una potestad de la coalición con la que concurrieron a las elecciones.

Así las cosas, una vez que el partido esté registrado legalmente y el nombre se oficialice es muy probable que empiece una fuga de militantes y cargos orgánicos y públicos a la nueva organización si finalmente no hay pacto de «convivencia» institucional y se enrocan los dos bandos.

Ayer la gestora de la nueva organización nacionalista informó a los representantes de las asambleas locales que aún no existe confirmación oficial definitiva del nombre y la certificación formal del registro, algo que sucederá en los próximos días. Asimismo, Hernández aseguró que los encuentros se seguirán celebrando en las próximas semanas para ir definiendo el calendario y la estrategia a seguir en función de las demandas que lleguen de las asambleas y de la situación de los diferentes cargos que se quieren pasar a la nueva formación.

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