Muro de silencio sobre las compras de material sanitario durante la pandemia: Nadie sabe nada

El 1 de julio de 2024 arrancó en el Parlamento de Canarias la comisión de investigación sobre las compras irregulares de material sanitario por parte del Servicio Canario de Salud (SCS) durante la pandemia. Durante estos casi diez meses comparecieron exconsejeros del Gobierno del 'pacto de las flores', empresarios, exdirectores generales, quienes fueron miembros del comité de expertos científicos que asesoraron al gabinete e, incluso, personas investigadas por la Audiencia Nacional y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Sin embargo, todavía ninguno de ellos ha respondido a varias preguntas clave para discernir las responsabilidades políticas de las irregularidades en varios contratos que ascienden a 22 millones de euros. 

A la espera de que comparezca el exministro de Transportes, José Luis Ábalos -que al estar incurso en una investigación judicial con toda probabilidad se acogerá a su derecho a no declarar- y el expresidente de Canarias y actual ministro Ángel Víctor Torres -que los grupos que apoyan al actual Ejecutivo, mas Vox, señalan como el máximo responsable político de todo lo que sucedió durante su mandato-, en el aire flotan aún varios interrogantes ante la visible desesperación de los interrogadores nacionalistas -José Alberto Díaz Estébanez y Vidina Espino-, conservadores -Fernando Enseñat y Jennifer Curbelo- y de la derecha radical -Nicasio Galván y Javier Nieto-.

¿Hubo Fondos Europeos en el 'caso Mascarillas'? Si no hubo, ¿por qué se lo llevó Fiscalía Europea con la complacencia del Gobierno y por qué no lo han devuelto a Fiscalía Anticorrupción una vez comprobado tras casi tres años? ¿Por qué Megalab tuvo la exclusiva de los test de antígenos para poder viajar a Canarias en las fiestas navideñas de 2020? ¿Dónde está la resolución que otorgó a esa empresa esa prestación? ¿Quién acredita que las mascarillas de la empresa RR7 fueron destruidas? Y si no lo fueron, ¿dónde acabaron? ¿Quién decidió renegociar el contrato con RR7 y pagar el segundo plazo en 2021, tras la entrega fallida de 2020? ¿Por qué se fue Alberto Pazos nada más ser nombrado como director del SCS? ¿Conrado Domínguez dimitió como director general del SCS o fue «cesado por pérdida de confianza», como aseguró el exconsejero de Sanidad Blas Trujillo? ¿Por qué ningún miembro del Gobierno se leyó el informe de Intervención de 2021 en el que se incluían posibles irregularidades sobre las compras del año 2020? ¿Por qué no se compró ni una mascarilla a los empresarios canarios que las fabricaban en las Islas y las ofrecían más baratas, como la empresa Episcan? ¿Por qué y quién decidió dar un trato especial a RR7 o a Soluciones de Gestión que no se dio a los proveedores habituales?

Silencios reveladores

"Más que las certezas, empiezan a ser muy reveladores los silencios", afirma el nacionalista Díaz Estébanez.

"Lo más vergonzoso es ver a todo los exconsejeros del Gobierno de Torres asegurando que el cacareado Comité de Gestión no gestionaba nada y reconociendo que en lo peor de la pandemia, cuando una mascarilla era salvar una vida, ni se preocupaban ni se ocupaban y no tenían curiosidad por saber nada de cómo y quién gestionaba la compra de mascarillas., que se enteraron de todo por la prensa en mayo 2022, y eligen como chivo expiatorio a la responsable de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, de la que dicen que ella sola decidió y manejó 90 millones de euros de contratación por su cuenta, sin control de ningún responsable del SCS, Sanidad o Hacienda". Al respecto, Galván (Vox), cuyo interrogatorio a la exconsejera de Sanidad Teresa Cruz, arrancó una de las aseveraciones que más retumbaron en estos meses -"si caen Ana María Pérez y Conrado Domínguez, caigo yo"- resalta que "sorprende que solo ella haya reconocido que un político al mando debe asumir las responsabilidades si existe una gestión ineficaz en su gabinete, como es este caso".

Y por lo que respecta al PSOE y NC, la socialista Nira Fierro es la encargada de resumir las deducciones de lo que denomina "una comisión de suposición más que de investigación", pues CC, PP, ASG, AHI y Vox "ya tienen sus conclusiones" a pesar de que los comparecientes demuestren que la gestión de las compras fue correcta y por eso "ningún miembro del Ejecutivo de Torres está imputado".

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