La diputada del Común acusa a las instituciones de "empobrecer" a los canarios

«Las instituciones pueden hacer a los canarios más vulnerables si no cumplen con lo que se les exige», aseguró ayer la diputada del Común, Lola Padrón, durante la presentación en el Parlamento de Canarias del Informe Anual de 2024 del organismo que representa. La ausencia de consenso entre las instituciones para alcanzar acuerdos, la incapacidad para reponer el personal que se ha jubilado en las administraciones o la falta de diálogo para la toma de decisiones son algunos de los motivos, según Padrón, que «están empobreciendo los canarios».

Un 8,81% más de quejas

En 2024, 3.199 canarios se quejaron a la Diputación del Común, un 8,81% más que en 2023, cuando lo hicieron 2.940. Entre las áreas que más protestas concentran están discapacidad y dependencia; servicios sociales y sanidad pública.

Discapacidad

En discapacidad se centró Padrón durante gran parte de su intervención en la comisión parlamentaria tras la entrega del informe a la presidenta de la Cámara regional, Astrid Pérez. Es el área en el que más se han incrementado las quejas, con un 94,5% más respecto al 2023. De las 603 registradas, 412 se refieren a la demora en la resolución del reconocimiento inicial y determinación del grado de discapacidad y 114 al retraso en la solicitud de revisión del grado que ya había sido reconocido.

No se ha revertido la situación

El informe señala que, a pesar de registrarse un incremento en el personal, la situación tras la pandemia del covid ­–cuando se paralizaron las citaciones y se incrementó en cuatro meses el tiempo de espera– no se ha revertido. Es más, en Tenerife y Gran Canaria los ciudadanos deben esperar más de cinco años cuando el tiempo legal está establecido entre los tres y los seis meses una vez se presente la solicitud.

«Es grave y preocupante que tengamos a 603 personas en las Islas esperando para que se les valore su discapacidad», señaló Padrón, tras culpar al Ejecutivo canario de «no apuntalar los servicios básicos a los ciudadanos».

«Pobreza invisible»

Esta situación ha provocado lo que calificó de «pobreza invisible». Sin el reconocimiento del grado de discapacidad no se conceden otros beneficios o derechos como la tarjeta de estacionamiento, atención residencial o apoyo educativo en centros escolares, en caso de que se trate de un menor. Esta situación lleva a las familias de personas con discapacidad a asumir económicamente costes que podrían ser sufragados con fondos públicos. «Muchas de ellas se hallan por debajo del umbral de la pobreza y no están contabilizadas», comentó Padrón.

Informe de discapacidad

La gravedad de las quejas en discapacidad y la necesidad de agilizar los trámites para su resolución ha llevado a la Diputación del Común a elaborar un informe específico que trasladará a la Comisión de Discapacidad del Parlamento de Canarias para que lleven medidas concretas como la de reforzar la gestión de los procedimientos de valoración cuando concurren circunstancias que sean urgentes y prioritarias para el usuario.

Todo ello en el mismo día en que el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en Canarias, tras más de un año de trabajo.

177 protestas en vivienda

La crisis habitacional, con las correspondientes quejas en materia de vivienda, fue otro de los puntos que resaltó Padrón. En total, 177 protestas en este sentido, de las que un 32,8% fueron por la dificultad en el acceso a una vivienda oficial protegida (VPO); un 29,9% por los procesos de desahucios y un 11,9% relacionadas con ausencia de recursos de emergencia habitacional. «Todos sabemos que es imposible conseguir un alquiler por 600 euros o una vivienda por 120.000 euros, pero hay una gran incapacidad y descoordinación de la Administración para darle solución», criticó.

Icavi y Visocan

En este sentido, Padrón puso el ejemplo del descontrol entre el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) y la empresa pública Visocan. Un total de 52 protestas tienen que ver con la disconformidad en el cobro del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) por parte Visocan y el incremento del alquiler.

En concreto, está relacionado con que Visocan le da una solución a determinados colectivos en viviendas sociales, pero luego se cobran contribuciones que «nada tienen que ver con la renta», aclaró Padrón. Para solventar esta situación, trabajan ya en la realización de una resolución que aplicar lo antes posible.

Pacto por la habitabilidad canaria

En la actualidad, hay 27.500 canarios que son demandantes de viviendas, destacó la diputada del Común, quien advirtió a la Cámara regional que «de no darle solución a esta materia, podría incrementarse el riesgo de llegar a 44% de pobreza infantil». Por ello, solicitó un pacto por la habitabilidad canaria que permita a los colectivos más vulnerables acceder a una vivienda y «resolver la incapacidad de la Administración en esta materia».

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