CC reclama más poder isleño en la nueva financiación de los puertos

Los grandes puertos de Canarias integran la primera línea de la Red Transeuropea de Transportes, que hasta el año 2030 recibirá del Ministerio de Transportes 3.143 millones de euros de inversión. Más de un tercio de dicha cantidad, el 34,5%, se la repartirán los puertos de Las Palmas (400 millones) y Santa Cruz de Tenerife, (686 millones), según adelantó hace unos días el comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián. En este contexto, y sobre el fondo de la batalla canaria por una mayor capacidad de gestión y de decisión sobre los puertos de interés general de las Islas, CC aprovecha la tramitación en el Congreso la modificación del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante para reclamar mayor peso canario en la gestión de esa nueva financiación que marcará el futuro de la red portuaria isleña.

Ese es el objetivo que persigue el actual gobierno regional, y en particular su consejería de Transportes, y que ha trasladado al ámbito del Congreso a través de las enmiendas presentadas por la diputada de CC, Cristina Valido, a la reforma legislativo mencionado. En ellas, la parlamentaria tinerfeña reclama que las autoridades portuarias de Canarias dispongan de una mayor capacidad de decisión para potenciar el fomento y el apoyo a la innovación y al crecimiento económico en el Archipiélago. Valido subraya la elevada importancia que los puertos tienen en las Islas y pide mejoras para que las actividades estratégicas portuarias ayuden a un mayor desarrollo económico y social.

La diputada nacionalista plantea en sus enmiendas, en la línea defendida por el Ejecutivo regional, que la autoridad portuaria pueda autorizar la utilización del dominio público portuario para el desarrollo de actividades económicas de naturaleza no estrictamente portuaria que “contribuyan de forma significativa al fomento de la actividad económica en el ámbito de influencia del puerto”. También que estas infraestructuras de titularidad pública se consideren “estratégicas para potenciar su desarrollo económico y social insular, sometidas en todo caso al cumplimiento de la normativa urbanística que resulte aplicable”.

En este contexto, Valido señala que los puertos de las islas son, en muchos casos, la primera empresa en determinados ámbitos geográficos, específicamente en los insulares. “Porque los puertos son, por tanto, no solo unas instalaciones logísticas esenciales sino también motores económicos de extraordinaria dimensión cuyos efectos económicos y sociales se proyectan en sus ámbitos de influencia”. Por ello, las enmiendas al nuevo proyecto de ley para modificar el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante pretenden dar a las autoridades portuarias “instrumentos adecuados para coadyuvar a las políticas económicas de fomento a la actividad económica desarrolladas por las autoridades competentes en su ámbito de influencia facilitando, por ejemplo, la instalación en el puerto de actividades de fomento o apoyo a la innovación y crecimiento económico o de actividades estratégicas para el desarrollo económico o social”.

Por otra parte, la portavoz de CC plantea que los usos que no puedan considerarse como estrictamente portuarios a tenor de lo dispuesto en el artículo 72.1 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante que sean autorizados por concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, se entenderán que sí cuentan con esa autorización al amparo de lo establecido en el último párrafo del artículo 72.1 introducido por el artículo primero, punto diez, de la presente ley. En este ámbito, Valido defiende que se trata de introducir seguridad jurídica y dar cobertura a aquellas situaciones puntuales existentes en los Puertos de Interés General, en las que se realizan utilizaciones del dominio público portuario para usos no estrictamente portuarios en la definición contenida en la ley” que ahora se debate en el Congreso de los Diputados.

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