Los constructores ven factible promover más de 6.000 viviendas en dos años en Canarias

Es factible promover en Canarias más de 6.000 nuevas viviendas en lo que queda de legislatura autonómica, es decir, en los dos próximos años. Máxime si las medidas previstas por el Gobierno regional para agilizar la concesión de las preceptivas licencias municipales se ponen en práctica en tiempo y forma.

Así lo consideran en las dos patronales provinciales de la construcción, donde ponen énfasis, más allá del número exacto de casas que se empiece a levantar a corto plazo, en que el decreto ley que acaba de aprobar el Ejecutivo para acelerar las licencias –que expiden los ayuntamientos– va en la línea correcta. «La solución debe salir de una apuesta colectiva: del Gobierno, de los ayuntamientos, de la iniciativa privada... Nosotros estamos preparados», apuntó este martes la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP) de la provincia de Las Palmas, María Salud Gil.

A medio y largo plazo será necesario levantar entre 10.000 y 12.000 casas al año para sanear el mercado inmobiliario

La intención del Ejecutivo canario es que las medidas del decreto ley publicado este martes –lo que el Consejo de Gobierno aprobó este lunes fue el proyecto de decreto– sirvan para reducir el tiempo, el muchas veces excesivo tiempo, que los ayuntamientos tardan en conceder las licencias necesarias para que promotores y constructores puedan comenzar a trabajar. En cuanto entre en vigor el decreto, los informes técnicos que acompañan a las licencias –son estos informes los que generan el cuello de botella en los consistorios– podrán encargarse, por ejemplo, a los colegios profesionales, y podrán encargarlos tanto los ayuntamientos como los propios interesados, esto es, los promotores.

Parálisis administrativa

«Tenga en cuenta que hay ayuntamientos donde los trámites están prácticamente parados», recuerda Isidro Martín, secretario de la junta directiva de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco) de Santa Cruz de Tenerife.

Un embudo administrativo, ahonda Martín, que es más estrecho cuanto más pequeños son los consistorios, toda vez que estos últimos disponen de menos personal para evacuar las licencias. De hecho, no es extraño encontrar casos de promotores que lleven esperando dos años, e incluso más, a que el ayuntamiento de turno les dé el permiso para empezar a construir una casa o un edificio de viviendas. En este sentido, el también delegado en las Islas de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI) explica que en comunidades autónomas como Madrid o Andalucía ya se apostó en su momento por la fórmula de las licencias exprés que ahora adopta Canarias, y los resultados han sido positivos.

Las patronales ven fundamental que los ayuntamientos usen las licencias exprés para desatascar el embudo

El proceso de desburocratización o agilización administrativa emprendido por el Ejecutivo autonómico –al decreto para acelerar las licencias lo precede el de medidas urgentes, aprobado en febrero de 2024– incluso ha despertado ya el interés de las grandes firmas nacionales, esas con capacidad para acometer la construcción de dos, tres, cuatro o más edificios a un tiempo. Martín recuerda que el sector quedó bajo mínimos tras los embates de la Gran Recesión (2008-2014), cuando miles de empresas bajaron la persiana para siempre y decenas de miles de trabajadores se quedaron en el paro.

En Gran Canaria hubo mayor resistencia, y hay entidades de considerable dimensión, pero en Tenerife casi desaparecieron los grandes promotores, de ahí que la implicación de los gigantes del sector sea imprescindible para sacar adelante tantos proyectos como los que harán falta en los próximos años para paliar la carestía inmobiliaria. Y el caso es que «ya han aterrizado algunos grandes promotores de la Península», avanza Martín.

Al hilo de lo anterior, hay que tener en cuenta que una cosa son las urgencias a corto plazo y otra cosa son las necesidades a medio y largo plazo.

Lo urgente y lo necesario

A corto plazo, tanto la presidenta de la AECP como el secretario de Fepeco ven margen para promover entre 5.000 y 6.000 viviendas, e incluso más si solo dependiera de la iniciativa privada, que está en disposición para ello. Pero será necesario que los ayuntamientos usen las nuevas herramientas para agilizar las licencias urbanísticas; que la Reserva para Inversiones en Canarias, la RIC, uno de los incentivos tributarios más potentes del Régimen Económico y Fiscal, pueda al fin destinarse para la construcción de viviendas para alquiler; o que los precios de las licitaciones públicas se actualicen conforme a la realidad del mercado, de modo que los contratos no se queden desiertos porque a ninguna empresa le resulten rentables, detalla Salud Gil.

Y todo ello será más importante si cabe para que a medio y largo plazo pueda llegarse a un ritmo anual de entre 10.000 y 12.000 nuevas viviendas, que es la cifra necesaria para en verdad llegar a corregir la escasez de pisos y casas que sufren los isleños. Para, en definitiva, equilibrar una oferta en mínimos y una demanda en máximos y al alza, toda vez que la población no deja de crecer.

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