El Gobierno canario activa un plan para "funcionarizar" a más de 6.000 laborales de la comunidad autónoma

En el imaginario colectivo está implantada la idea de que la Comunidad Autónoma está plagada de funcionarios. No es así. De hecho, seis de cada diez 'funcionarios' no son funcionarios, sino personal laboral. Un total de 7.150 de los 11.200 "efectivos laborales" de la Administración general autonómica -excluidas las áreas de Sanidad, Educación y Justicia- "no tienen los mismos derechos laborales y económicos que los que trabajan a su lado". Por tal motivo, la Consejería de Presidencia que dirige Nieves Lady Barretoquiere "hacer justicia" y abrir un "proceso de funcionarización" para dotarlos de los mismos derechos y puedan acceder a la promoción profesional. Sin embargo, no todos ellos tendrán la posibilidad de equiparse a los funcionarios, pues hay categorías profesionales -cocineros, educadores o auxiliares de servicios complementarios- "que tendrán que continuar siendo personal laboral", como detalla el director general de Función Pública, Francisco Javier Rodríguez.

Así lo anunciaron este martes tanto la consejera Barreto como el propio Rodríguez al explicar la puesta en marcha del Plan de Ordenación del Personal Laboral de la Administración Autonómica que se iniciará en junio con la creación de una mesa de trabajo "en la que participarán los sindicatos y en la que, entre otras cuestiones, se dimensionarán los efectivos necesarios y se negociará y aprobará el catálogo de las categorías profesionales que pueden acogerse al proceso de funcionarización y cuales no".

"Puedo decir que la práctica totalidad de las plazas que se oferten podrán abandonar la condición de personal laboral", insistió el director general.

Barreto incidió en que este nuevo plan que activa la Consejería de Presidencia quiere "reconocer derechos" a un colectivo que tiene una media de edad de 50 a 55 años y que lleva entre 25 y 30 años en su puesto de trabajo y recordó que desde 2008 no se ha aprobado un plan de este tipo.

Por lo tanto, se pretende solucionar una "reivindicación histórica" para permitir la promoción interna, la movilidad y la adaptación de la clasificación profesional al sistema educativo actual con una reclasificación profesional encaminada a las emergentes, como técnicos en informática o telecomunicaciones, y "eliminando las obsoletas», como es el caso de los telefonistas o subalternos encargados hasta ahora de trasladar documentos o hacer fotocopias de los mismos.

La edad del personal laboral es de 50 a 55 años y lleva de 25 a 30 años en el desempeño de sus actuales tareas

"Lo que proponemos es también una cuestión de justicia, reconocer derechos y equiparar las condiciones entre el personal funcionario y el laboral, que se reconozca la promoción horizontal o vertical y el reconocimiento de sus categorías profesionales", insistió la consejera Barreto.

Este plan es, por tanto, "un paso más" del que inició en 2023 el Gobierno que preside Fernando Clavijo para agilizar y modernizar la administración autonómica con el foco puesto en sustituir la vigente Ley de la Función Pública de 1987 por la nueva legislación de Empleo Público antes de finalizar la presente legislatura.

En este sentido, rememoró que en estos casi dos años se llevó a cabo la ejecución de las ofertas de empleo público (OPE) pendientes desde 2018, y que ya están todas convocadas desde entonces y en marcha la de 2024, lo que supone un total de 6.160 plazas convocadas en 345 procesos selectivos. En concreto, Barreto especificó las 1.857 plazas de las distintas OPE, mas las 783 plazas de la referida al personal fijo con vigencia hasta diciembre de 2025 y los procesos de estabilización de 3.520 plazas temporales que pasaron a ser fijas.

"Este Gobierno ha tomado decisiones importantes para dinamizar la Administración, para conseguir que las cosas avancen más rápido y para resolver algunos de los problemas, porque es cierto que la Administración es un elefante que es difícil mover, pero lo estamos haciendo caminar poco a poco", concluyó Barreto.

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