El nuevo decreto canario de vivienda impide la ‘barra libre’ de zonas tensionadas

Los ayuntamientos ya disponen de una normativa a la que atenerse si deciden solicitar la declaración de ‘zona de mercado residencial tensionado’ para un barrio, localidad o cualquier otro núcleo urbano. Es decir, si entienden que los alquileres se han disparado hasta tal punto que es necesario intervenir el libre mercado para limitar los precios. Pero eso sí: que los consistorios tengan esta posibilidad no significa que vaya a haber una suerte de barra libre de zonas tensionadas a lo largo y ancho del Archipiélago, ni mucho menos.

No en vano, quien tiene la última palabra, quien tiene la potestad para en última instancia resolver si ese barrio o esa localidad pasa a ser zona tensionada, es el Gobierno de Canarias, y para ello tendrá en cuenta «la incidencia de la declaración en la política autonómica de vivienda». En otras palabras: la normativa deja claro que la política del Ejecutivo en materia de vivienda prevalece aquí frente a la que pueda sostener, defender o promover, desde su ámbito de actuación, el ayuntamiento de turno. Una especie de garantía para evitar que lo que debe ser la excepción –la zona tensionada– se convierta en la norma.

La carestía de las casas y pisos se agrava en 2025: comprar es un 13% más caro que hace un año, la mayor subida del país

Fue la Federación Canaria de Municipios, la Fecam –la entidad que armoniza los intereses de los 88 ayuntamientos de la región–, la que pidió que el procedimiento para la declaración de zonas tensionadas se regulase a través de una ley, ya que la idea inicial era publicar un protocolo. La Consejería de Vivienda, que dirige Pablo Rodríguez, accedió a la petición, y al final el procedimiento para solicitar la intervención en el mercado inmobiliario local se ha puesto negro sobre blanco en el decreto de medidas urgentes.

Una modificación que se ha llevado a cabo a través de otro decreto ley, el publicado este martes para la agilización de las licencias urbanísticas –que Podemos estudia llevar a Fiscalía por, aducen, desviar funciones públicas hacia el ámbito privado–, y que sigue el guion marcado por la legislación nacional, que es la que instauró las polémicas zonas tensionadas. Una controversia que básicamente divide al Ejecutivo estatal, al PSOE y a Sumar y a quienes advierten que el control de precios desemboca en menos oferta de vivienda y, por ende, en alquileres aún más altos, alquileres que si no se abonan en ‘A’ acaban por abonarse en ‘B’, lo que fomenta la economía sumergida.

Solo una petición

Sea como sea, el caso es que solo un ayuntamiento ha solicitado de manera formal la declaración de zona tensionada. No obstante, no se trata de un consistorio cualquiera, sino justamente del de la mayor urbe de las Islas: el de Las Palmas de Gran Canaria, que, además, ha pedido que la declaración abarque toda la ciudad. Es previsible que en adelante se sumen otros ayuntamientos, en especial esos donde gobiernan los partidos que defienden las tesis del control de precios. Y máxime si estos, los precios, siguen al alza. La consultoría Gesvalt publicó este miércoles un informe que sitúa a Canarias como la autonomía donde más subieron los precios de compra en el primer trimestre de 2025 en comparación con los de hace un año: hasta un 12,8%.

Fue la Fecam la que pidió en su momento que el procedimiento para intervenir el mercado se regulase en una norma

En cualquier caso, cabe insistir en que solicitar la declaración de una zona tensionada no garantiza su efectiva declaración. El decreto deja bien a las claras que la iniciativa del procedimiento es de los ayuntamientos, y ya. Los consistorios han de justificar su petición al detalle, e incluir un cronograma de las actuaciones y medidas con que pretenden corregir la carestía de la vivienda en las zonas de que se trate, que tendrán la consideración de tensionadas durante tres años.

Luego el expediente se someterá a información pública, de modo que habrá que estudiar después las alegaciones presentadas. Será entonces cuando el Gobierno de Canarias «podrá declarar la zona solicitada» –es decir, que tiene la potestad, no la obligación– «como zona residencial tensionada», y siempre «teniendo en cuenta la incidencia de la declaración en la política autonómica de vivienda».

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