Canarias pelea en tres frentes para que los foráneos no acaparen casas

O es ahora o no será. El Gobierno de Canarias es consciente de que lograr el plácet de la Comisión Europea (CE) para restringir la compra de viviendas por extranjeros es una empresa difícil. Muy difícil. Pero no es menos sabedor de que no habrá una ventana de oportunidad como la que se presenta en estos momentos. Por eso va a echar el resto en una batalla argumental, política y jurídica que deberá librarse en tres frentes: en el ámbito de las Regiones Ultraperiféricas (RUP), en el Comité Europeo de las Regiones (CDR) y en el Parlamento comunitario. De momento, las primeras escaramuzas, como la de hace unos días en la Comisión de Islas , han insuflado optimismo al Ejecutivo autonómico, cuya política de vivienda cuenta, además, con la simpatía del comisario europeo en la materia, Dan Jorgensen, firme partidario de reducir la burocracia y de promover la inversión privada para construir y meter más casas en el mercado, dos de los pilares de los planes del Gobierno canario.

El pasado miércoles, la asamblea de la Comisión de Islas, el órgano que da voz a los territorios insulares dentro de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa, secundó a la Comunidad Autónoma en su petición de que la UE considere establecer límites al acaparamiento de viviendas por no residentes. Fue un pasito más hacia un objetivo tras el que subyace una carestía inmobiliaria que no da tregua. Basta con echar un vistazo a la base de datos del portal inmobiliario idealista para hacerse una idea de la situación: alquilar un piso o una casa en el Archipiélago cuesta una media mensual de 14,3 euros por metro cuadrado, con lo que una vivienda de 75 metros de superficie sale por la friolera de 1.072,5 euros al mes.

Un millar de familias siguen sin recibir las ayudas al alquiler de 2024

Un coste prohibitivo para la gran mayoría de ciudadanos y familias de las Islas. Y comprar no es menos prohibitivo: adquirir ese mismo inmueble de 75 metros supone un gasto, siempre en promedio, de 221.850 euros. Esta grave carestía -en el doble sentido del término, ya que la oferta de casas es minúscula y la que hay, en alquiler o a la venta, está a unos precios insoportables- explica por qué el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, abrazó de manera definitiva en el último debate sobre el estado de la nacionalidad las tesis sobre la necesidad de restringir la compra de viviendas por foráneos. Tesis que ya venían defendiendo, sin ambages, otros pesos pesados de Coalición Canaria (CC).

Sin embargo, la pretensión del Ejecutivo regional choca de frente con dos de los principios fundamentales de la UE: el libre movimiento de capitales y, por supuesto, la libertad de las personas para circular y residir en cualquier Estado, región o territorio comunitario. Es verdad que hay alguna excepción a estos principios en países como Dinamarca, Finlandia y Malta -precisamente para limitar la compra de casas por no residentes-, pero no es menos cierto que esas excepciones fueron negociadas e introducidas en sus respectivos tratados de adhesión a la UE, lo que no hizo España en su día. Así que en otras circunstancias habría resultado harto difícil imaginar un escenario en el que la Comunidad Autónoma fuese capaz de conseguir una excepción comunitaria para restringir la compra de viviendas por extranjeros, pero resulta que en las actuales circunstancias sí hay un resquicio.

La subida de los alquileres agota los calificativos: casi 1.100 euros al mes por un piso de 75 metros

En primer lugar porque el problema habitacional que padecen los isleños lo sufre también, en mayor o menor medida, el resto de europeos, lo que obliga a la UE a buscar soluciones globales en las que Canarias tratará de encajar esa excepción para limitar el acceso a la vivienda a los foráneos. En segundo lugar porque ese escenario de crisis inmobiliaria coincide con el anuncio de la CE de una próxima reforma de la estrategia comunitaria para las RUP, una nueva estrategia en la que la política de vivienda será preponderante y para la que hará falta un debate en el que las Islas tienen garantizada la escucha de sus planteamientos y reivindicaciones. Y en tercer lugar porque las medidas que ya ha puesto o prevé poner en práctica el gabinete de Clavijo -básicamente para facilitar la promoción y construcción de tantas viviendas como sean posibles, toda vez que no habrá solución a la crisis habitacional sin que la oferta de inmuebles crezca de forma notable- están en sintonía con las que propugna el comisario europeo de Energía y Vivienda.

Canarias apuesta por desburocratizar y promover la inversión, y Jorgensen apuesta justo por lo mismo: «Debemos redoblar esfuerzos para aumentar la inversión en vivienda, y debemos examinar normativas que actualmente impiden que se construyan más casas», declaró el comisario a Euronews semanas atrás. Esta sintonía entre las políticas regional y comunitaria puede parecer un asunto menor, pero lo cierto es que en Bruselas se valora que los Estados y/o regiones autónomas pongan todo de su parte para solucionar un problema antes de recurrir a las autoridades europeas.

En este contexto, el Gobierno de Canarias trabaja ya en un primer frente: el de las RUP. El vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas de la CE, el italiano Raffaele Fitto, se comprometió con Clavijo a comienzos de mes a estudiar posibles respuestas a la cuestión de la emergencia habitacional -declarada de forma oficial por el Ejecutivo autonómico- de cara a incluirlas en la nueva estrategia para las RUP. El Gobierno de la región elevará a la CE una serie de informes que pone de manifiesto la influencia del acaparamiento de viviendas por extranjeros en el agravamiento de la crisis en las Islas. A su vez, Canarias le ha pedido a la Comisión que haga lo propio y estudie de qué forma podría restringirse en las RUP la compra de viviendas por no residentes, siquiera hasta que se logre superar la carestía. Una petición que ya se incluyó en la declaración final de la última Conferencia de las RUP.

La Comisión Europea apuesta por la misma fórmula que Canarias: reducir la burocracia e impulsar la construcción

Un segundo frente está en el CDR. Clavijo irá a mediados de mayo a Bruselas para exponer ante el Comité -del que el presidente de Canarias es miembro permanente- la situación y las demandas del Archipiélago y del resto de RUP. La idea es que el CDR interiorice y haga suyos los argumentos sobre la necesidad de restringir la compra de casas para luego defenderlos ante la Comisión, el Parlamento y el Consejo europeos. No en vano, el CDR es el órgano consultivo que permite la participación de las regiones en las leyes comunitarias. Al final son los Estados miembros los únicos interlocutores válidos con Bruselas, pero en el ejecutivo de Clavijo no quieren implicar al Gobierno de España hasta que se cuente con una base o una fórmula sólida y factible.

Y el tercer frente está en Estrasburgo, en la Eurocámara, donde CC -que timonea el Ejecutivo junto con el PP- forma parte del Partido Demócrata y donde se ha constituido una comisión especial sobre la crisis de la vivienda. Su presidenta es la también italiana Irene Tinagli, quien ya ha reconocido que no hay una «receta universal» que permita solucionar la carestía inmobiliaria en toda Europa de igual forma. Una declaración de principios que parece invitar a Canarias a pelear por esa receta propia contra esta problemática. 

Suscríbete para seguir leyendo