Atasco sobrevenido en el reparto de menores migrantes por el apagón

El apagón pone freno al reparto de menores migrantes no acompañados. La Conferencia Sectorial de Infancia en la que se iban a acordar los criterios para la redistribución por todas las comunidades autónomas de los niños y adolescentes que están bajo la tutela de Canarias, fue suspendida debido al apagón eléctrico que dejó sin luz a toda la península ibérica. Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia han confirmado la cancelación del encuentro, que iba a celebrarse ayer en la Sala de Juntas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Un nuevo atasco sobrevenido que alarga la agonía de Canarias, que lleva más de un año y medio esperando por una solución para atender a los niños y adolescentes que llegan en cayuco o patera al Archipiélago sin el respaldo de un familiar adulto

La falta de suministro eléctrico bloqueó los traslados de los consejeros autonómicos que iban a participar de forma presencial e imposibilitó la celebración telemática de la reunión. Estaba previsto que la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, expusiera la postura del Ejecutivo isleño. El Ministerio de Infancia, al cierre de esta edición, no ha informado sobre la posibilidad de fijar una nueva fecha para celebrar el encuentro una vez restablecido el suministro eléctrico y recuperada la normalidad.

Rego avisa a las comunidades de que «hay que cumplir la ley» porque «la situación es crítica en Canarias»

Esta reunión iba a ser el punto de partida para iniciar los traslados, pues de ella tenía que salir un acuerdo unánime para fijar los criterios de reparto y, en caso de fracasar el debate, sería el Gobierno el que debía imponer los parámetros establecidos en el real decreto ley que modifica el artículo 35 de la ley de extranjería. El Ministerio de Juventud e Infancia acudía a la cita aún sin las cuotas de reparto establecidas, pues varios gobiernos regionales facilitaron datos pocos fiables sobre la situación de su red de acogida y Aragón no llegó a facilitar ninguna información.

Imponer los criterios

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha garantizado que –una vez definidos (o impuestos) los criterios para el reparto– el Ejecutivo estará «en condiciones de empezar con los traslados hacia el verano». Todo ello, a pesar de reconocer el «bloqueo administrativo y jurídico» impulsado desde las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.

La propia convocatoria del encuentro cancelado por el apagón fue criticada por varias comunidades. La consejera madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, pidió su cancelación con la amenaza de emprender acciones legales en caso de celebrarse. «Hay que cumplir con la ley, trabajamos en ese margen porque la situación es crítica en Canarias», zanjó Rego durante una entrevista ofrecida en RNE horas antes de que se produjera el apagón. De ahí que lanzara una llamada a la «humanización» y negado los agravios comparativos con Cataluña a la que aluden los populares.

La previsión, a falta de recabar todos los datos, es que a Cataluña llegarán entre 20 y 30 menores, mientras que a Madrid irían unos 700. Una diferencia que Rego ha justificado porque «no podemos partir de cero», sino de «la situación actual de cada sistema de acogida». En esta línea, señaló que Cataluña, Euskadi y Navarra son los territorios que cuentan con más plazas de acogida. «No tiene sentido aliviar la situación de Canarias y generar un problema de sobreocupación en otra comunidad», argumentó Rego para defender que los criterios establecidos en el decreto, y que las comunidades podrán cambiar cuando se celebre la conferencia sectorial, son los mismos que las propias autonomías pactaron en 2022.

Batalla legal

«Los criterios son los mismos que avaló [Alberto Núñez] Feijóo cuando era presidente de la Xunta. Ahora estamos en una situación de emergencia y tenemos que resolverla y ser responsables», conminó para afear que con la acogida de menores ucranianos «no hubo ningún problema», pese a ser una cifra mayor a los 4.400 planteados ahora. En este punto, la titular de Juventud e Infancia cargó contra el PP por «deshumanizar la infancia migrantes» y «estar comprando la agenda de Vox».

En el caso (más que probable) de que no haya acuerdo unánime en la conferencia sectorial, se establecerán criterios en función de parámetros como el de población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo (6%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%). Rego se mostró confiada en que las comunidades del PP cumplirán la ley y que su amenaza de recursos no retrasará la reubicación de los menores migrantes.

La parte socialista del Gobierno se preparan para un «frente común» de rechazo y su falta de colaboración. De ahí que adviertan abiertamente sobre las consecuencias de «incumplimientos administrativos o incluso «de carácter penal». Los populares gobiernan en 11 de las 17 comunidades, además de en Ceuta y Melilla, y cogobiernan en Canarias.

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