A Montero se le acumulan las deudas con Canarias

Queda apenas un día para que se cumpla el plazo y la deuda sigue pendiente. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió ante el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en su última reunión (10 de marzo) que antes de acabar el mes de abril el Estado habría transferido ya todas las partidas de la ficha canaria correspondiente a los presupuestos de 2024, prorrogados del año anterior. Eran en torno a 200 millones lo que todavía quedaba por pagar de un total de casi 900, es decir, un porcentaje importante teniendo en cuenta que el ejercicio de referencia ya está cerrado desde hace cuatro meses. A fecha de hoy, el pago no se ha producido.

Es, en todo caso, una dinámica de retrasos que desde Canarias se denuncia de forma constante y ante la que el Ministerio de Hacienda siempre alega problemas técnicos-administrativos de ejecución presupuestaria. En este caso, las cantidades que quedan pendientes son los 100 millones para reconstrucción de La Palma por los efectos del volcán que asoló la isla en 20121; los 50 millones complementarios prometidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para cubrir el coste de la acogida y la atención a los menores migrantes no acompañados que tutela la comunidad autónoma, y otros 20 millones correspondientes a obras hidráulicas. A ello debe sumarse la aprobación del decreto que permita aplicar el 60 % de descuento en el IRPF a todos los contribuyentes de La Palma, con efecto retroactivo desde el 1 de enero.

Pero lo cierto es que los contenciosos entre Canarias y el Ministerio de Hacienda han sido abundantes en los últimos tiempos, tanto en relación con la interpretación de determinadas reglas fiscales que afectan al REF, en la valoración del superávit en las cuentas canarias desde hace años, o en los plazos para el pago de las partidas estatales que afectan a la comunidad autónoma. Además del retraso sobre la ficha presupuestaria de 2024, Canarias abre nuevos apuntes en su agenda de relaciones con Montero, a veces con asuntos directamente relacionados con su ministerio, y en otras ocasiones con temas de competencia de otros departamentos, pero cuya última palabra, o la orden de pago, depende de la oficina de la también vicepresidenta primera del Gobierno central. Toda esta dinámica está muy condicionada, en todo caso, por la incapacidad de la ministra, y del Gobierno en general, para pactar con sus aliados parlamentarios presupuestos estatales durante los dos últimos años, los correspondientes a 2024 y 2025, y con serias dudas de que pueda hacerlo para los de 2026, pese al compromiso del Gobierno central de ampliar los fondos para Defensa.

Montero, por ejemplo, es la que tendrá que determinar en último término la cifra definitiva con la que cubrir el proceso de reparto obligatorio de menores migrantes entre todas las comunidades autónomas, que ayer precisamente se debía abordara en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, suspendida por el apagón generalizado en la Península. La cifra incluida en el real decreto ley, convalidado por el Congreso el pasado día 10, que regula este sistema es de 100 millones, pero necesitará con toda seguridad de una revisión al alza a juzgar por las reclamaciones que están haciendo todos los territorios, y por el coste que ha calculado el Gobierno de Canarias para su sistema de acogida a lo largo del pasado año, en torno a 180 millones.

Subvenciones aéreas

A la ministra y a su departamento se le han sumado otras tareas relacionadas con las Islas que desde el Gobierno regional y desde CC como firmante del acuerdo sobre la agenda canaria le apremian para su cumplimiento, aunque tratan, por otro lado, de pactar su aplicación. Es el caso, por ejemplo, del pago a las compañías aéreas de las subvenciones al transporte aéreo a los residentes de todos los territorios extrapeninsulares, un ‘debe’ de más de 810 millones en estos momentos y que de momento se intenta paliar con el pago de los 319 millones que quedarían pendientes de las correspondientes al año pasado.

Aunque este pago lo gestiona y lo realiza el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a nadie se le escapa que es Hacienda la que libera las perras, y es a este departamento al que las aerolíneas más afectadas apelan para que se de solución de una vez a unos retrasos de pago cada vez más prolongados y que pone en riesgo el mantenimiento de todas las conexiones.

La ministra andaluza tiene además otras cuestiones pendientes que afectan al conjunto de las comunidades autónomas pero que en el caso de Canarias se vigilan con especial atención. La aplicación de la quita de la deuda a todos los territorios, que ha prometido tras el acuerdo entre el PSOE y ERC para aplicarla en primer lugar a Cataluña, y la reforma del sistema de financiación autonómica, son los dos grandes temas que tiene sobre la mesa en estos momentos, además de la presentación de nuevas cuentas estatales al menos para el próximo año, ya que no ha sido capaz de hacerlo ni una sola vez en toda la legislatura.

Este escenario de gestión por delante se topa además con el reparo que está causando entre la mayoría de regiones el hecho de que esté compaginando su puesto en el ministerio con su condición, desde el pasado 25 de febrero, de líder del PSOE andaluz y virtual candidata socialista a la presidencia de su comunidad autónoma. Eso la debería inhabilitar para seguir al frente del departamento encargado de distribuir los fondos estatales, según algunos territorios gobernados por el PP.

Reglas fiscales

En todo caso, Montero tiene agenda canaria por delante también en estos aspectos, y de sus recientes declaraciones no se atisba mucha sintonía respecto a las posiciones del Gobierno regional. De entrada ya ha dado prácticamente por finiquitada, apelando a la activación de las reglas fiscales por parte de la UE suspendidas desde 2021 por la pandemia, así como al actual contexto económico y de guerra comercial, cualquier posibilidad de flexibilizar la regla de gasto para permitir a la comunidad autónoma gastar sus superávit.

Precisamente en este punto, la diputada de CC, Cristina Valido, le ha traslado a Montero una reclamación para que al menos mantenga suspendidas las reglas fiscales y de estabilidad presupuestaria en La Palma para permitir su recuperación, como han solicitado recientemente los grupos del cabildo insular. Valido le pregunta a la ministra si «atendiendo a las circunstancias excepcionales derivadas de la erupción volcánica y a la necesidad de mantener el esfuerzo inversor para la plena recuperación de la isla, el Gobierno de España tiene intención de responder a esta petición y exceptuar a los ayuntamientos y entidades locales de La Palma de la aplicación de estas reglas fiscales».

Este es el marco en el que deben encauzarse las relaciones entre Canarias y al Ministerio de Hacienda, y en el que Montero sigue apurando, cuando no superando, plazos de pago y minando la confianza del Gobierno regional en la palabra dada y en los compromisos adquiridos por parte del Estado.

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