El Estado y Canarias liman sus diferencias sobre los Presupuestos autonómicos de 2025

Los gobiernos de España y Canarias firman la paz y llegan a un acuerdo sobre las discrepancias que el Estado puso a varios preceptos presupuestarios que se incluyeron en las cuentas autonómicas para 2025, por lo que las mismas no acabarán ante el Tribunal Constitucional (TC). La encargada de anunciar este martes el armisticio en el Parlamento fue la propia consejera de Hacienda, Matilde Asián, al desvelar que un grupo bilateral Estado-Canarias se reunió el pasado 24 de abril y acordó que las discrepancias de carácter interpretativo se resuelven reconociendo la Comunidad Autónoma que la aplicación práctica de los preceptos cuestionados se realizará conforme a la legislación básica del Estado.

En el caso de la discrepancia sobre si es la Comunidad Autónoma la que otorga el carné de familia numerosa -como defiende el Estado- se acordó que lo expedirá Canarias "y no hay mayor problema", dijo Asián. Otra discrepancia deriva del cómputo de las pagas extraordinarias en el Servicio Canario de la Salud (SCS), y Canarias acepta que el cómputo de las pagas no tenga en cuenta las reducciones de jornada cuando se deban a motivos legalmente establecidos y el Estado admite que, en las retribuciones del SCS, se pueda admitir un quinto grado. Asimismo, la Administración central acepta, como pedía la Hacienda canaria, retirar el límite a las horas extraordinarias en el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), ha dicho la consejera.

Ayudas 'antiTrump'

Además de anunciar este acuerdo con el Estado, la titular de las arcas autonómicas reiteró las previsiones del Ejecutivo que preside Fernando Clavijo para poner en marcha ayudas directas a las empresas exportadoras canarias afectadas por los aranceles anunciados por el Gobierno de Estados Unidos que preside Donald Trump, para lo que pidió el apoyo de todo el arco parlamentario.

Asián reconoció que los eventuales aranceles no afectan a Canarias desde el punto de vista cuantitativo, pues las exportaciones suponen unos 33 millones de euros anuales frente a los 202 millones de las importaciones, pero sí respecto a los efectos sobre empresas concretas de vino, quesos y pescados.

Por eso ha manifestado su oposición a que las ayudas anunciadas por el Gobierno de España, concretadas en créditos, avales y seguros por unos 14.000 millones de euros, se repartan entre los territorios en función del valor de las exportaciones de cada región y abogó para que ese reparto sea "por sectores".

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