Clavijo apunta a PP y PSOE en su denuncia sobre la infancia migrante

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, expresó este miércoles su hartazgo sobre la forma en que los dos grandes partidos estatales, el PSOE y el PP, están interviniendo en el debate sobre la situación de la infancia migrante sin tutela y la de los más de 5.600 niños y niñas que acoge en estos momentos la comunidad canaria, y reprochó a ambas formaciones su actitud contra a algunas de las medidas que están en marcha para intentar resolver el problema y garantizar los derechos de este colectivo. A los populares les afeó de forma implícita su ofensiva judicial contra el decreto de distribución de menores entre todos los territorios del Estado, avalado por el Congreso el pasado día 10 de abril, y a los socialistas la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a cumplir la resolución de Tribunal Supremo para que se haga cargo de más de mil de estos chavales que han solicitado protección internacional.

La amenaza judicial del PP contra el reparto de menores toma cuerpo

Clavijo respondía a una pregunta en el Parlamento de Canarias sobre esta segunda cuestión y apuntaba directamente al Ejecutivo central por su “gravísimo incumplimiento” de la mencionada resolución judicial, pero de su respuesta a la diputada del PP Luz Reverón se desprendía una clara denuncia sobre la posición de la dirección nacional de este partido y de las comunidades autónomas donde gobierna en relación con el reparto de menores y su estrategia ante el Tribunal Constitucional (TC) para intentar anular, o al menos, entorpecer el proceso. “Parece que unos por otros nadie quiere asumir su responsabilidad, nadie quiere reconocer los derechos de estos menores, nadie quiere proteger la infancia y nadie quiere hacer justicia con Canarias, es así de triste”, clamó el presidente.

“Parece que unos por otros, nadie quiere proteger la infancia y nadie quiere hacer justicia con Canarias, es así de triste”

La respuesta de Clavijo hacía así clara referencia a ambos partidos y teniendo en cuenta que el TC había admitido a trámite el día anterior el recurso de la Comunidad de Madrid contra el real decreto que permitirá la reubicación en otros territorios de 4.400 menores acogidos en Canarias y Ceuta, y que Aragón formalizó ese día su propio recurso de inconstitucionalidad antes de que lo hagan probablemente las otras seis regiones gobernadas por el PP que lo han anunciado: Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León, y Cantabria. También lo ha hecho la socialista Castilla-La Mancha.

Incumplimiento del Estado

En todo caso, Clavijo se centró en denunciar el incumplimiento “gravísimo” de los derechos de los menores migrantes solicitantes de asilo por parte del Gobierno central, tutelados por la comunidad, por no haberse hecho cargo de ellos e integrarlos en el Sistema de Acogida de Protección Internacional Temporal, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, como ordenó el Tribunal Supremo. El presidente recordó que el Supremo dio diez días al Gobierno de España para hacerse cargo de ese millar de menores pero han pasado más de 30, y ha acusado al PSOE de Canarias de callar ante “esta vergüenza”. Como se recordará, la Abogacía del Estado presentó una serie de alegaciones al auto del Supremo en las que señala que su red internacional de protección está al 96,7 % de ocupación, y que, por tanto, no puede integrar a esos menores.

Frente a eso, desde el Gobierno regional se han presentado propias alegaciones, porque les parece “difícilmente creíble que todo un Estado” diga que no puede garantizar los derechos de protección internacional de unos menores mientras la comunidad autónoma está completamente desbordada. El auto del TS pone de manifiesto el estado de hacinamiento de los menores y la obligación de garantizar su acceso al sistema de protección, recordó Clavijo. “Estamos hablando de una vulneración gravísima de derechos por parte del Gobierno de España hacia estos menores”, resaltó.

Por otro lado, los gobiernos regional y central no se mostraron este miércoles preocupados por la admisión a trámite por parte de TC del recurso ordenado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra el real decreto de reforma de la ley de extranjería que regula la distribución de menores entre todos los territorios. Desde ambos ejecutivos se asegura que contaban de antemano con esta decisión inicial del órgano de garantías constitucionales porque es lo habitual en estos casos, y que no interferirá en la aplicación del decreto tras la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebrará el próximo lunes.

Tranquilidad ante el TC

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, señala en este sentido que “este es un paso natural y normal que no entra en la valoración de fondo del asunto” en ninguno de los tres asuntos sobre los que se plantea la supuesta inconstitucionalidad del real decreto: la propia fórmula normativa que se utiliza para establecer la reforma de la ley de extranjería; la invasión de competencias exclusivas de las comunidades autónomas sobre el acogimiento de menores extranjeros; y la vulneración del principio de autonomía financiera de la región. Cabello desestima estos posibles riesgos de inconstitucionalidad recordando que el texto tiene el visto bueno del Consejo de Estado, y de los servicios jurídicos de varios ministerios, de los del Congreso de los Diputados, y de los de Canarias y del País Vasco. “Estamos confiados, seguimos avanzando y lo que Canarias tiene como objetivo en este momento es que de la Conferencia Sectorial del próximo lunes salga un cronograma de cómo se va a aplicar la modificación legal y el reparto de menores que se establece en ella”, resalta Cabello sin atreverse a poner horizonte sobre la primera resolución definitiva del tribunal de garantías sobre este primer recurso admitido a trámite.

Sí reconoce Cabello que esta cumbre entre el Estado y las comunidades autónomas se verá afectada políticamente por la ofensiva judicial del PP contra esta medida porque “lo que buscan estas comunidades es ir subiendo la temperatura y convertir en herramienta política el drama de la inmigración como un elemento de confrontación en una estrategia populista y electoralista que creemos que no está poniendo a los niños y las niñas en el centro del debate”

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