Las comunidades siguen enredadas en la batalla política por el reparto de menores

Las comunidades siguen enfangadas en un debate político que deja al margen el bienestar de los niños migrantes y desoye la grave situación que enfrenta Canarias para brindar una atención adecuada a los 5.812 chicos que están bajo su tutela. En la última Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, ningún representante planteó propuestas concretas para mejorar el mecanismo de traslado de menores contemplado en el real decreto ley, y el debate sobre los criterios de reparto estuvo completamente ausente.

Los consejeros autonómicos del PP centraron sus intervenciones en criticar al Gobierno por imponer un reparto, sin proporcionar información suficiente a las comunidades. Con ello, pasaron por alto que el objetivo del encuentro era precisamente revisar esos criterios, aprobados por unanimidad en 2022, lo que impidió acordar nuevas condiciones. Un día después del encuentro, y aún sin fecha para la nueva reunión anunciada por la ministra de Infancia, Sira Rego, el cruce de reproches sigue sin tregua.

Rego no logró que las autonomías cerraran filas ante la emergencia humanitaria y advirtió que la ley está vigente y que, por tanto, la resistencia de los gobiernos regionales no iba a frenar su aplicación. A las aguas revueltas del reparto se suma la batalla judicial que han emprendido las regiones gobernadas por el PP que han, incluso, cuestionado la legalidad de la convocatoria extraordinaria de la sectorial así como la negativa de dejar votar a las comunidades autónomas.

Las autonomías del PP califican de «opereta» la conferencia sectorial y ratifican que seguirán adelante en los tribunales

Una de las más beligerantes, Andalucía, ratificó que interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional por el reparto de los menores. La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, recriminó al Ejecutivo central que no facilitaran «ni el número de menores ni la financiación correspondiente» y expresó sus dudas sobre si el reparto es realmente «equilibrado».

Aragón, la única comunidad autónoma que no ha facilitado los datos sobre la situación de su sistema de acogida, reiteró su oposición a la propuesta de traslados recogida en el real decreto. «Realmente este Gobierno no tiene un plan; no saben qué van a hacer con los menores de Canarias», confirmó su consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, quien tachó de «opereta» la reunión. En esta línea, Castilla y León reclamó que la distribución se haga «en igualdad y nunca desde la imposición». Su consejera de Familia, Isabel Blanco, lamentó el «totalitarismo» del Gobierno central, por no dejar votar a los consejeros autonómicos.

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