Una ley acotará la colaboración privada que debe agilizar las licencias urbanísticas

"El diablo está en los detalles". Esa fue la advertencia que Juan José Martínez, consejero insular de Innovación del Cabildo de Tenerife, lanzó este lunes en el Parlamento a los consejeros de Obras Públicas y Política Territorial, Pablo Rodríguez y Manuel Miranda, respectivamente, en su análisis sobre el decreto ley para agilizar las licencias urbanísticas municipales que el martes será convalidado por la Cámara regional y tramitado como proyecto de ley para incluir enmiendas al mismo. El presidente del cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, remachó el aviso sobre esos elementos ‘diabólicos’ de la norma: "a veces los propósitos loables y las buenas intenciones pueden acabar creando problemas". No fueron los únicos, pues Rayco León Jordán, representante de la corporación insular de Fuerteventura, mostró sus reticencias a la posibilidad de que los ayuntamientos aprueben cambios de uso en el suelo que "comprometan el futuro de una isla".

Este decreto busca complementar el aprobado en febrero de 2024 para combatir la emergencia habitacional. Si aquel tenía como objetivo aumentar la oferta de suelo y vivienda y adecuar la regulación de viviendas protegidas, el que el martes se convalida en el Parlamento introduce mecanismos de colaboración público-privada para resolver el grave problema de demoras administrativas en el otorgamiento de licencias.

Todos estos avisos de los consejeros insulares en el seno de la Comisión de Cabildos tienen mucho que ver con el alcance del procedimiento de "externalización" que permitirá que los informes necesarios para obtener licencias urbanísticas para la construcción de viviendas no sean solo emitidos por los técnicos de los ayuntamientos, sino que los promotores puedan presentar informes de terceros elaborados por "entidades colaboradoras" privadas -colegios profesionales, medios propios personificados y entidades urbanísticas de colaboración- para agilizar los procedimientos administrativos que retrasan durante años la construcción de nuevas viviendas.

Es decir, el decreto no aclara si los ayuntamientos pueden imponer su informe técnico para la concesión de licencias por encima del aportado por los particulares, o viceversa. O dicho de otro modo, la norma no clarifica que la "colaboración público-privada" no sea solo puntual y abre la puerta a que se convierta en sistémica y estructural, lo que de facto supondría una delegación de funciones del servicio público al ámbito privado del que alerta incluso el Consejo Consultivo en el informe que emitió sobre el contenido del decreto ley.

Así, el dictamen del máximo órgano asesor del Gobierno recuerda que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen local de 1985 establece de forma taxativa que "corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración local el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales", toda vez que este cuerpo funcionarial son "garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función".

Por todo ello, considera que "sí pudiera resultar relevante garantizar que concurra objetividad, imparcialidad o independencia" en los informes técnicos elaborados por las entidades colaboradoras que el decreto capacita para agilizar las licencias urbanísticas.

Además, el informe asegura que "las circunstancias establecidas en el artículo 7" que determinan si el informe en régimen de colaboración no se ha pronunciado sobre determinados extremos que son necesarios para otorgar licencias o la valoración de si resulta preciso la emisión de un informe técnico municipal a pesar de que el de colaboración sea de conformidad "son todas cuestiones técnicas que, en puridad, deberían ser apreciadas por el personal de la oficina técnica municipal y no quedar en manos de otro órgano".

Por último, también alerta de que "presenta una redacción confusa" cuando establece que los plenos municipales "podrán rechazar la eficacia de los informes técnicos emitidos en régimen de colaboración y aportados a instancias del interesado".

Con todos estos antecedentes, los grupos de la oposición -PSOE, NC y Vox- pidieron que el decreto sea tramitado como proyecto legislativo para poder introducir modificaciones que despejen los interrogantes lanzados tanto por el Consejo Consultivo como por los cabildos. Aunque no solo fue la oposición, pues tanto Luz Reverón (PP) como Socorro Beato (CC) estuvieron de acuerdo en que "lo prudente será que se tramite como proyecto de ley ante las dudas expresadas".

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