Contrataciones para cortocircuitar las críticas a la gestión de Delgado

Cuando aún no se ha sofocado el incendio provocado por el «error» de la Consejería de Bienestar Social al trasladar los datos de Dependencia al Imserso, la consejera Candelaria Delgado anunció ayer la contratación de más personal para agilizar la tramitación de los expedientes y poder reducir los tiempos de espera. El Consejo de Gobierno aprobó una partida de 500.482 euros para incorporar a 30 auxiliares administrativos, 15 en cada provincia, que se unen al más de un centenar de efectivos que ya se había contratado con una financiación extraordinaria de 4,8 millones de euros aprobada en octubre y que comenzaron sus labores durante los primeros meses del año.

Según Delgado son 135 empleados interinos los que se han integrado en la Dirección General de Dependencia con una partida total de 5,3 millones de euros, en el marco de un contrato programa que declara el carácter excepcional de la situación de la Dependencia en el Archipiélago.

En medio de las críticas y peticiones de dimisión de los comités de empresa de la Consejería y de la oposición parlamentaria, la titular de Bienestar Social garantizó ayer que la descoordinación con el sistema de gestión del Imserso, que dejó 9.000 prestaciones fuera de la estadística oficial, «no volverá a pasar». Delgado admitió que, tal y como advirtió el organismo estatal, el Ejecutivo introdujo en 2024 un aplicativo informático nuevo que ha provocado «interferencias» con el programa que tiene el Imserso pero que ya están solucionadas. «Ya reconocimos el error de los datos que trasladamos al Estado y hemos pedido disculpas», añadió la consejera.

Lo que sí aseguró Candelaria Delgado es que estos «desajustes» entre la Comunidad Autónoma y el Imserso no han menoscabado los derechos de los dependientes canarios. Según la consejera «este error no ha afectado a ningún ciudadano de las Islas porque no se ha dejado de reconocer el derecho a la prestación, se les ha atendido y resuelto los expedientes y tampoco ha supuesto ningún perjuicio económico para el Estado», añadió.

La consejera de Bienestar Social incidió en que las prestaciones que se han quedado fuera del sistema tienen reconocido el derecho y la prestación correspondiente, pero el error se produjo al mezclar los datos que se les traslada a los cabildos para poner en lista de espera a dependientes que ya reciben una ayuda económica para una plaza en un centro de día o residencia con los que se les transfiere al Imserso, que detectó el error y notificó en febrero la «regularización» de los datos suministrados. «Hay dependientes que tienen asignada una ayuda pero tienen derecho a otra prestación que no se ha hecho efectiva porque están en lista de espera en los cabildos y esa información se trasladó por error al Imserso, pero ya está solucionado y no va a volver a pasar», indicó la consejera.

El departamento de Bienestar Social defendió la contratación extra de 30 trabajadores más como una de las medidas que ha puesto el Ejecutivo sobre la mesa para reducir el tiempo de tramitación de los expedientes de valoración, dictamen y ayudas de dependencia. Estos trabajadores sustituyen a los que se contrató la pasada legislatura y que cumplieron los cuatro años como máximo que concede la legislación.

La Consejería insistió ayer en que, junto con el refuerzo de personal, también se ha aprobado el decreto que regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia que, según el Ejecutivo, supondrá un avance en la mejora del sistema, simplificará los trámites, el acceso a la vía telemática y, en consecuencia, la reducción de los tiempos de espera en el reconocimiento de los derechos y ayudas que les corresponden. La principal novedad radica en el procedimiento monofásico, de tal forma que con una sola visita de un profesional se podrá determinar el grado de dependencia del solicitante y su Plan Individual de Atención (PIA), que fija la prestación a recibir.

Suscríbete para seguir leyendo