Rebelión de los técnicos municipales contra el decreto que agiliza las licencias urbanísticas

Los equipos técnicos y jurídicos de las oficinas técnicas y gerencias de urbanismo de los municipios canarios se han levantado en pie de guerra contra el decreto ley que impulsan las consejerías de Obras Públicas y de Política Territorial para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas, lo que comúnmente se conoce como permisos de obra, por considerar que la norma "supone la privatización de funciones públicas en el ámbito del urbanismo sin precedentes en Canarias".

Hasta el momento, al menos una docena de oficinas urbanísticas municipales -Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Haría, Puerto del Rosario, Arona, Guía de Isora, Granadilla, Güímar, La Laguna, Tacoronte, Los Realejos y Buenavista- se han adherido a un manifiesto que pone en cuestión los diez artículos del decreto que en estos momentos se tramita en el Parlamento como proyecto de ley para ser enmendado por los distintos grupos de la Cámara regional. 

La vivienda industrializada triplica la velocidad de construcción en Canarias

Este documento, que apenas lleva una semana en circulación, por lo que esperan que haya más adhesiones, critica que la "pretendida agilización" de la tramitación de licencias urbanísticas se centra en "tratar de evitar, cuando no eliminar directamente, los informes técnicos municipales en el procedimiento de otorgamiento de licencias urbanísticas e incluso en el ejercicio de las potestades de verificación y restablecimiento de la legalidad urbanística".

Canarias tiene un límite advierte con acciones legales contra políticos y técnicos

Según ha afirmado en declaraciones públicas Ornella Chacón, exconsejera de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, primera mujer que asumió la presidencia de la red de puertos de España y en la actualidad arquitecta municipal de Puerto del Rosario, "no todo vale y las oficinas técnicas estamos para garantizar que los proyectos urbanísticos cumplen unos requisitos mínimos".

"Clara amenaza"

Este argumento es blandido por el resto de los profesionales municipales al insistir en que la nueva norma legal es "una clara amenaza a los principios de intervención urbanística regulados en la legislación estatal y una vulneración de la doctrina del Tribunal Supremo (TS) sobre la intervención de personas ajenas a la Administración en los procedimientos administrativos" al permitir que los informes técnicos de conformidad o de verificación sean emitidos por colegios profesionales, medios propios personificados y entidades privadas colaboradoras. 

Desde la Consejería de Política Territorial se niega la mayor: "el otorgamiento de licencias y ejercicio de las potestades de comprobación y control de comunicaciones previas no se altera, toda vez que dicha competencia sigue residiendo en los municipios".

Es más, tanto Obras Públicas como Política Territorial insisten en que la habilitación a entidades externas a la emisión de informes técnicos en régimen de colaboración "no afecta a la competencia de intervención de las Administraciones locales, que queda inalterada en el ejercicio de su potestad resolutoria" porque son "informes no vinculantes".

Las gerencias de urbanismo municipales se unen a los reparos del Consejo Consultivo y varios cabildos

Esa "pretendida voluntariedad", tal y como denuncian los arquitectos municipales, es "un intento de soslayar las competencias municipales en materia de intervención urbanística", ya que el artículo 7.2 de la norma "deja claro que los interesados podrán presentar informes técnicos de conformidad emitidos por sujetos ajenos a la propia Administración municipal y que los mismos excluirán la preceptividad del informe técnico municipal, no requiriendo para su eficacia jurídica dentro del procedimiento de otorgamiento de licencias, la verificación o ratificación posterior por el personal dependiente de la propia Administración competente para resolver". 

Lo cierto es que las críticas que vierten las oficinas técnicas y gerencias de urbanismo coinciden en varios puntos con los reparos que puso el Consejo Consultivo de Canarias (CCC), varios cabildos y los grupos parlamentarios de la oposición, por lo que esperan que sus indicaciones sean tenidas en cuenta en el trámite de enmiendas que se ha abierto en la Cámara regional.

Al respecto, durante el debate parlamentario de convalidación del decreto y de aprobación a que se tramite como proyecto de ley para mejorarlo, PSOE, NC y Vox insistieron en que la norma no clarifica que la «colaboración público-privada» sea solo puntual y abre la puerta a que se convierta en sistémica y estructural, lo que de facto supondría una delegación de funciones del servicio público al ámbito privado del que alerta incluso el Consejo Consultivo en el informe que emitió sobre el contenido del decreto ley.

Obras Públicas y Política Territorial defienden que la competencia municipal "queda inalterada"

Asimismo, el Consultivo también incidió, como las gerencias de urbanismo, en que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen local de 1985 establece de forma taxativa que "corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración local el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales", toda vez que este cuerpo funcionarial son "garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función". 

Según el manifiesto contrario a la norma, en el texto existen "claras afecciones de las competencias municipales en materia urbanística" hasta el punto que "desdibuja el núcleo mínimo identificable de facultades, competencias y atribuciones que hace que los entes locales sean reconocibles por los ciudadanos como una instancia de toma de decisiones autónoma e individualizada en la materia de planeamiento urbanístico".

Fuentes de Política Territorial rebaten esta crítica al asegurar que "la emisión de un mero informe técnico no implica participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas ni en el ejercicio de autoridad" de las administraciones municipales.