Servicio Postal público
El REF sale al rescate de los trabajadores de Correos
Montero utiliza la actualización del fuero en el Congreso para colar una enmienda que garantice la supervivencia de la empresa postal

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, interviene en sesión plenaria. / Sergio Pérez/Efe

El tantas veces ignorado Régimen Económico y Fiscal (REF), del que poco o nada se sabe en la mayoría de los escaños de las Cortes, será al final la tabla de salvación de la empresa postal pública Correos. El apoyo del Congreso de los Diputados para sacar adelante una enmienda a la reforma del REF que asegure el futuro de Correos. Esta es la idea ‘enrevesada’ de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para hacer viable a la empresa estatal y dar respuesta a la reclamación de sus 50.000 trabajadores. Es decir, aprovechar la actualización del REF, actualmente en trámite en la Cámara Baja y que tantas veces ha pasado desapercibida en anteriores ocasiones, para colar una enmienda y salvar Correos, aunque nada tenga que ver, claro, con el fin de una ley que fue creada para compensar los sobrecostes que sufre el Archipiélago por su lejanía e insularidad.
Así lo hizo saber el Gobierno en una respuesta a la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido, quien le había solicitado que garantice los 5.000 puestos de trabajo que tiene la empresa estatal en las Islas. «Si el servicio es esencial para el Estado, no hace falta explicar lo que significa para un territorio fragmentado y alejado como Canarias, en el que la comunicación entre islas es fundamental», señaló Valido. La nacionalista señaló que, a pesar de la «loca política» y que el plan para salvar a la empresa se registre mediante una enmienda a una ley que «nada tiene que ver» con la compañía, coincidió con la ministra en que «haya un consenso generalizado para aprobarla».
En 2015, el Gobierno central utilizó la Ley General Tributaria para actualizar la de Enjuiciamiento Criminal
Los trabajadores de Correos llevan años advirtiendo la precariedad laboral a la que están sometidos por las condiciones de trabajos sin flexibilidad horaria o posibilidad de conciliación; por la sobrecarga y la falta de personal al no ser cubiertas las vacantes o las vacaciones; o los cierres de centros logísticos u oficinas sin negociación efectiva con los sindicatos. Tal es así que el año pasado, según detalló la compañía a través de un comunicado, Correos registró una pérdida de 94 millones.
No es la primera vez que el Ejecutivo central intenta reestructurar a la empresa postal, ya el Decreto Ómnibus, aprobado en diciembre de 2024, incluía reformas significativas que daban respuesta a las solicitudes de los trabajadores. Sin embargo, el decreto fue rechazado en enero de 2025 y las medidas cayeron en saco roto. Y tampoco es novedad que el Gobierno de Sánchez se ampare en alguna ley que se encuentre en tramitación en el Congreso para colar otros asuntos que nada tienen que ver y lograr su aprobación en el Congreso.
En las Islas hay 5.000 empleados del servicio postal que denuncian precariedad laboral o cierre de oficinas
Sin ir más lejos, el Gobierno central usó de ‘coche escoba’ la reforma de la Ley General Tributaria en 2015 para introducir, en una de las disposiciones finales, modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En este caso y para mantener el servicio postal, se incluirá una enmienda al REF, una ley completamente desconocida en la Península porque, por razones obvias, de nada sirve en el territorio nacional.
El motivo principal reside en la ausencia de Presupuestos Generales estatales y una prórroga que ya alcanza el tercer año consecutivo de las cuentas aprobadas para el ejercicio de 2023.
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