El Gobierno plantea ‘funcionarizar’ hasta 5.700 empleados laborales

El Gobierno regional plantea reconvertir en funcionarios hasta 5.700 empleados laborales de la Administración General mediante un proceso voluntario en el que se modificarían las categorías de los mismos para asimilarlas a los grupos funcionariales. La Dirección General de Función Pública ya ha realizado un nuevo catálogo de categorías profesionales laborales para ordenar los puestos de trabajo y las funciones de cada uno, además de suprimir aquellas que ya están obsoletas. La Administración General de la Comunidad Autónoma cuenta con 7.703 trabajadores que mantienen un vínculo de tipo laboral, de los cuales 2.389 son fijos y otros 3.316 lo serán cuando finalicen los actuales procesos de estabilización. En total serán 5.705 los trabajadores que podrían acogerse a este plan de Función Pública. La plantilla total de la Administración General es de 12.794 efectivos, de los que 5.091 son funcionarios. 

Función Pública trasladó ayer a los representantes de los sindicatos sus principales planes de ordenación del personal laboral, si bien el documento presentado se trata de una propuesta de acuerdo sin medidas concretas en aspectos que el comité intercentros lleva años exigiendo como la carrera profesional, los concursos de traslados, la estabilidad de la plantilla o la actualización de las titulaciones y categorías de los empleados laborales de la Administración. Aunque el Ejecutivo ha destacado su propuesta de funcionarización de los laborales, las organizaciones sindicales prefieren que se prioricen otras cuestiones que llevan pidiendo desde hace años y que suponen cumplir con el convenio colectivo, caso de la promoción profesional, las ofertas de empleo público o la movilidad laboral.

Después de que en abril la consejera Nieves Lady Barreto presentara el plan, los sindicatos del comité intercentros convocaron asambleas en Tenerife y Gran Canaria para aprobar movilizaciones ante la «inacción» del Ejecutivo a sus reivindicaciones y por presentar un plan sin anunciarlo ni negociarlo con los representantes de la plantilla. Las asambleas autorizaron al comité a convocar movilizaciones, pero ahora éstas podrían aplazarse ante el inicio de las negociaciones con la Dirección General de Función Pública, que ha presentado una propuesta en la que el Ejecutivo se muestra dispuesto a cumplir las peticiones sindicales.

Tras el primer contacto oficial de ayer, las dos partes se volverán a ver a principios de junio para organizar mesas de trabajo técnicas que concreten las medidas a poner en marcha. En una nota difundida ayer, el director general de Función Pública, Francisco Javier Rodríguez, explicó que en la reunión de la mesa negociadora se abordó el documento de partida sobre las líneas de actuación que debe recoger el futuro plan de ordenación y que tiene por finalidad articular y garantizar el ejercicio de los derechos profesionales del personal laboral de la Administración General autonómica. 

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