La nueva ley de transparencia será aún más dura con las administraciones

El Gobierno de Canarias ha escuchado las reivindicaciones de la ciudadanía de cara a tener unas instituciones menos opacas y más transparentes.

La nueva ley de transparencia que elabora la Consejería de Presidencia para que se apruebe en esta legislatura será más exigente con las administraciones y "endurecerá" los criterios, hasta el punto de que la titular del área, Nieves Lady Barreto, aseguró el jueves en el Parlamento que "muchas de las instituciones suspenderemos" el informe anual que tendrá que elaborar la comisionada Noelia García.

Sin embargo, Barreto aún no desveló si habrá sanciones para quienes incumplan con esas pautas 'antiopacidad', como en su momento sugirió el excomisionado Daniel Cerdán e incluso la propia ciudadanía durante el proceso de participación que se abrió en febrero y marzo y en el que contribuyeron 400 personas para pulsar por donde debe caminar la unificación de las vigentes leyes de 2010 y 2014 en un solo texto legislativo.

La Consejería asegura que se incluirán en la norma la mayoría de las propuestas presentadas por 400 personas en los foros de participación

"Habrá que establecer criterios nuevos de transparencia que harán que muchas instituciones bajen su nota y suspenderemos, pero eso significará que seremos más exigentes; pero luego aprobaremos, igual que pasó al principio con las leyes vigentes, que las notas que teníamos todas las administraciones eran malísimas porque no estábamos en esa dinámica", contestó Barreto a una pregunta de la diputada socialista Nayra Alemán.

Y no son pocas las instituciones que se verán afectadas: la totalidad de las consejerías del Ejecutivo, los cabildos, ayuntamientos, Diputación del Común, Consejo Consultivo, Audiencias de Cuentas o las dos universidades públicas.

Por ello, insistió en que "debemos dar otro empuje y reforzar" los criterios, una tesis con la que coincidió Alemán al considerar "imprescindible revisar un marco jurídico que está desfasado y fragmentado".

"Que la gente, de verdad, participe"

En 2010 se aprobó en Canarias la ley de fomento a la participación ciudadana -que sirvió para activar la consulta de 2014 contra las prospecciones petrolíferas de Repsol en aguas cercanas a Fuerteventura y Lanzarote- y cuatro años más tarde salió adelante la legislación sobre transparencia y acceso a la información pública que creó la institución del Comisionado de Transparencia.

La intención del Gobierno es actualizar el marco normativo de la transparencia y la participación ciudadana en Canarias en el ámbito del sector público y propiciar una mayor implicación ciudadana en los procesos de toma de decisiones pues, como recordó Barreto, "el reto es conseguir que la gente, de verdad, participe porque en 15 años no hemos conseguido que ésta sea real".

"No siempre ha cumplido el Gobierno con los trámites de información pública, como ha sucedido con la ley de la ciencia como ha dicho el Consejo Consultivo, así que si aspiramos a construir una ciudadanía transparente, el ejemplo debe comenzar en las administraciones y no permitir el trámite de una ley con opacidad", replicó la diputada socialista.

Régimen sancionador

Al respecto, Barreto recordó que los foros de participación se llevaron a cabo para que la ciudadanía se sintiera parte del proceso de actualización del marco legislativo autonómico y que las 400 personas inscritas provenían de la Administración pública (48,1%), entidades del Tercer Sector (21,6%) y ciudadanas (12,9%), un 9,7% lo hicieron a título personal, el 6,9% fueron empresas privadas u organizaciones empresariales y un 0,7% eran sindicatos.

"De hecho, cuando ya esté elaborado el borrador de la ley, abriremos de nuevo el proceso y esperamos que se inscriban más de 400 personas y que el texto llegue al Parlamento y haya plazo para aprobarlo en esta legislatura", concluyó Barreto.

Entre las demandas de los foros celebrados en febrero y marzo se encuentran, entre otras, que la institución del Comisionado de Transparencia "tenga capacidad sancionadora" y que sus "resoluciones sean ejecutables" sobre la base de crear "un régimen disciplinario para responsables políticos, funcionarios y órganos administrativos que incumplan de forma reiterada sus obligaciones" y crear un observatorio independiente de transparencia y participación "con funciones de vigilancia".

Asimismo, se pide que el Comisionado de Transparencia pueda fiscalizar al Parlamento para evitar la actual publicación opaca de las dietas que cobran sus señorías.

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