La sobreocupación de plazas para la acogida de migrantes en Extremadura alcanza un pico del 134%

La Junta de Extremadura ha trasladado al Ministerio de Juventud e Infancia que durante 2024 atendió a un total de 126 menores migrantes no acompañados. La región contaba con 56 plazas y para dar respuesta al aumento de la demanda se crearon 24 más, llegando a un total de 80. El pico máximo de sobreocupación, ya en 2025, ha sido del 134%, según confirmó ayer la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada. 

Con estos datos Extremadura responde «por lealtad institucional» al nuevo requerimiento del departamento que dirige Sira Rego, que tras la fallida conferencia sectorial del pasado 5 de mayo ha solicitado más datos a las comunidades autónomas para abordar el reparto obligatorio de estos menores.

"Datos rigurosos"

El plazo para remitirlos expiró el martes y según confirmó ayer García Espada, a diferencia de otras comunidades gobernadas por el PP como Andalucía, Extremadura ofrece «datos rigurosos» para demostrar una «sobreocupación clara y manifiesta». «El esfuerzo para atender a esos menores en las mejores condiciones posibles es evidente», aseguró tras insistir en la necesidad de que el Gobierno aporte la financiación necesaria y active «todos los mecanismos a su disposición para el control de fronteras».

El Ministerio de Juventud e Infancia pidió por primera vez a las autonomías que aportaran sus datos de acogida en marzo. Sin embargo, tras diez días para facilitar esta información, Aragón no comunicó sus cifras y otras como Extremadura y Madrid lo hicieron de forma «general y asimétrica».

Recurso de inconstitucionalidad

Por ello, tras la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia del pasado 5 de mayo, la ministra solicitó a las autonomías que actualizasen sus cifras. Este es un paso previo a la ejecución del Plan de respuesta solidaria ante la situación de contingencia que viven Canarias y Ceuta.

La conferencia estuvo marcada por las críticas de las regiones gobernadas por el PP por los criterios de reparto «arbitrarios y forzosos» aprobados por el Gobierno, que finalmente no se sometieron a votación. Al respecto, García Espada recordó ayer que la Junta de Extremadura ha presentado un recurso de inconstitucionalidad y en estos momentos está a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie para decidir si lo admite o no a trámite.