De refugio a pesadilla: El colapso de los centros dinamita la acogida

Las costuras del sistema canario de acogida a menores se rompen. La emergencia prolongada ha convertido la atención a la infancia migrante en un equilibrio imposible entre urgencia y dignidad. El Gobierno de Canarias ha abierto dispositivos a contrarreloj y ha hecho un esfuerzo constante por cubrir necesidades básicas, evitando a toda costa que ningún niño se quede sin un techo. Pero la saturación estructural, la escasez de personal cualificado y la falta de apoyo estatal han impedido ejercer un control exhaustivo sobre los centros y fiscalizar la calidad de la atención. La consecuencia: cierres, denuncias, vejaciones, malos tratos e instalaciones en mal estado. Los centros pasan de ser un refugio a una pesadilla.

Para Save the Children, los incidentes registrados en los recursos de acogida de Canarias son una muestra del desafío que supone fiscalizar un «sistema tan tensionado y sobresaturado». Jennifer Zuppiroli, experta en migraciones de la organización, sostiene que la situación se agrava debido al bloqueo al reparto de menores. Zuppiroli señala que en un contexto de saturación, resulta muy difícil garantizar condiciones adecuadas, supervisión efectiva y una atención centrada en los derechos de la infancia. Por ello, reclama «corresponsabilidad territorial y planes de contingencia» que permitan adaptar el sistema ante repuntes migratorios sin rebajar los estándares de protección. «Es fundamental ser más flexibles y aumentar la capacidad sin menoscabar la calidad de la atención destinada a los niños y niñas», concluye Zuppiroli.

«Un sistema tan sobresaturado impide fiscalizar las condiciones de acogida», advierte Zuppiroli

Por su parte, Juan Carlos Lorenzo, coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias, alerta de que el sistema actual es «hostil» no solo para los menores migrantes, sino también para los trabajadores, las entidades gestoras y la administración. «Así no se puede trabajar bien», sentencia. Lorenzo describe un panorama de dispositivos saturados, sobredimensionados y precarios, centrados únicamente en cubrir necesidades básicas, sin capacidad real para desarrollar procesos de inclusión. «Los errores que se están produciendo en el sistema no pueden justificarse por la emergencia. Deben ser denunciados y corregidos», insiste. Para CEAR, la única vía para revertir este deterioro pasa por aplicar el real decreto ley sobre el reparto de menores, y establecer un modelo «vinculante y corresponsable» a nivel nacional. «Solo así podremos reducir la presión y mejorar los estándares de calidad», concluye.

El último escándalo en un centro de menores estalló el pasado lunes en La Fortaleza I, ubicado en la carretera de Bandama (Santa Brígida, Gran Canaria) y gestionado por la entidad Quorum Social 77. La instalación, que albergaba a 43 menores migrantes, fue clausurada tras la detención de nueve trabajadores acusados de cometer presuntos delitos de lesiones, amenazas, coacciones, odio y vulneraciones contra la integridad moral. La investigación judicial reveló episodios continuados de castigos físicos, insultos racistas, intimidaciones y aislamientos prolongados.

Sin colchones ni duchas

Solo un mes antes, en abril de 2025, la Dirección General de Protección del Menor y la Infancia ordenó el cierre del centro Volcán de Timanfaya, situado en Playa Honda (Lanzarote), tras constatar el estado lamentable en el que vivían los menores. Entre las deficiencias figuraban humedades, habitaciones sin puertas, colchones sin somier, duchas inservibles, falta de agua caliente, acumulación de basura, suciedad en cocinas y baños y ausencia de servicio de limpieza. También se registraron casos de autolesiones, tentativas de fuga y hurtos internos, sin que la entidad gestora –Asociación SOS Emergencias Canarias Sociosanitaria– trasladara los hechos a la administración pública.

También en Lanzarote, en abril de 2024, se cerró de forma definitiva el albergue de La Santa, en el municipio de Tinajo, tras varias denuncias de los propios menores y de los responsables del centro. La Guardia Civil abrió una investigación contra cinco trabajadores del centro por presuntas amenazas y coacciones a los niños. Las acusaciones incluían maltrato psicológico y actuaciones intimidatorias. Fundación para el Estudio y la Promoción de la Acción Social (FEPAS) era la entidad responsable de este recurso en el momento del cierre, pero el personal investigado venía de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI.

Explotación laboral

La Casa del Mar, en Arrecife, quedó en el punto de mira de la Fiscalía apenas siete meses después de su apertura. El centro, a cargo de Fundación Samu, presentaba un estado higiénico deplorable, con cucarachas, deficiencias graves en la alimentación y problemas de salubridad. El proceso de cierre se prolongó durante semanas y, finalmente, los niños salieron de estas infraestructuras en julio de 2024.

En Gran Canaria, el centro Tagoror, era gestionado por la Asociación Oportunidades de Vida, presidida por Rafael Hernández, quien también lideraba la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Canarias. En agosto de 2024, el centro fue desalojado por orden judicial tras una investigación que reveló presuntas irregularidades en su gestión. La Fiscalía de Las Palmas abrió diligencias contra Hernández por supuestamente emplear de forma ilegal a menores migrantes en sus fincas, una práctica que habría sido facilitada por la estructura del centro y la implicación de su hija, directora del mismo. Los menores eran trasladados a trabajar en condiciones inadecuadas, recibiendo pagos mínimos. El caso destapó una red de explotación laboral que involucraba a familiares y empleados del centro.

A todos estos escándalos se suman otros centros señalados por la precariedad de su funcionamiento: en algunos de ellos se han detectado ratios de educadores por menor completamente insuficientes, deficiente atención médica, ausencia de actividades educativas y limitaciones en el acompañamiento psicológico. En varios casos, los responsables de los centros no disponían de formación específica en atención a la infancia y se han llegado a documentar contrataciones de personal sin titulación.

Lorenzo: «Los errores no pueden justificarse por la emergencia. Deben ser denunciados y corregidos»

El Defensor del Pueblo, tras visitar dos centros de menores en Tenerife, uno de ellos el de Hoya Fría, en el que conviven más de 300 chicos, alertó de la necesidad urgente de sustituir los macrocentros por espacios más reducidos, seguros y adaptados a las necesidades individuales de los menores. También recomendó una revisión profunda del modelo de gestión, con mayor supervisión pública, protocolos de prevención del abuso, mejoras en la selección del personal y una apuesta clara por el enfoque pedagógico y terapéutico.

Entre tanto, Canarias está a la espera de que comience el traslado a otras comunidades autónomas de 4.000 menores llegados a las Islas a bordo de cayucos y pateras sin el respaldo de un familiar adulto, tal y como recoge el real decreto ley aprobado hace ya 67 días. Sin embargo, la falta de voluntad política de las regiones gobernadas por el PP mantiene bloqueada su puesta en marcha efectiva, prolongando una situación de sobrecarga crónica de los centros de acogida del Archipiélago. Tampoco el Estado se ha hecho cargo todavía de los más de mil niños solicitantes de asilo que el Tribunal Supremo, a través de un auto, le ha obligado a integrar en el sistema nacional de protección internacional.

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