El Gobierno lanzará una nueva oferta para estabilizar a 900 laborales

Los procesos de estabilización del personal interino de la Administración General autonómica llegan a su recta final. El objetivo general de la ley estatal 20/2021 era el de lograr que la tasa de interinidad media en las administraciones públicas se situara en el 8%, cifra que en el caso de Canarias no se va a conseguir ante el elevado número de trabajadores que partían de una situación de temporalidad o con contratos indefinidos no fijos, sobre todo entre el personal laboral. Los cálculos más optimistas sitúan la tasa de interinidad tras la estabilización sobre el 15%, por lo que Función Pública y los sindicatos negocian una nueva oferta extraordinaria de empleo público para acercar la temporalidad al 8%, un porcentaje que el Gobierno central pactó con la Comisión Europea y que le obligó a abrir los procesos de estabilización.

En el marco del plan de ordenación del personal laboral que negocian el Gobierno y las centrales sindicales se contempla la opción de organizar una nueva oferta extraordinaria de empleo público para estabilizar los puestos de trabajo de unos 900 empleados más con plazas que son estructurales y cuyo vínculo con la Administración no es fijo. Según las cifras oficiales de la Dirección General de Función Pública los actuales procesos de estabilización abarcan a 3.316 plazas de laborales que pasan a ser fijos, que se unen a los 2.389 empleados que ya lo son. Pero la plantilla total de laborales son 7.703, con lo que quedan casi 2.000 que continúan en situación de interinidad. Para situar la tasa en el 8% hay que estabilizar a cerca de un millar más de plazas ya que el resto son puestos temporales sujetos a programas o contratos por obras y servicios de duración determinada. El 60% de la plantilla que trabaja en la Administración General de la Comunidad Autónoma son laborales.

La propuesta de acuerdo de Función Pública para el plan de ordenación refleja «la necesidad de reponer los efectivos que se pierden por extinción del vínculo con la Administración». Además «esta obligación cobra especial sentido dadas las previsiones expresas de nuestro ordenamiento jurídico relativas tanto a la obligación de reducir el empleo público temporal como limitar su duración». Por ello las ofertas de empleo público se convierten en esenciales para la ordenación del personal laboral, con el fin de proveer a la Administración de los puestos estructurales necesarios y reducir el empleo temporal al menos hasta el 8%. El caso de los laborales es distinto al de los funcionarios, cuya temporalidad sí se prevé reducir hasta alcanzar cifras aproximadas a las pactadas con Bruselas.

El plan de ordenación del personal laboral establece nuevas convocatorias para aumentar la estabilidad

Otra de las cuestiones que está sobre la mesa es el elevado número de jubilaciones que ya se están produciendo y que irán en ascenso en los próximos años. La franja más numerosa de laborales de la Administración General tiene una edad media de 55 años, con lo que a la Administración autonómica no le queda otra opción que convocar las ofertas de empleo tanto para estabilizar a los interinos como para cubrir las vacantes que quedarán por las numerosas jubilaciones previstas.

Más interinidades

Precisamente las jubilaciones y la falta crónica de personal está obligando al Ejecutivo a incrementar las dotaciones para nuevo programas extraordinarios de contratación, a fin de cubrir áreas estratégicas con la entrada de personal interino. Las ofertas de empleo de los últimos años siguen siendo insuficientes para solventar la demanda de áreas clave como la dependencia, la discapacidad, Vivienda, Justicia, Trabajo o la propia Función Pública. La ley de presupuestos faculta a las consejerías a cubrir temporalmente determinados departamentos justificando la necesidad con programas de tres años y un año más prorrogable, según establece la legislación.

En las últimas semanas el Consejo de Gobierno ha aprobado fondos por más de 14 millones de euros para contratar a cerca de 200 funcionarios interinos con el fin de agilizar los expedientes y necesidades que se acumulan en Dependencia -135 efectivos-, Discapacidad -13 interinos-, Dirección General de Trabajo -17 letrados y auxiliares- y Función Pública -26 nuevos efectivos-. Recientemente también se aprobó un plan de choque para contratar a 25 interinos más en la Administración de Justicia. 

El Ejecutivo incrementa la entrada de interinos en áreas clave como dependencia, Trabajo, discapacidad o Justicia

Tanto el actual Gobierno como el anterior han puesto fondos para cubrir necesidades perentorias de personal en el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), donde faltan hasta jefes de servicio, o en la Agencia de Protección del Medio Natural. Asimismo la Agencia Tributaria Canaria (ATC) lanza sus propias ofertas de empleo público separadas del resto de la Administración General para cubrir una plantilla que sigue siendo insuficiente para el trabajo del organismo autónomo.

En el caso de la Dirección General de Función Pública se ha creado una Unidad Administrativa temporal de tres años y con un coste extra de 4,1 millones de euros para contratar a 26 interinos ante la acumulación de trabajo y el colapso que existe en el departamento. Los procesos selectivos en marcha, las ofertas extraordinarias de estabilización, el plan de ordenación del personal laboral y la nueva legislación que se está desarrollando en materia de empleo público han desbordado las capacidades actuales de Función Pública, que ha decidido dejar a un lado los planes de choque vigentes hasta ahora e implementar una unidad administrativa para dar estabilidad al menos a tres años, hasta 2028, y que podría prorrogarse con el fin de agilizar todos los procedimientos en curso. 

Suscríbete para seguir leyendo