Migraciones contacta con Canarias para iniciar el proceso de asumir a los menores que piden asilo

El Estado se ha puesto las pilas tras el tirón de orejas que le dio la pasada semana el Tribunal Supremo (TS) respecto a su inacción para proceder a incluir en el sistema nacional de protección a los 1.200 menores migrantes no acompañados que están en Canarias y solicitaron asilo. La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha remitido una carta a la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, para "fijar un calendario de reuniones" cuyo fin es iniciar un "proceso de trabajo conjunto cuanto antes" y garantizar "el acceso de las personas menores solas al completo sistema material de acogida que deriva de su estatuto de solicitantes de protección internacional".

Así lo ha desvelado este martes el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el transcurso de la sesión de control en el Parlamento en la que lamentó que "la realidad es que ni unos ni otros quieren a los negritos" en la Península, como a su juicio lo demuestra la falta de voluntad tanto del Estado como de las comunidades autónomas por coparticipar en la atención a los menores migrantes que "asume en solitario" el Archipiélago.

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"Solo cuando el Supremo ha amenazado con multas al Gobierno de España, la secretaria de Estado ha enviado a Canarias una carta solicitando una reunión", dijo Clavijo.

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La misiva, que llegó a la Consejería de Bienestar Social justo el día después que el ministro Ángel Víctor Torres y el propio Clavijo contactaran por teléfono para desatascar los protocolos de asilo, incluye un borrador de la próxima reunión "interpartes" para pactar los recursos "materiales, personales, económicos" necesarios y definir el "protocolo de colaboración" entre el Estado y Canarias, así como la "constitución del grupo de trabajo técnico".

"Canarias está así porque el Gobierno de España ha querido", insistió Clavijo en sus respuestas a los portavoces del PSOE, Vox y AHI, "ya que es el Estado el responsable de poner en práctica la solidaridad interterritorial" a la que obliga el nuevo artículo 35 de la ley de extranjería, por lo que afirmó que a su gabinete no le va a "temblar la mano" si tiene que llevar a los juzgados a alguna comunidad autónoma que se niegue a cumplir la norma.

"Los movimientos se van a hacer porque los ordenan los juzgados, no por voluntad política de respetar los derechos humanos de los menores ni por solidaridad con el pueblo canario, que está en solitario afrontando este drama y haciendo lo que puede para dar atención a esos niños y niñas", concluyó.

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