Sobre la cueva masónica de los horrores y los disparates de Dolla

En las memorias de mi bisabuelo, Agustín Millares Cubas, hay unas líneas muy lúcidas sobre la masonería. Dice así: «La Iglesia persigue a los masones y hace creer a las mujeres que en las reuniones de aquellos se da culto al demonio y se pronuncian toda clase de blasfemias». Esto lo escribió poco después de finalizar la dictadura de Primo de Rivera y en los primeros años de la Segunda República. Y es importante porque, en algunos ámbitos, se considera que la fobia hacia los francmasones es obra exclusiva del dictador Franco, cuando al parecer fue rechazado por aquellos para formar parte de la hermandad. Puede que esto sea verdad, pero ignora factores mucho más profundos. Y el principal es la inquina de la Iglesia católica en contra de la institución masónica. Así como el régimen hitleriano enfocó sus odios, entre otros, hacia los judíos, igualmente la institución eclesiástica vio a los masones como a sus enemigos encarnizados porque, como dice Millares Cubas, «la Iglesia católica llega al paroxismo del furor cuando sospecha que alguna otra institución quiere disputarle el monopolio del más allá».

Lo cierto es que el régimen de Franco, desde los primeros meses de la guerra civil, se dedicó a perseguir a los masones en aquellos lugares que habían caído en manos de los rebeldes. Canarias fue uno de ellos. Incluso antes que el ultracatólico y asesino Ángel Dolla Lahoz llegara al archipiélago como gobernador militar general en septiembre de 1936 ya la Falange había ocupado el edificio de la Logia masónica Añaza, situado en la calle San Lucas 25, en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, convirtiéndolo en un cuartel para sus crecientes y recientes afiliados. Pero sus sótanos fueron dedicados a otras actividades: una de índole pedagógica y otra de naturaleza disuasoria.

El buque-escuela Galatea había llegado a Tenerife a finales del mes de julio de 1936, en plena efervescencia represora, y permaneció en la isla alrededor de un mes. En un día de agosto, un grupo de oficiales hizo una especie de turismo ideológico: visitar la sede de la Logia masónica. Y es que era toda una atracción. Hasta en la prensa había salido el siguiente anuncio para que el público en general la visitara: el día 30 de agosto, domingo, se permitirá visitar la cueva de la ex logia masónica, que es hoy un Cuartel de Falange española. Las personas que quieran visitarla tendrán que pagar 0,50 pesetas. Se conoce que los marinos acudieron a ella antes de esa fecha, como visitantes distinguidos. Y lo sabemos por el testimonio de un obrero panadero de la CNT, Antonio Bodria, quien sufrió en carne propia los métodos expeditivos en el sótano de la Logia en las primeras semanas de agosto. Esto lo contó muchos años después en Venezuela, pero su relato es muy realista, como si le hubiera pasado el día anterior. Resumo.

Fue detenido por una patrulla del ejército a las órdenes del capitán Yumar, a la sazón delegado de orden público de la provincia, acusado de haber participado en el asalto y muerte de un propietario de tahona y de su hijo años antes. Fue conducido a lo que ellos llamaban la «cueva de los masones». La descripción de lo que vio es espeluznante: «Daba miedo entrar. Estaba lleno (el sótano) de cosas del cementerio, cajones de muerto, huesos, cráneos, trapos y vestidos negros, y hasta esqueletos completos. Cada uno de los cráneos tenía dentro una bombilla. En el centro de la cueva una mesa de piedra con sus asientos de piedra, alumbrada con algunos bombillos». Evidentemente, la visita a la supuesta «cueva» no era para enseñársela sino para torturarle. Como nada sabía del asunto del que le acusaban, le estuvieron torturando durante 11 días sin que el torturado confesara. Palizas con un rolo de alambre y goma, ingesta de aceite de ricino diciéndole que era veneno y hasta un simulacro de fusilamiento con pistolas.

En uno de esos días de tortura aparecieron los oficiales del Galatea. Pero cuando bajaron al sótano vieron al torturado en una esquina, apoyado en un muro: «pelo suelto y revuelto, la piel hinchada, el cuerpo negro…, lleno de llagas». Los oficiales le preguntaron al militar qué hacía ese hombre ahí y Yumar les dice: «Está reflexionando». Como si la situación fuera de lo más natural, los oficiales continuaron con sus indagaciones sobre lo que veían en el sótano. Yumar no lo dudó y les dijo que los masones iniciaban a los nuevos miembros encerrándolos ahí, y que si resistían eran admitidos en la organización.

Este relato está refrendado por los diarios del médico Manuel Bethencort del Río, quien vio al joven Bodria cuando llegó a una de las prisiones flotantes, el Adeje, precisamente en agosto de 1936: «Examinamos sus espaldas, nalgas, muslos y quedamos horrorizados. Era todo una masa rojo, azulada y negra...» (testimonio de Antonio Bodria y fragmentos del diario de Manuel Bethencourt).

Es curioso, pero la sede de los masones en Tenerife fue la única reutilizada en todo el territorio español, hasta tal punto que hoy en día se está emprendiendo una reconstrucción del local tal y como fue. Las instalaciones masónicas en el resto del archipiélago fueron destruidas, como es el caso de las logias Andamana y Acacia en Las Palmas y Abora en La Palma. Nada quedó de esta hermandad fraternal y pacífica en las islas. A lo sumo, muchos de los masones intentaron ocultar su pertenencia, incluso es probable que algunos sinceramente. Y es que su extracción social les hacía proclives a los mensajes de los golpistas contra una República que muchos veían escorada hacia postulados de mayor igualdad social. No deja de ser paradójico que una institución que predicaba la hermandad universal pero que en su seno reunía a personas de extracto social alto y medio alto fuera metida en el mismo saco que a los militantes del Partido Comunista.

La Ley de represión de la masonería y el comunismo de 1940 unió a ambas familias ideológiEl edificio de la Logia masónica Añaza fue convertido en cuartel por la Falange y sus sótanos se usaron para torturar a detenidos.cas, aunque en realidad lo que les vinculaba era solo la defensa de la República tolerante y laica. También, muchos masones se retractaron y solicitaron el perdón de las autoridades franquistas y la Iglesia para defender su patrimonio personal, que en muchos casos era bastante cuantioso. Pero muchos masones también pertenecían a la izquierda política burguesa, sobre todo, en el caso de Las Palmas y Tenerife, adscritos al Partido Republicano Federal y a Izquierda Republicana, respectivamente.

Pero el museo de los horrores santacrucero duraría poco. La pantomima que montaron los propios falangistas se vino abajo, puesto que tiempo después el local fue destinado a farmacia militar. Se conoce que hasta para el universo mental de los alzados en armas contra la República aquello era demasiado ridículo como para que fuera algo creíble. Y otras preguntas nos asaltan. ¿De dónde sacaron los esqueletos y los ataúdes para montar el museo? ¿Profanaron tumbas del cementerio? ¿Lo permitieron los que estaban por arriba? ¿Y qué dijo la Iglesia católica? Las máximas autoridades militares dieron su consentimiento para que los falangistas montaran toda esta farsa, aunque después se dieran cuenta del ridículo que habían hecho. No les quedaba otra que echar tierra de por medio.

Pero uno de los objetivos iniciales de los rebeldes era recabar todo tipo de información que condujera a la elaboración de una relación completa de los masones en Canarias para proceder contra ellos. Para ello se incautaron de todos los archivos, o de lo que quedó de ellos, puesto que las razzias iniciales arramblaron con todo, incluido papeles importantes. Aún con todo, pudieron hacer acopio de un cuerpo documental importante en Tenerife que posteriormente mandarían a Salamanca, donde estaba la Delegación Nacional de Servicios Especiales. Este traslado lo realizó personalmente el teniente coronel de infantería José María del Campo Tabernilla en el verano de 1937, quien había sido nombrado juez para todo lo relacionado con la masonería.

En Las Palmas también se incautaron con una documentación bastante completa, pero no directamente de los locales, sino a través de los propios masones. Lo cuenta el propio Mario Pons Cabral que era miembro de la logia Acacia: dos días después del golpe militar un hermano masón acude a su casa para que salvara la documentación. En un primer momento la esconde entre los huacales de plátanos de una compañía sueca donde trabajaba, pero cuando lo detienen decide entregarla porque «qué podía haber de malo en la documentación de aquella logia, que se reducía a proporcionar el nombre y los domicilios de quienes se encuadraban en ella. No había en ella nada de conspiración ni nada de labor política, y entregué esos documentos» (Entrevista a Mario Pons, en LA PROVINCIA, 16 de octubre de 1983). Pero la reacción de las autoridades ante la aparición de estas listas en Las Palmas fue inmediata. Partidas de falangistas se lanzaron a humillar a muchos de ellos públicamente haciéndoles ingerir aceite de ricino en plena calle, para que todos los vieran.

El 15 de octubre de 1936, el general Dolla Lahoz, quien hacía un mes había llegado a Tenerife para desempeñar el más alto cargo militar que le otorgaba poder absoluto sobre el archipiélago, proclama uno de sus famosos bandos. En este caso iba enfilado contra «la Masonería y otras organizaciones secretas», prohibiendo sus actividades (art. 1) e impidiendo recaudar fondos para ella (art. 2). Pero el artículo 3 es el más curioso de todos ellos: «Todos los documentos sobre esta materia en manos de personas deberán ser destruidos o si no multa de 10.000 pesetas». El resto del articulado afectaba a la destrucción de libros impresos que hicieran apología de la masonería (art. 4) y a los inmuebles masónicos que deben ser «destinados a servicios diversos» (art. 5). Este último artículo llegaba tarde, los inmuebles habían sido destruidos salvo el de Santa Cruz de Tenerife.

Pero la incongruencia de Dolla con respecto a la destrucción de documentos no creo que pasara desapercibida para los altos mandos del régimen. Unos querían recopilar la documentación, y otros querían destruirla. En fin, la situación era un poco esquizofrénica para los jefes. Incluso, hubo acusados de masonería que se escudaron en el Bando de Dolla para justificar la destrucción de documentos que le podían inculpar o exculpar. Es el caso del palmero Miguel Arocha Lorenzo. Pertenecía a la logia Abora desde 1927 y su nombre simbólico era Idafe y ostentaba el grado 2º. Pero su ideología se acercaba a la derecha: había sido integrante de los somatenes durante la dictadura de Primo de Rivera y un informe de Falange en 1939 lo situaba en la órbita sociológica de los votantes de derecha. En su declaración ante el juez instructor de responsabilidades políticas no puede demostrar que renunció a la masonería porque «cuando se dio el bando por el general Dolla quemó todos esos documentos» (rollo 338/1939 del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas). O en sentido contrario, masones con militancia de izquierdas que en los interrogatorios policiales esgrimían el bando para salir indemnes. Seguro que en muchas ocasiones se dio este diálogo entre interrogador e interrogado. Pregunta: ¿por qué ha destruido esas pruebas tan valiosas? Respuesta: Dolla me ordenó que las destruyera. Lo que daba poco margen al que deseaba obtener una información valiosa. A lo sumo un puñetazo por osar reírse de la autoridad.

Finalmente, el régimen de Franco pudo reunir toda la documentación que encontró de la masonería canaria y la centralizó en Salamanca. La inmensa mayoría de los masones canarios fueron castigados, algunos incluso se quitaron la vida, pero la inmensa mayoría sobrevivieron, aunque a costa de pagar cuantiosas sumas de dinero. Pero esas son otras historias que ya iremos contando.

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