Las solicitudes de asilo en Canarias se reducen un 11% por las trabas burocráticas

Menos solicitudes, pero no menos personas que huyen. Las solicitudes de asilo en Canarias cayeron un 11% durante 2024, una bajada que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) atribuye a las crecientes trabas burocráticas que entorpecen el acceso a la protección internacional. Según detalla su Informe Anual presentado hoy, el Archipiélago registró 7.667 peticiones —954 menos que el año anterior—, formuladas en su mayoría por ciudadanos procedentes de Venezuela, Colombia, Malí, Senegal, Cuba, Perú, Gambia, Guinea, Marruecos, Costa de Marfil y Honduras. Por provincia, Las Palmas recibió 4.221 solicitudes, mientras que Santa Cruz de Tenerife registró 3.446.

Uno de cada siete solicitantes de asilo en las Islas son niños o adolescentes, muchos de ellos solos y atendidos en una red de acogida colapsada. «El sistema está sobredimensionado y es hostil con los niños, pero también con los trabajadores y la Administración. Vivimos en un contexto de angustia institucional que no es sostenible», apuntó Juan Carlos Lorenzo, coordinador de CEAR en Canarias. Ahora, el reciente auto del Tribunal Supremo y la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería abren una ventana de esperanza que «pone en el centro el interés superior del menor».

Canarias, puerta de entrada del 17% de la migración irregular a Europa

Pese a la leve mejoría en las cifras globales, España sigue rezagada en la respuesta al asilo y existe una «brecha de protección con respecto a Europa». Según CEAR, solo el 18,5% de las solicitudes obtuvieron una resolución favorable en 2024, un dato muy por debajo de la media europea, situada en el 46,6%. Aunque el número total de peticiones en el conjunto del Estado creció apenas un 2,5%, hasta las 167.366, el aumento de solicitudes de nacionales de Malí —empujados por el recrudecimiento del conflicto y las violaciones de derechos humanos— alimentó los flujos hacia Canarias.

Migraciones internas

Las dificultades para obtener cita previa dejan en un limbo jurídico a quienes intentan solicitar asilo. Según detalló Lorenzo, en Tenerife el tiempo de espera para poder manifestar la voluntad de pedir protección internacional es de 12 meses, a los que se suman otros tres o cuatro meses adicionales para formalizar la solicitud. En Gran Canaria, la demora es algo menor: un mes para iniciar el trámite y entre dos y tres meses más para completar el registro. En cambio, en Lanzarote y Fuerteventura los tiempos de espera se han reducido considerablemente, y el proceso puede completarse en unos 15 días.

Las Islas recibieron el año pasado a 46.843 migrantes, lo que representó el 76,4 % del total de personas que entraron de forma irregular en el país por vía marítima. CEAR lamenta las muertes registradas en la ruta canaria, que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) cifró en 1.215 a lo largo de 2024. Sin embargo, este balance no incluye los llamados naufragios invisibles, por lo que la organización Caminando Fronteras eleva la cifra a más de 9.000 víctimas. «Es preocupante que aún no existan mecanismos de búsqueda e identificación de las personas desaparecidas y de sus familiares», señala Lorenzo.

La intensificación de los conflictos, la violencia, la inestabilidad política y las violaciones de derechos humanos dieron lugar, un año más, a cifras récord de desplazamiento forzoso a nivel mundial: más de 123 millones de personas desplazadas de sus hogares a finales de 2024, la gran mayoría dentro de su propio país. Lorenzo recordó que, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), 72 millones personas optaron por desplazamientos internos, con lo que fueron acogidos, principalmente, por naciones vecinas de renta media y baja.

Adaptar el sistema nacional de protección

Lorenzo alertó sobre la situación del sistema nacional de protección, que hasta ahora ha estado centrado, principalmente, en la atención a adultos y familias con niños. «El sistema está saturado y, además, debe adaptarse a una **nueva realidad», explicó el coordinador de CEAR en Canarias, quien subrayó la necesidad de disponer de recursos especializados para atender a la infancia migrante. También reclamó centros adecuados para los jóvenes solicitantes de asilo, que al cumplir los 18 años pasan a los centros para refugiados, donde algunos dispositivos están convirtiéndose en auténticos «albergues juveniles». Otras situaciones que, a su juicio, deben ser atendidas con mayor planificación son la salud mental de los solicitantes y la atención a las personas mayores con asilo, que no pueden incorporarse al mercado laboral y, además, arrastran patologías derivadas del proceso migratorio.

CEAR subrayó que el Gobierno español se encuentra ante una oportunidad histórica para liderar una Unión Europea centrada en las personas, mediante la aprobación de una nueva Ley de Asilo que refuerce y amplíe la garantía de los derechos humanos. La organización advierte de que, ahora más que nunca, son necesarias políticas que funcionen como un «dique de contención» frente a las oleadas antimigratorias y a la amenaza que representa el Pacto Europeo de Migración y Asilo si no se implementa bajo un enfoque «garantista de los derechos». En este contexto, el Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado en mayo de 2024, consagra un modelo basado en el control, la contención y la externalización de fronteras.

El nuevo ciclo político, tras las elecciones europeas, refuerza este planteamiento con la creación de dos nuevas carteras en la Comisión Europea orientadas a consolidar la llamada Europa Fortaleza. Para adaptarse a esta normativa europea, CEAR sostiene que España tiene que aprobar una nueva Ley de Asilo, que debe poner el foco en el mantenimiento de las garantías ya existentes como la asistencia jurídica gratuita a lo largo de todo el procedimiento y la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de España en el exterior. Además, debe asegurar que los nuevos procedimientos, como el de triaje, cuenten con todas las garantías y se respete el principio de no devolución.

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