La UE expedienta a España por sobregravar las casas a extranjeros

La Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España por aplicar una figura fiscal que obliga a los no residentes a tributar por una «renta imputada» sobre segundas viviendas que utilizan para, por ejemplo, las vacaciones o determinados períodos del año. Bruselas considera que esta práctica –una suerte de sobregravamen de hasta un 2% del valor catastral del inmueble en el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (IRNR)– vulnera los principios de libre circulación de trabajadores y capitales recogidos en el Tratado de la Unión Europea (UE). Justo los dos principios de los que Canarias quiere zafarse –siquiera de forma temporal– en el objetivo de limitar las ventas de casas a extranjeros en la Comunidad Autónoma. Un objetivo para el que el Ejecutivo regional tiene de su parte la condición de Región Ultraperiférica (RUP) del Archipiélago. 

El impuesto en cuestión obliga a pagar por una renta ‘teórica’ o ‘ficticia’ del 2% sobre el valor catastral de viviendas no alquiladas ni utilizadas como residencia principal. Sin embargo, la Comisión considera que este gravamen impacta de manera desproporcionada sobre ciudadanos extranjeros que no residen fiscalmente en el país, y que, además, podría disuadir inversiones o estancias temporales en España.

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Un expediente que llega en un momento de debate político sobre cómo gravar las viviendas vacías y las segundas residencias, especialmente ante la escasez de alquileres. Una situación que se torna grave en Canarias, donde el Gobierno autonómico busca fórmulas para restringir la compra de vivienda a los extranjeros y tratar de que haya más oferta para los residentes. Ahora bien, a pesar de que el Ejecutivo central busca endurecer la fiscalidad para quienes acumulan propiedades sin uso residencial, la coexistencia de estas medidas con el trato diferencial hacia extranjeros podría agravar el conflicto entre la justicia fiscal interna y las normas del mercado único europeo.

Dos singularidades

El Gobierno de Canarias entiende que la decisión de Bruselas «nada tiene que ver ni se parece con lo que pedimos y necesitan las Islas». En el Ejecutivo autonómico consideran que la sanción recae únicamente en los propietarios de las viviendas ya adquiridas y no a la compra o venta de nuevas viviendas, como así quiere el Gobierno regional. No obstante, la cuestión de fondo es que Bruselas llama la atención a España por el gran escollo que tiene Canarias en su objetivo: la libertad de circulación de personas y capitales por todo el territorio de la UE. En cualquier caso, Canarias cuenta con dos ‘ventajas’ que podrían exceptuarla de esos principios fundamentales, al menos de forma temporal: su condición de Región Ultraperiférica (RUP) y la declaración de emergencia habitacional del 19 de febrero de 2024 debido a la alta demanda y la escasa oferta de casas existente.

"No nos parece justo"

El delegado de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI) en Canarias, Isidro Martín, califica de «muy razonable la decisión de Bruselas». Es más, añade su indignación sobre que se les penalice a quienes tienen su segunda vivienda vacía y la disfruten únicamente en vacaciones o en momentos puntuales del año. «Evidentemente es un trato discriminatorio y nos alegramos que Bruselas haya metido el dedo en la llaga», precisa.

Martín recuerda que los propietarios de una vivienda, estén o no residiendo en ellas, están en la obligación de pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Una tasa municipal que financia, entre otros, la limpieza de calles, la recogida de basura o el alumbrado público. «Los extranjeros aportan a la economía del lugar donde tienen sus casas, pagan sus impuestos. En vez de penalizarles, igual hay que darle oportunidades», comenta. «Muchos de nuestros clientes tienen su vivienda como inversión y no nos parece justo», añade.

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Por último, lanza un órdago al Gobierno para que invierta y construya en vivienda pública «que permita a las personas vulnerables poder acceder a una casa».

Dos meses para responder

El Ejecutivo de Sánchez dispone de dos meses para contestar a los requerimientos de Bruselas que, en «ausencia de una respuesta satisfactoria» podría enviar un dictamen motivado. Por último, y como paso final, el caso podría acabar en el Tribunal de Justicia de la UE. 

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