Canarias se ve obligada a gastar 880 millones en carreteras en cinco años

El convenio de carreteras firmado en 2018 y prorrogado hasta 2030 disminuye en 24,7 millones de euros la financiación procedente del Estado como consecuencia de los remanentes que se han acumulado del presupuesto asignado en los primeros años de vigencia del convenio y que no se ejecutaron, concretamente entre diciembre de 2018 y diciembre de 2022. La inversión total pactada entre el Ministerio de Transportes y la Consejería de Obras Públicas hasta 2030 es de 1.448,2 millones de euros frente a los 1.472,9 millones previstos cuando se firmó la segunda adenda del convenio en 2022. Entre 2025 y 2030 está previsto que se inviertan 888 millones de euros, lo que supone el 61% de la cuantía global y que obliga a la Comunidad Autónoma a acelerar la ejecución del gasto frente a lo sucedido hasta ahora.

El convenio de carreteras va ya por su tercera adenda, que supone una nueva modificación de los límites y el número de anualidades fijado cuando se firmó originalmente. En 2018 el convenio se suscribió entre los dos gobiernos por un montante de 1.200 millones de euros entre ese año y 2025, con un incremento paulatino de las anualidades entre 60 y 250 millones. En el anexo publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) figuraba un listado de 69 carreteras en las siete islas, que son básicamente las que se siguen manteniendo siete años después.

La primera adenda se suscribió en diciembre de 2019, apenas un año después y la segunda en diciembre de 2022 para adaptar de nuevo las anualidades al ritmo real de las obras ante la inejecución de los fondos y los retrasos en las vías. En esa adenda se elevó la inversión global hasta los 1.472 millones y se prolongó hasta 2027 como consecuencia también de las partidas que adeudaba el Estado a Canarias, tras los fallos del Supremo que dieron la razón a la Comunidad Autónoma en el pleito judicial surgido cuando el Gobierno central del PP redujo de forma unilateral las anualidades del convenio de carreteras.

En la tercera adenda pactada recientemente se realiza una nueva prórroga de tres años más, hasta 2030 debido a la elevada inversión no ejecutada en los años 2023 y 2024, por lo que los remanentes se incluirán en los ejercicios posteriores. Asimismo el Gobierno canario se compromete a ejecutar la anualidad de 2025, mientras que los remanentes se reparten entre 2026 y 2027.

En el acuerdo el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible disminuye su aportación «para regularizar el importe real ejecutado durante el periodo comprendido entre el 16 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2022 derivado del convenio 2006 –fecha del anterior acuerdo de carreteras entre Canarias y el Estado– que supone una disminución del importe total de 24.733.230, 31 euros», según refleja el texto del nuevo pacto.

Según las nuevas anualidades acordadas, la Consejería de Obras Públicas debe asumir una ejecución cercana a los 900 millones de euros hasta 2030, lo que supone el 60% del total del convenio frente a la acumulación de remanentes de años anteriores por la baja ejecución. Un ejemplo es lo sucedido en los dos últimos años ya que en 2023, año de las elecciones autonómicas y el cambio de gobierno, estaban previstos invertir 210 millones de euros y se ejecutaron 156,1 millones, es decir, 53,8 millones menos. En 2024 la previsión era 355 millones de euros y se ejecutaron 176,2 millones, es decir, la mitad de lo previsto. Esta situación ha alarmado al Ministerio que dirige Óscar Puente y preocupa al Gobierno canario por el retraso que supone para las carreteras en marcha y las que ya están planificadas y con proyectos finalizados.

Con la tercera adenda se alarga hasta 2030 el convenio y se distribuyen las anualidades, de tal forma que en este año se contempla una partida a ejecutar de 204,8 millones de euros. En 2026 se prevén 215 millones, en 2027, 210 millones y en 2028, 120 millones de euros. En 2029 se ha previsto una anualidad de 93,6 millones y en 2030, 45,4 millones como remanentes finales del convenio. La previsión del Ejecutivo con esta prórroga de cinco años más es dar margen para finalizar las vías más importantes que están construyéndose, entre ellas la vía Agaete-La Aldea, con una estimación de finalización entre 2027 y 2028, y el Anillo Insular de Tenerife, vías complejas y con un elevado coste, además de otras carreteras que siguen ejecutándose en todas las islas.

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