El ministro Torres: "De mí no van a encontrar ni un audio ni una actuación fuera de la ley"

Ninguna sorpresa en la comparecencia de este lunes del ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en la comisión del Parlamento que investiga posibles irregularidades en la compra de material sanitario por parte del Servicio Canario de Salud (SCS) durante la pandemia. Como en anteriores intervenciones públicas, incluidas las dos que tuvo en el Senado, el que fuera jefe del Ejecutivo del 'pacto de las flores' insistió en que en todo momento "se hicieron las cosas de la mejor manera posible" en un mercado internacional de compra de material sanitario que era un "auténtico mercado persa" y que ningún miembro de su gabinete participó en operaciones corruptas.

"Desprecio la corrupción, la persigo y la perseguiré siempre, antes, hoy y en el futuro; nunca en mi vida he pedido un euro para nada", afirmó en sede parlamentaria en un ambiente político 'contaminado' por el contenido de todos los audios de la Unidad Central Operativa (UCO) que se están publicando en relación con el "triángulo tóxico" al que se refirió la ministra Pilar Alegría: José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García.

Así contamos la comparecencia del ministro Torres

El mismo día en que comparecieron en el Tribunal Supremo (TS) los integrantes de esta trama corrupta que afecta al 'corazón' del PSOE y ha desarbolado al presidente Pedro Sánchez, el ministro aseguró en la Cámara canaria, ante las reiteradas e insistentes preguntas del conservador Fernando Enseñat sobre qué más podría desvelar la UCO, que "podrán salir las conversaciones que sean, pero no van a encontrar ningún audio, ningún mensaje, ninguna actuación mía fuera de la legalidad, ni con mujeres explotadas sexualmente, ni con pisos, ni con mordidas".

"Garbanzos negros"

"Hay que perseguir a los garbanzos negros, a los corruptores y a los corruptibles, pero en democracia no pueden pagar justos por pecadores y una persona no debería estar demostrando su inocencia de forma reiterada", remachó.

"¿Pondría la mano en el fuego por quien fue su estrecho colaborador, Antonio Olivera?", inquirió Enseñat. El nerviosismo del conservador, que cortó la respuesta de Torres sobre su nivel de confianza sobre quien fue director del SCS y responsable de su gabinete en el ministerio, evitó conocer si el expresidente se sometería a ese medieval 'juicio de Dios' y se limitó a asegurar que "hizo una labor magnífica y es una persona honesta y honrada".

Torres defendió la total "implicación" de Gobierno central en las decisiones políticas para combatir la pandemia y el hecho de que se decretara el "mecanismo excepcional" de poder suscribir contratos de emergencia con criterios más laxos que en situaciones normales, lo que posibilitó que algunas empresas -como RR7 o Soluciones de Gestión- pudieran cometer irregularidades: "Si algunos desalmados se aprovecharon, que lo paguen".

Comparecencia de Ángel Víctor Torres en el Parlamento de Canarias

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Torres volvió a derivar las responsabilidades a los "servicios técnicos y jurídicos" del SCS y sobre el exdirector de este departamento, Conrado Domínguez, al que anteriores comparecientes en la comisión han apuntado como responsable de las operaciones irregulares de adquisición de material, Torres fue tajante: "Hay que defender su presunción de inocencia al cien por cien, pero se asumieron responsabilidades políticas cuando dejó de formar parte del gobierno del pacto de las flores".

¿Y sobre Ana María Pérez, exdirectora de Recursos Económicos del SCS, de la que se desconoce culquier implicación con los integrantes de la trama aunque la práctica totalidad de exconsejeros la señalan como culpable? Pues que "solo la ví una vez", pero cree que "hizo las cosas lo mejor posible", además de recordar que el departamento que ella dirigía era el que, "con sus propios técnicos, decidía las contrataciones".

"¿Quién en concreto?", inquirió la nacionalista Vidina Espino. "Lo desconozco, no sé quienes eran los técnicos", respondió el expresidente y actual ministro.

"Es fácil juzgar a toro pasado"

Asimismo alabó el "trabajo de los cuatro hombres y mujeres que hicieron un trabajo ímprobo" en el seno del comité científico, al que desligó de cualquier decisión sobre las empresas a las que había que contratar y del que destacó que "nos ayudó a planificar el inicio del curso escolar, con garantías," en septiembre de 2020: "Ellos hacían aportaciones que nos ayudaron a tomar después decisiones políticas que hicieron que Canarias fue la comunidad autónoma con menor número de fallecidos, entre otras cosas porque hicimos tres test a toda la población".

"Es muy fácil juzgar las cosas 'a toro pasado', pero insisto en que tomamos las decisiones que tuvimos que adoptar y si nos equivocábamos, rectificábamos", insistió Torres.

El ministro reiteró por activa y por pasiva que los miembros de su Ejecutivo, o él mismo, participaran en una operación fraudulenta a cambio de suscribir contratos con Soluciones de Gestión, la entidad vinculada con Ábalos, García y el empresario Víctor de Aldama y sobre sus contactos con el exasesor del ministro de Transportes introductor de la empresa que logró dos contratos por valor de 12,5 millones por la compra de mascarillas y material sanitario durante la pandemia, dijo que se mantuvieron para solucionar un impago por parte del SCS por un contrato que había que cumplir y tras comprobar que la mercancía se había entregado en perfecto uso. Un abono que, de no hacerse de inmediato, podía derivar en una deuda por intereses de demora: "Tenía derecho la empresa en su reclamación".

Sin embargo, desde CC y el PP se insiste en señalar al expresidente Torres como máximo responsable político de las posibles compras irregulares. ¿La defensa del ministro y expresidente de Canarias? Pues la hizo en tercera persona y usó el 'plural mayestático': "Desde hace mucho tiempo, la voluntad del PP es enfangar la imagen de Torres, al que quieren vincular en una trama".

La misma tesis que suscribió la socialista Nira Fierro: "Su único pecado es ser socialista y querer ganar elecciones".

Y es que Fierro incidió en el hecho de que de "los más de 1.400 contratos suscritos por el SCS solo uno resultó fallido en cuanto a la entrega del material y está siendo objeto de reclamación judicial y administrativa", el que tiene que ver con el millón de mascarillas facturadas a RR7 por cuatro millones de euros y que nunca llegaron. Un dato que para el PSOE revela, "de forma inequívoca, que siempre se actuó pensando en el interés general" y que el PP "no le interesa la verdad".

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