El Estado vuelve al TS con la tarea sin hacer: ni un niño refugiado atendido
«Es un incumplimiento sobre otro incumplimiento», denuncia Cabello
El Gobierno central lleva 90 días sin acatar las medidas cautelares del Supremo

Un voluntario de Cruz Roja atiende a un niño en El Hierro. / Efe

El Gobierno de España no ha hecho los deberes. El sistema de acogida de menores migrantes en Canarias sigue colapsado y mañana expira el segundo plazo fijado por el Tribunal Supremo para que el Estado atienda a los menores con derecho a asilo, que deben ser integrados en el sistema de protección internacional y que están acogidos en centros del Archipiélago. Han pasado 90 días desde que se dictó el auto —que daba un primer plazo improrrogable de diez días— y no se ha dado ningún paso adelante. «Es un incumplimiento sobre otro incumplimiento. No se ve voluntad de avanzar», resume el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, que expresa abiertamente su malestar ante la inacción estatal.
Canarias, mientras tanto, sigue sosteniendo en solitario un sistema desbordado. Cuando el Supremo dictó el auto, el pasado 25 de marzo, había 1.008 menores solicitantes de asilo en el Archipiélago; hoy ya superan los 1.300, según datos actualizados por el Ejecutivo regional. Cabello recalca que la responsabilidad de dar respuesta a las medidas cautelares recae en el Estado, único competente para gestionar el sistema nacional de protección internacional. Sin embargo, las contradicciones dentro del propio gabinete han acentuado la parálisis: la ministra de Infancia, Sira Rego, ha prometido declarar la contingencia migratoria y comenzar las derivaciones antes del verano, pero desde el Ministerio de Migraciones, Elma Saiz no ha activado los cambios necesarios para adaptar el sistema, diseñado para adultos y familias, no para menores no acompañados.
Ni recursos ni traslados
La vista celebrada el 29 de mayo confirmó que no se había producido ningún avance, y el tribunal dio un nuevo plazo para que el Ejecutivo central pusiera un plan sobre la mesa. Ahora, agotado ese tiempo, la situación no ha cambiado en absoluto: no han salido niños de los centros canarios, no se ha reforzado la Policía Nacional para agilizar las citas y tramitar los expedientes y no se ha hecho ni una sola entrevista. «La situación administrativa no ha cambiado en nada», denuncia Cabello. Los centros en Canarias continúan al límite, con niños soldados, menores de colectivos sensibles o que han perdido familiares en la travesía compartiendo espacio en condiciones de vulnerabilidad extrema. «Necesitamos bajar la presión de los centros porque un día va a pasar algo», alerta el viceconsejero de la Presidencia.
La ley del embudo
En esa última cita ante el alto tribunal, el Gobierno central presentó de manera unilateral un protocolo de actuación que fue rechazado por la Sala al considerarlo insuficiente. El Ejecutivo canario se opuso al documento desde el primer momento. «Se demostró que el Estado abordaba la situación con la ley del embudo: el lado estrecho para ellos y el ancho para Canarias», reprocha Cabello, quien describe la propuesta como «la de un estudiante que llega mal y tarde». A partir de ese momento se abrieron contactos discretos entre administraciones, muy espaciados al principio, que solo en los últimos días han cobrado algo más de ritmo.
El Gobierno de Canarias, subraya Cabello, lleva dos años batallando para garantizar que ningún niño quede desatendido. En solo 15 meses, el Archipiélago ha pasado de 24 a 82 centros activos, ha movilizado 194 millones de euros y ha declarado la emergencia para poder sostener la red de acogida. «Claro que crear un sistema de atención a menores es complejo, pero Canarias lo ha hecho», recuerda. Frente a ese esfuerzo, reprocha la pasividad del Estado: «Podían haber hecho mucho más de lo que están haciendo».
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