Canarias pierde la paciencia con el Estado: "116 días después ni un solo menor ha sido acogido en asilo"
El Gobierno de Clavijo increpa al Ejecutivo de Pedro Sánchez que no cumpla ni la ley de extranjería ni los autos del Tribunal Supremo

Imagen de archivo de varios menores arribados a Canarias en un cayuco. / E.D. / L.P.

Canarias ha remitido al Estado casi 950 expedientes individualizados y con toda la documentación en regla de otros tantos menores migrantes no acompañados que han pedido asilo y ser trasladados a la Península. Sin embargo, «ni uno solo ha salido de Canarias 116 días después», como confirmó este lunes el portavoz y viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello.
Una denuncia que ya hizo la Comunidad Autónoma el pasado 10 de julio y que se mantiene en los mismos términos, lo que confirma que el Gobierno que preside Fernando Clavijo está harto de la inacción de la Administración del Estado para solucionar el drama de los casi 6.000 menores migrantes no acompañados que están «hacinados» en los centros de acogida de las Islas.
Una acusación de pasividad estatal que se reitera en las horas previas a que mañana se remita al Tribunal Supremo (TS) el informe conjunto que el Estado y la Comunidad Autónoma debe hacer llegar al Alto Tribunal sobre cómo está la situación: «No tiene buena pinta y va a ser difícil llegar a un acuerdo».
Por lo tanto, Cabello avisa: «Si las discrepancias no se recogen, Canarias presentará documento separado» y señalará de forma directa al Estado por incumplir los autos del propio Supremo que obligan al Ejecutivo central a incluir de forma inmediata en el Sistema de Protección Internacional al millar de menores sin progenitor llegados a Canarias que han solicitado asilo.
Ni trucos ni triquiñuelas
«No ha comenzado el itinerario ni uno solo de esos menores, 116 días después del primer auto del TS, y no se ha llevado a cabo ni una sola entrevista para poder asumir el asilo. Aquí no caben más trucos ni triquiñuelas y lo que debe hacer el Estado de una vez es dar la cara y el Supremo tiene que ser consciente de todo esto que está pasando», insistió Cabello.
A ello se suma la otra derivada del drama migratorio de los menores que están solos: el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez «tampoco ha hecho cumplir la ley de extranjería y no ha iniciado la distribución de los menores» entre las distintas comunidades autónomas, con independencia de que once de ellas han recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) la modificación del artículo 35 que se aprobó en el Congreso de los Diputados. «La ley hay que aplicarla».
Por ello, Cabello también expresó la necesidad de que el Consejo de Ministros apruebe mañana el decreto para comenzar la distribución entre todas las autonomías el próximo 28 de agosto –tal y como se comprometió la pasada semana la ministra de Infancia, Sira Rego– no sin antes insistir en que este retraso solo es imputable al Estado «porque la ley está aprobada y validada» desde abril.
Fuego cruzado
«Aquí hay una prioridad, que es acabar con el hacinamiento en los centros de Canarias y lo cierto es que nadie, ni el Estado ni las comunidades autónomas, están haciendo nada a favor porque el ambiente de crispación que hay en la política estatal ha convertido a los niños y niñas en un arma arrojadiza y es la sociedad canaria la que se encuentra en el fuego cruzado de este enfrentamiento entre bloques», concluyó Cabello.
En este sentido, el vicepresidente del Gobierno y líder del PP canario, Manuel Domínguez, defendió que las comunidades autónomas gobernadas por los barones conservadores –más la castellanomanchega del PSOE– boicotearan la pasada semana con su ausencia la celebración de la Conferencia Sectorial de Infancia al entender que «de esta manera, el Gobierno de Pedro Sánchez se ve obligado a tomar medidas urgentes».
«Aplaudo y celebro que, de una vez por todas, el PP haya tomado medidas en el ámbito nacional con respecto a la distribución de los menores no acompañados porque el Gobierno de España estaba estirando la situación y alargando la toma de decisión porque han intentado buscar a un culpable y no una solución», afirmó. Para Domínguez, como también expresó Cabello, «la ley hay que cumplirla y quien tiene que hacerla cumplir es el Gobierno, y si esto pasara en Cataluña ya el problema estaría solucionado».
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