Vertidos incontrolados en Canarias por la falta de personal técnico e infraestructuras

La ausencia de personal técnico cualificado y la falta de infraestructuras de depuración sigue dejando al mar como receptor habitual de aguas residuales sin control en Canarias. Así lo admite el propio Gobierno autonómico, que este lunes presentó el nuevo censo de vertidos tierra-mar, una radiografía actualizada de un problema estructural. De los 403 puntos registrados en el Archipiélago, 216 carecen aún de autorización y la mayoría son de titularidad pública.

El consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, presentó el censo como una herramienta clave para la “transparencia y el conocimiento” de una situación que calificó de “punto de inflexión”. El informe refleja que 361 puntos de vertido están actualmente activos, es decir, emitiendo aguas residuales al mar, aunque no todos están autorizados. "La falta de infraestructuras de depuración y de personal técnico en los ayuntamientos y cabildos explica buena parte del problema”, reconoció Zapata, que subrayó además que su departamento solo tiene competencia en la autorización de los vertidos tierra-mar, pero no en la construcción de las instalaciones necesarias ni en la calidad del agua de baño.

A través del visor de Grafcan, cualquier ciudadano puede consultar el estado de cada uno de los vertidos: los autorizados aparecen en verde, los que están en trámite en amarillo y los no autorizados en rojo. De estos últimos, el 72 % son responsabilidad de administraciones públicas.

Objetivos para 2027

Con la publicación del nuevo censo, el Ejecutivo autonómico se ha marcado como objetivo que en 2027 al menos el 85% de los vertidos no autorizados estén ya en trámite de regularización y que el 60% cuenten con autorización definitiva. Para lograrlo, la Consejería de Transición Ecológica planea intensificar el trabajo con ayuntamientos y cabildos. “No tenemos competencias para construir depuradoras, pero sí para empujar a quienes las tienen”, insistió Zapata.

El Gobierno también trabaja en un decreto específico sobre vertidos que busca simplificar y agilizar los procedimientos administrativos, muchas veces atascados por falta de documentación técnica. Además, se ha priorizado el seguimiento estrecho de los 20 vertidos más problemáticos del archipiélago -autorizados o no-, y se han activado programas de formación para técnicos locales, junto a un refuerzo del equipo de inspección. “Por primera vez tenemos una hoja de ruta clara para revertir esta situación”, aseguró el consejero.

Entre los casos prioritarios señalados por el Gobierno se encuentran el vertido no autorizado del Teatro Pérez Galdós, en Las Palmas de Gran Canaria, y el de Cabo Llanos, en Tenerife, que pese a estar autorizado requiere seguimiento especial por su volumen.

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