Jóvenes y mayores bajo un mismo techo: así combate Canarias la soledad no deseada y la falta de vivienda

Compartir piso ya no es solo cosa de estudiantes. El Gobierno de Canarias empieza a darle forma a un modelo de convivencia que pretende unir a dos generaciones con necesidades distintas pero complementarias: jóvenes que no pueden acceder a una vivienda y mayores que buscan compañía frente a la soledad que, en muchos casos, es no deseada. La conocida como vivienda intergeneracional busca un hogar compartido donde, más que dividir gastos, se compartan experiencias y apoyo mutuo, y transformar así la idea de piso compartido en una apuesta por la solidaridad y el cuidado entre generaciones.

La idea no es novedad, de hecho en muchos puntos de la geografía española ya tienen en marcha programas de convivencia intergeneracional. En diversos territorios europeos como Francia, por ejemplo, es habitual esta práctica.

Una alternativa, no una solución

«Esto no es una solución a los problemas estructurales de las Islas pero sí una alternativa y una manera de atacar la imposibilidad, por parte de muchos jóvenes, de acceder a una vivienda y un fenómeno, como la soledad no deseada, que se acentúa cada vez más en nuestros mayores», comenta Itahisa Hernández, miembro del equipo Agenda 2030 de IRLab del Gobierno de Canarias que coordina el proyecto.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 17% de la población canaria tiene más de 65 años. Por provincias, la de Santa Cruz de Tenerife es la más envejecida con un 18,7% frente a la de Las Palmas con un 17%. Una cifra que en los próximos años se espera que alcance el 20% con la jubilación y crecimiento de la conocida como generación del baby boom, el grupo poblacional más numeroso de nuestro país.

Provivienda ejecuta la idea

El proyecto, aunque esté liderado por el Ejecutivo autonómico, será ejecutado por Provivienda, una organización no gubernamental (ONG) que promueve programas de vivienda social y gestiona más de 10.000 alojamientos para personas con dificultades de acceso a la vivienda, ya sea protegida o en régimen libre.

«El motivo principal de que se haga a través de Provivienda es porque ya tienen experiencia a nivel nacional y porque ya cuentan con recursos habitacionales donde se pueda llevar a cabo el comienzo de este proyecto piloto», señala Hernández.

No solo por eso. Actualmente España carece de una normativa legal que regule el alquiler de habitaciones como sí tienen otros países europeos. «El contrato es algo muy complicado, así que será una relación horizontal entre las personas participantes y que ambas sean titulares de un contrato de arrendamiento», aclara Hernández.

Por el momento, la prueba comenzará este año únicamente en Gran Canaria, donde la ONG tiene más domicilios y donde ya hay perfiles que se postulan a llevar a la realidad la idea. «Se ha realizado un mapeo, se han identificado personas que estén dispuestas a participar y, por supuesto, que estén en disposición de querer compartir casa con una persona mayor», comenta Hernández.

Menores de 35 años y mayores de 65

Estas últimas serán mayores de 65 años, la tercera edad, pero no más de 80, la cuarta, por problemas de dependencia o complejidades que pueden presentar propias de la edad. En cuanto a los jóvenes, serán menores de 35 años que estudien, trabajen o ambas cosas y paguen una renta por la vivienda así como los gastos que conlleve la convivencia. De hecho, van más allá y Hernández añade que «la idea inicial es empezar también con personas que ya hayan compartido piso y sepan cómo funciona».

Talleres previos y larga continuidad

El comienzo del proyecto es una parte crítica y, por ese motivo, tanto mayores como jóvenes recibirán formación a través de talleres previos en resolución de conflictos, tolerancia o convivencia. «La diferencia de edad, la mentalidad o el desconocimiento de los modos de vivir hay que pulirlos para un proyecto que, ser positivo, ayudará a ambas partes», añadió Hernández. Eso antes. Durante el tiempo que convivan ambas generaciones, contarán con un equipo de acompañamiento que garantice la compatibilidad de las personas y ayudara, si hiciera falta, a resolver conflictos si los hubiera.

«No queremos que quede en saco roto esta idea, sino que se alargue en el tiempo y tenga una larga continuidad, también para poder analizar realmente cómo se desarrolla la experiencia», asegura Hernández.

Y esta larga temporalidad es otro de los motivos por el que comienza el proyecto en la isla grancanaria y, por el momento, con pocas personas. La coordinadora incide en que el éxito estará en una evaluación de impacto que se hará durante el proceso y «marcará los resultados, dirá las cosas a mejorar, en qué estamos fallando o qué necesitamos para avanzar». Será ahí cuando, aclara, comience a crecer este proyecto y se haga extensible a otras islas.

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