Dos de cada tres municipios canarios de menos de 10.000 habitantes piden ayuda al ‘funcionario virtual’ del Gobierno
En cuatro meses un total de 31 de los 47 ayuntamientos de la 'Canarias vaciada' se dirigieron a la oficina específica de la Consejería de Política Territorial

Un ganadero en una finca de una zona rural de un municipio de menos de 10.000 habitantes en Canarias. / José Carlos Guerra

Es un hecho que los ayuntamientos de los 47 municipios de menos de 10.000 habitantes carecen de personal suficiente para hacer expedientes de contratación, ordenanzas fiscales, pliegos o presupuestos, presentar subvenciones o agilizar el otorgamiento de licencias y, además, sacar adelante los planeamientos territoriales. Esa es una de las conclusiones a las que llegaron los cien expertos que durante seis meses de 2024 elaboraron, por mandato de la Primera Conferencia de Presidentes de Cabildos celebrada en abril de ese año, un total de 51 medidas para afrontar el reto demográfico y el desarrollo sostenible del Archipiélago durante los próximos 25 años.
Una de esas propuestas, que se puso en marcha en mayo, es la llamada Oficina Virtual del Reto Demográfico (OVRD), a la que han acudido 31 de los municipios -el 66%- de la llamada 'Canarias vaciada' en busca de apoyo para elaborar expedientes de contratación, ordenanzas fiscales, presentación de subvenciones o agilización de licencias para la aplicación de las diferentes normativas: un total de 176 peticiones de ayuda al "compañero del pupitre de al lado", como le gusta denominar a esta oficina el director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz.
Fasnia (Tenerife) es el ayuntamiento que más amparo ha pedido a esta oficina gubernamental (41 peticiones), seguido a gran distancia por Vega de San Mateo (Gran Canaria), Betancuria (Fuerteventura) y el tinerfeño San Juan de La Rambla, con 15 demandas de apoyo cada uno. Los que menos cooperación demandaron -solo una petición- fueron los grancanarios Agaete, Artenara y Tejeda; los tinerfeños El Sauzal, Garachico y La Matanza de Acentejo; los palmeros Puntallana y Tijarafe, Haría (Lanzarote) Hermigua (La Gomera) y Frontera (El Hierro). Por islas, Tenerife encabeza las solicitudes realizadas con 106, seguida de Gran Canaria con 30 solicitudes, Fuerteventura (15), La Gomera (12), Lanzarote (8) La Palma (4) y El Hierro (1).
Licencias municipales
Los datos que maneja la dirección general de Cruz desvelan que el mayor número de solicitudes de ayuda corresponde a todo lo relativo a licencias (61), seguida de petición de apoyo para elaborar ordenanzas fiscales (30), presentación de subvenciones (21) y apoyo en expedientes de contratación (21). Mención aparte tienen las 24 solicitudes que corresponden a consultas técnico-jurídicas que, «por su naturaleza transversal o poco definida, no encajan claramente en ninguna de las líneas establecidas o pueden englobar aspectos de varias líneas». Como asegura Cruz, «un ejemplo común son consultas previas sobre actividades clasificadas, que aún no han derivado en una solicitud de licencia formal y, por tanto, se canalizan por esta vía».
Cruz recuerda que los ayuntamientos canarios, sobre todo los más pequeños, acumulan desde hace décadas problemas en su gestión diaria por la falta de secretarios, interventores y tesoreros, a lo que se unen las insuficientes convocatorias para cubrir vacantes, las jubilaciones y la resistencia de los funcionarios de solicitar plaza en los ayuntamientos más pequeños son los motivos de esta situación que los municipios han parcheado con enormes dificultades que no solo ralentizan la gestión, sino que incluso llegaron a paralizarla.
Por ello, esta oficina virtual «saca adelante en tiempo real» los expedientes solicitados por un técnico del Cabildo de La Palma y 104 técnicos municipales, lo que para Cruz evidencia «una creciente implicación por parte de los municipios destinatarios».
No morir de éxito
«No queremos morir de éxito, por eso vamos poco a poco y analizando lo que piden para ir mejorando en lo que es el funcionamiento de esta oficina virtual», insiste Cruz.
Por ello, esta herramienta se va a complementar con la que el 5 de septiembre creó el Gobierno canario: la oficina de consulta jurídica de apoyo a los cabildos y ayuntamientos en planeamiento y ordenación del territorio.
La OVRD, junto a la oficina técnica de apoyo y la reciente asesoría jurídica virtual, forma parte del ‘tridente’ de apoyo a los municipios puesto en marcha por la Consejería de Política Territorial de Manuel Miranda para «apoyar a las administraciones locales, cabildos y ayuntamientos, en el impulso a la actualización del planeamiento en Canarias».
Para esta consejería, la ordenación del territorio «es clave para mantener un desarrollo ordenado y cohesionado de las islas» y por esta razón Cruz cree que la OVRD recibe tantas peticiones para elaborar informes técnicos de licencia o comunicación previa, que incluye requerir documentación adicional al propietario o al propio ayuntamiento en lo referente al informe técnico de conformidad.
Problemas de resolución
Del total de las 176 solicitudes de ayuda recibidas, la oficina resolvió con éxito el 62,5% de las mismas. Según Cruz, la agilidad para evacuar una solicitud depende de diversos factores y, en el caso de los expedientes de contratación, con frecuencia es necesario solicitar documentación adicional al ayuntamiento.
«Esto ocurre, por ejemplo, cuando se está a la espera del informe del órgano de intervención para la aprobación de la partida presupuestaria, o cuando aún no se han fijado criterios en el pliego de cláusulas administrativas particulares o este está pendiente de revisión por parte del ayuntamiento antes de emitir el informe correspondiente», explica el director general.
Por lo que se refiere a las ordenanzas fiscales, además de analizar si se trata de una modificación de una tasa preexistente o de una nueva imposición, y del tipo de tasa, impuesto o precio público a implantar, «hay que tener en cuenta que, a menudo, los municipios solicitan que el apoyo de la OVRD incluya la redacción del articulado, la elaboración de la memoria justificativa, el cálculo de las tasas y el informe técnico-económico, todo ello conforme a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ya que no tienen el personal para llevarlo a cabo».
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