Los afectados por la ley de vivienda vacacional acusan a Turismo de provocar un 'efecto llamada' para justificar la nueva norma

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) ha llevado a cabo este miércoles un nuevo intento en el Parlamento de Canarias para revertir el "mazazo que para las familias y los pequeños propietarios" supone el contenido de la ley de uso turístico de la vivienda que ya está en trámite de ponencia en la Cámara regional. Es más, han insinuado que la Consejería de Turismo que dirige Jéssica de León, generó a sabiendas un "efecto llamada buscado" durante el proceso de elaboración del texto, sin decretar una "moratoria de nuevas licencias, como nosotros pedimos", para poder justificar la existencia de la ley.

"De las 70.000 viviendas vacacionales dadas de alta, se están dedicando a la actividad 48.000 y, obviamente, con 48.000 no se justifica la ley, pero con 70.000, sí", afirmó en presencia de la propia consejera De León el vicepresidente y abogado de Ascav, Javier Valentín Peñate, en el seno de la Comisión de Turismo.

"No se trata de cómo regular, sino para quién se va a regular y de si realmente van a apoyar y salvar a las familias canarias que se dedican a esta actividad o lo que se está haciendo es sacarlas del mercado para favorecer a los grandes tenedores y hoteleros", espetó la presidenta de Ascav, Doris Merino, a los grupos parlamentarios.

Premisa errónea

Tal y como explicó Peñate al usar datos del Colegio de Economistas de Las Palmas, el proyecto de ley que se quiere aprobar para que entre en vigor en enero es "parte de una premisa errónea", ya que "el 67% de las viviendas vacacionales en Canarias no son tales, sino apartamentos turísticos y bungalows, con lo que solo el 30% de las restantes son viviendas residenciales".

La totalidad de los portavoces de los grupos parlamentarios insistieron en que la voluntad política es proteger a los pequeños propietarios, pero tanto Peñate como Merino insistieron en que la futura ley va "en dirección contraria".

La "enterradora" actividad clasificada

Para argumentar la contradicción entre lo que dicen defender los grupos parlamentarios y lo que se incluye en la ley, Peñate puso el ejemplo de considerar el alquiler vacacional "que obliga a un trabajador por cuenta ajena o incluso un pensionista a tener que darse de alta como autónomos", además de considerar a este tipo de uso turístico de la vivienda como "una actividad clasificada, una figura que es la auténtica enterradora de la vivienda vacacional" que incluye la "injusticia" que supone que a las nuevas que se den de alta cuando se apruebe la nueva legislación "no se les exija".

Y a todo ello se une la prohibición de heredar las declaraciones responsables para evitar la especulación pero sin reparar en el hecho de que "una familia canaria que dependa del alquiler vacacional perderá la posibilidad de continuar con esa actividad ante el fallecimiento del titular".

Expulsar al pequeño

En este punto, precisamente, los representantes de Ascav contaron con el apoyo del diputado de ASG Jesús Ramos y del socialista Gustavo Santana, pues el primero de ellos planteó la posibilidad de presentar una enmienda in voce durante los debates en ponencia para permitir que la actividad de alquiler vacacional pueda heredarse y el diputado del PSOE expresó la necesidad de estudiar la posibilidad en aras del consenso, pues "cualquier norma en el ámbito turístico, con la importancia que este sector tiene para Canarias, sin consenso no será duradera".

"Llevamos más de 12 años luchando para que el modelo de vivienda vacacional sea reconocido como una actividad de propietarios particulares, diferenciándola de los grandes tenedores de edificios completos, cuyo interés es expulsar al pequeño propietario, y eso es lo que ocurrirá si se aprueba la ley tal como está redactada", insistió la presidenta de Ascav.

Esta reflexión llevó al socialista Santana a insistir en la necesidad de llegar a un amplio acuerdo que rebaje la preocupación expresada por los pequeños propietarios, mientras que la nacionalista Diana Lorenzo recordó que se debe apostar por una "regulación equilibrada dirigida a la sostenibilidad" del modelo turístico, que es distinto en cada isla e, incluso, en cada zona diferente de los ocho territorios insulares. Por ello, defendió que "ordenar no es excluir, sino garantizar la convivencia y prosperidad colectiva".

Diez meses de retraso

También PP, NC-Bc y Vox coincidieron en no culpabilizar a los pequeños propietarios de viviendas en alquiler vacacional de la actual emergencia habitacional por la escasez de inmuebles, aunque discreparon a la hora de señalar a los causantes. Mientras que para la canarista Natalia Santana lo que "genera tensión" es la falta de vivienda pública en las dos últimas décadas, para la diputada de la derecha radical Paula Jover hay que mirar a la inmigración y a la okupación.

La ponencia que comenzará a debatir el más del centenar de modificaciones presentadas al proyecto de ley se reunirá el próximo 6 de octubre, diez meses después de ser aprobado por el Gobierno.

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