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Los cabildos ponen reparos a la ley de municipios turísticos

Reclaman más participación en el desarrollo de la norma y que se tenga en cuenta la realidad de cada isla en su aplicación

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, ayer en la Comisión de Cabildos del Parlamento.

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, ayer en la Comisión de Cabildos del Parlamento. / R. de la Rocha / Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Los cabildos respaldan la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Municipios Turísticos pero sí ven necesaria una mayor participación de las corporaciones insulares en la regulación y ordenación prevista por la futura norma. También los ayuntamientos pequeños de las denominadas islas verdesLa Palma, La Gomera y El Hierro— advierten que requieren de un «traje a medida» ya que sus circunstancias son diferentes y no pueden cumplir con los requisitos establecidos en la ley para tener el estatus de municipio turístico, entre los que se encuentran contar con una población turística anual cinco veces superior a la empadronada, tener un mínimo de 4.000 plazas de alojamiento turístico o contar con un número de camas de cinco estrellas igual o superior al 10% de la población.

Los representantes de los 13 ayuntamientos promotores de la iniciativa legislativa comparecieron ayer en la Comisión General de Cabildos del Parlamento junto a dirigentes de los cabildos y de los grupos parlamentarios. Tras el lanzamiento de la proposición de ley, la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) se ha visto obligada a autoenmendar el texto tras las divergencias surgidas con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y por el dictamen del Consejo Consultivo, que ponía reparos al considerar que los 88 municipios de Canarias son un «destino turístico» y que una ley específica para unos pocos puede generar «inseguridad jurídica». Por ello, el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, aludió ayer en la Cámara a dos rangos a la hora de declarar a un núcleo municipal como turístico: la excelencia y la singularidad.

Los ayuntamientos de las islas verdes piden un «traje a medida» para poder cumplir con los requisitos de la ley

La excelencia hace referencia a aquellos municipios con un importante número de plazas turísticas o alojamientos de cinco estrellas, como estaba previsto en el texto inicial; mientras que la singularidad es para los que tienen elementos únicos, como por ejemplo un monumento natural, los carnavales o un puerto con atraque de cruceros. Los municipios que quieran participar como singulares deben tener al menos dos singularidades, con excepción de los municipios de las islas verdes, que solo necesitarán una. La proposición de ley también prevé requisitos más flexibles para la declaración de municipios de excelencia turística en las islas verdes, donde solo se requiere cumplir uno de los tres requisitos y no dos como en las demás islas. Asimismo, se suprime del texto cualquier referencia a una ficha financiera o presupuesto para dotar a este tipo de municipios.

Reclamo de participación insular

A pesar de estos cambios, los cabildos presentes en la comisiónEl Hierro, Fuerteventura, La Gomera y Tenerife—, además de la mayoría de los grupos parlamentarios, advirtieron la necesidad de que la ley tenga en cuenta las particularidades de cada isla y de aquellos enclaves que no tienen condiciones para cumplir con los requisitos establecidos. Por ello, durante el trámite parlamentario de la iniciativa se presentarán enmiendas que maticen algunos aspectos del texto.

En este sentido, la consejera de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, Marlene Figueroa, indicó que la nueva norma «debe responder a las realidades insulares» y que el número de camas «no debe ser el principal criterio», sino también la sostenibilidad del destino, la apuesta por la calidad y el equilibrio del turismo con la población local. La dirigente majorera reclamó más protagonismo de las corporaciones a través de una comisión insular de municipios turísticos.

José Miguel Ruano, vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife, mostró sus dudas sobre la inclusión de las viviendas vacacionales en el cómputo de camas mínimas para ser considerado municipio turístico y recordó que los cabildos son también órganos de la Comunidad Autónoma y responsables de la planificación territorial de la isla, por lo que reclamó más participación de las corporaciones insulares en el desarrollo de la ley.

Críticas de los grupos políticos

Por los grupos parlamentarios, tanto Raúl Acosta, de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), como Melodie Mendoza, de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), cuestionaron la “vara de medir” de la ley para declarar turístico a un ayuntamiento y reclamaron una «excepción razonada» para las islas verdes y «afinar un poco más» para que estas islas tengan un «traje a medida», ya que también reciben visitantes y contribuyen al destino turístico de Canarias, aunque no en las dimensiones que marca la iniciativa legislativa de la AMTC.

El portavoz de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, considera que la ley debe contar con un «equilibrio» para que «todos se sientan cómodos», por lo que el texto debe dar respuesta a las distintas realidades ya que, según el dirigente nacionalista, «los municipios turísticos también dependen del resto de municipios y de la isla en la movilidad, la seguridad, los servicios o la planificación».

El portavoz del PSOE, Gustavo Santana, centró su intervención en la «inseguridad jurídica» en la que puede incurrir esta ley cuando el Gobierno regional está reformando las distintas leyes autonómicas del turismo, entre ellas la norma de 1995. Los socialistas defendieron la necesidad de aprobar el texto antes de finalizar la legislatura para evitar lo ocurrido con la anterior iniciativa de 2007, que finalmente no fue aprobada por el Parlamento. Asimismo, Santana avisó que el desarrollo de esta ley requiere de presupuesto y de una «corresponsabilidad financiera» entre las administraciones.

El portavoz de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, advirtió sobre el riesgo de incentivar un modelo turístico de masas con el criterio de las 4.000 camas introducido en la ley, en un contexto en el que está en pleno debate la necesidad de contener el crecimiento turístico y poblacional.

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