El PSOE quiere que el Parlamento en bloque condene la filtración de las conclusiones preliminares de la 'comisión covid' que señalan a Torres

El PSOE quiere estirar al máximo el chicle sobre la "filtración" del informe preliminar elaborado por Raúl Acosta, diputado de AHI y presidente de la comisión que investiga posibles irregularidades del Servicio Canario de Salud (SCS) en la adquisición de material sanitario durante la pandemia, que fue publicado por este periódico y que centraba las responsabilidades políticas en el expresidente y actual ministro Ángel Víctor Torres y los exconsejeros de Sanidad Julio Pérez y Blas Trujillo.

Por ello, y tras sus iniciativas solicitando la dimisión de Acosta y exigir a la Mesa de la Cámara regional que abriera una indagación oficial referida a la revelación de un documento "secreto", ahora quiere que el pleno del Parlamento exprese, de forma unánime y en bloque de sus 70 diputados, "su firme condena a la filtración de documentación reservada, que debe ser tratada con la máxima confidencialidad hasta la conclusión de los trabajos parlamentarios",

Ese es el contenido principal de la propuesta que defenderá el próximo 15 de octubre el portavoz parlamentario socialista, Sebastián Franquis y que, en principio, saldrá adelante pues varios grupos parlamentarios consideran que votar en contra puede servir a los socialistas para seguir alimentando una 'cortina de humo' que desvíe la atención de lo que creen más importante que la "filtración": dirimir de quienes son las responsabilidades políticas que se derivan de los errores detectados en la compra de material sanitario.

"Deber de sigilo"

Por el contrario, lo que está en juego para los socialistas es mostrar, como ha denunciado en las últimas semanas el propio Franquis, que se ha quebrado "el estricto cumplimiento" del Reglamento de la Cámara regional y se vulneró el "deber de sigilo y el carácter secreto de determinadas gestiones parlamentarias". Por este motivo, la iniciativa incluye que el Parlamento declare que "la divulgación no autorizada de información interna menoscaba la integridad de los procedimientos, erosiona la confianza en las instituciones públicas y perjudica tanto la labor de los representantes como el derecho de la ciudadanía a un proceso transparente y justo".

Es más, el PSOE argumenta que la investigación abierta por la propia Mesa del Parlamento hace dos semanas -y que aún no ha concluido- se basa precisamente en si con la distribución del 'informe Acosta' se vulneraron los artículos 21 y 78.3 del Reglamento. En base a ellos, y para paliar "el grave daño a la imagen institucional", e incluso el debilitamiento de su "prestigio y credibilidad", solicitó a los "integrantes de la ponencia" que "para el esclarecimiento de los hechos que se denuncian" por parte del PSOE comunicaran "si disponen de alguna información sobre la posible autoría de la filtración y de las circunstancias en las que esta pudo haberse producido".

Nadie sabe nada

Según han confirmado varios diputados implicados en la investigación, todos los ponentes han contestado a la Mesa de la Cámara desconocer lo que pudo ocurrir, así como qué hará la propia Mesa en los próximos días, si dar por concluida la investigación o ampliarla abriendo el abanico de las pesquisas solicitando datos a más señorías.

Pese a que la iniciativa busca "reiterar el compromiso inquebrantable de esta Cámara con la transparencia, la rendición de cuentas y la defensa del interés público", lo cierto es que varios diputados expresaron en los pasillos del Parlamento que el PSOE está intentando amordazarlos, pues no en vano la propuesta incluye "revisar y reforzar los mecanismos de seguridad y custodia documental, con el fin de prevenir la repetición de hechos similares". Es más, son varios los que hasta apuntan la posibilidad de que el debate de la propuesta socialista puede quedar solapado esa misma semana por una posible nueva publicación de un informe -"filtrado, por supuesto", afirman con ironía- de la Unidad Central Operativa (UCO) que puede afectar a dirigentes políticos canarios.

Informar, pero con reservas

Estas acusaciones al PSOE de querer poner una mordaza a los diputados y desviar la atención de las posibles responsabilidades políticas que afectan a importantes personalidades del socialismo canario las niega el portavoz parlamentario al recordar que en la propia iniciativa a debatir se incluye un punto por el que la Cámara regional se compromete "a garantizar una información clara y puntual a la ciudadanía, conciliando el derecho a ser informada con la necesaria protección de aquellos aspectos que requieran reserva por razones de legalidad o interés público".

El polémico ‘informe Acosta’ expone que si Torres, Pérez y Trujillo "se han felicitado en diferentes ocasiones por el resultado de las decisiones adoptadas" y se han apropiado de "los buenos resultados pandémicos, es lógico que también se responsabilicen en igual medida de aquello que no funcionó". Una tesis que argumenta sobre la base de un artículo publicado por el catedrático de Derecho Constitucional Joaquín García Morillo en el que éste señala que "si un subordinado comete un delito, su superior no puede ser –por ese solo hecho, se entiende– penalmente responsable y sí puede, sin embargo, ser políticamente responsable".

Una tesis que, para el PSOE, "tiene un claro sesgo político y no es imparcial ni neutral, como debería serlo el presidente de una comisión que representa a todos".

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