La política exterior reduce a la mitad la llegada de cayucos desde Mauritania

Las relaciones con Mauritania comienza a dar resultados tangibles. La llegada de migrantes en cayucos o pateras a las costas canarias procedentes de este país se ha reducido un 52% durante los primeros nueve meses del año, con un total de 8.178 personas frente a las 16.976 registradas en el mismo periodo del año anterior. El panorama resulta alentador, especialmente si se considera que las llegadas desde Senegal han caído un 77%, y desde Marruecos, un 55%. La clave, sostienen desde el Gobierno canario, reside en la colaboración con estos Estados, que además figuran entre los principales países de origen de los migrantes que acceden al Archipiélago a través de la ruta canaria, considerada la más peligrosa y letal del mundo.

Los datos fueron facilitados este miércoles por el Ejecutivo autonómico, con motivo de la visita que realizan a Nuakchot –capital de Mauritania– los viceconsejeros del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, y de Bienestar Social, Francis Candil, en el marco de una reunión con una delegación de la Unión Europea en el país africano. Según la Administración regional, el encuentro entre las administraciones ha servido para constatar el esfuerzo conjunto –con participación de España– que se está llevando a cabo para estabilizar uno de los territorios más afectados por el tránsito migratorio, así como por la tensión bélica y la inestabilidad política que atraviesa la región del Sahel.

«Lo que queda claro es que se han empezado a tomar medidas para reducir las salidas en cayuco de personas migrantes y eso ya se refleja en la realidad migratoria de las Islas», señala Francis Candil, quien además añade que el reto, ahora, es consolidar esta tendencia en el tiempo para «evitar un repunte en las llegadas a las costas canarias».

El caso de Mauritania

En este contexto, Mauritania se ha convertido en un país prioritario para la Unión Europea, al ser el territorio más estable dentro del Sahel, una región fronteriza marcada por la inestabilidad política, los golpes militares y la presencia de grupos yihadistas en países como Burkina Faso, Níger o Malí. Según el Ejecutivo autonómico, la Comisión Europea colabora con el Gobierno mauritano en materia de seguridad con el objetivo de «contener» a los más de 300.000 malienses que se encuentran actualmente en su territorio, muchos de los cuales contemplan continuar su ruta migratoria hacia Europa a través de Canarias.

El impacto de las decisiones adoptadas en los países emisores de migrantes sobre Canarias es mayúsculo. La ruta atlántica, que conecta las costas del noroeste de África con el Archipiélago, expone a quienes la transitan a condiciones extremas a bordo de embarcaciones precarias y sin garantías de seguridad. La cercanía geográfica convierte a la Comunidad Autónoma en una de las principales puertas de entrada a Europa, lo que provoca que cualquier cambio político, social o económico en los países de origen tenga un efecto inmediato en la realidad migratoria del Archipiélago.

Hasta el momento, según Francis Candil, Mali es el único país con el que se están encontrando dificultades para establecer una cooperación efectiva. Precisamente, se trata del principal país de origen de las personas migrantes que llegan actualmente a la Comunidad Autónoma. «Gambia está dando los primeros pasos, y existe la voluntad de seguir colaborando», afirma Candil. La prioridad, insiste, está en reforzar el trabajo con los países emisores de migrantes.

El procedimiento exprés

En otros términos, los trámites burocráticos han provocado un retraso de dos días en las primeras salidas exprés de menores migrantes hacia la Península. Han transcurrido 41 días desde que se declaró la contingencia migratoria en Canarias, el 29 de agosto, y hasta ahora no se ha ejecutado ninguna derivación bajo el mecanismo establecido en ese marco. De hecho, no fue hasta el pasado viernes cuando el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, firmó las primeras cinco autorizaciones de traslado. A partir de ese momento, se abrió un plazo de cinco días para que Canarias coordinara el viaje de los menores con la comunidad autónoma de destino. La fecha límite inicial se cumplía el miércoles; sin embargo, la notificación oficial no llegó al Ejecutivo autonómico hasta el lunes, una vez completados todos los trámites administrativos en el sistema. Como resultado, el plazo se extiende hasta este viernes, una semana después de la firma de Pestana.

La situación pone en duda la viabilidad de los plazos establecidos. La reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que respalda la declaración de contingencia migratoria, busca aliviar la presión sobre territorios que ya triplican su capacidad de acogida —como Ceuta, Melilla y el Archipiélago—, y estipula que cualquier menor que llegue a las Islas deberá ser trasladado en un plazo máximo de 15 días. Este margen parece insuficiente. Aunque el proceso exige agilidad por parte de todas las administraciones implicadas, la complejidad de la cadena burocrática ha dificultado, hasta ahora, el cumplimiento efectivo de los plazos previstos.

Ante esta situación, el Partido Popular criticó al Gobierno central por lo que considera una «falta de rigor, control y compromiso» en el proceso de derivación de menores migrantes. La denuncia se produce justo después de que tres de los seis expedientes de traslado exprés desde Canarias hayan sido suspendidos al confirmarse que los chicos eran en realidad mayores de edad. Para los populares, este episodio evidencia «una gestión negligente y descoordinada» por parte del Estado.

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