El transporte gratuito tendrá los 120 millones que exige Canarias

Existía el compromiso desde el inicio del año, pero ahora ya es ley: Canarias contará con los 120 millones de euros que demandaba para que los ciudadanos que son usuarios habituales continúen sin pagar por coger la guagua. Desde que el Gobierno central adoptó la medida del descuento y Canarias la mejoró hasta conseguir la gratuidad, los operadores de transporte se habían repartido solo 80 millones de euros, cantidad insuficiente para cubrir el coste total.

Además, las empresas públicas y privadas que prestan el servicio recibirán un anticipo del 65% antes de que finalice el presente año. Así consta en una de las enmiendas presentadas por la diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, al texto de la Ley de Movilidad Sostenible aprobada el miércoles.

Echando la vista atrás, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió adoptar medidas para paliar los efectos de la ola inflacionaria iniciada en 2021 sobre las economías domésticas. Entre ellas, decidió la gratuidad de los trenes de cercanías y fuertes descuentos para las guaguas urbanas e interurbanas; siempre para usuarios recurrentes.

Desde el primer momento, CC alertó del agravio que esa decisión supuso para las Islas por no contar con transporte ferroviario. La demanda fue clara: guaguas gratuitas. Si bien en un inicio la petición cayó en saco roto, la negociación de los últimos presupuestos que logró aprobar el actual Gobierno central cambió el panorama por completo.

A partir de entonces, se introdujeron mejoras para los usuarios, tales como la renovación trimensual de la gratuidad de los títulos en lugar de cada mes. Fueron muchos los ciudadanos canarios que se animaron a coger la guagua a partir de entonces. Tanto fue así, que los cálculos iniciales sobre el coste de la gratuidad quedaron muy lejos de la realidad.

La directora general de Transportes del Gobierno canario, María Fernández, expuso que los 80 millones de euros dispuestos no cubrían la totalidad del servicio y puso sobre la mesa un incremento del 50%, que situaba la suma en los 120 millones de euros.

Los tira y afloja entre Canarias y Madrid fueron continuos, y los cabildos entraron en escena garantizando que cubrirían la diferencia hasta que se aclarase la situación. En paralelo, Fernández continuó presionando al ministerio para conseguir elevar la cantidad.

En marzo, anunció a la Mesa del Transporte de Canarias que el acuerdo era una realidad y el Ejecutivo estatal elevaría la partida hasta los 120 millones de euros. Comenzó entonces una nueva fase para determinar el momento del ingreso.

La práctica había demostrado que los pagos a año vencido generaban problemas de tesorería a las empresas de transporte, tanto públicas como privadas. De ahí que el éxito alcanzado por la enmienda de Valido se haya celebrado en el Gobierno de Canarias.

Antes de que finalice este año, habrá llegado a las Islas un anticipo por el 65% de los 120 millones de euros, es decir, 78 millones. En opinión de Fernández, «llega tarde» el desbloqueo jurídico que impedía recibir el dinero por adelantado.

María Fernández señala que los anticipos de los fondos llegan tarde pero evitan «un auténtico drama»

Sin embargo, celebró la medida porque no contar con los fondos antes de arrancar 2026 «habría sido un auténtico drama». Las enmiendas presentadas por la única diputada nacionalista canaria encierran un éxito de medio y largo plazo.

Un logro como es la consecución de un acceso «al reparto de fondos europeos adaptados a su realidad territorial y económica». Así consta un comunicado hecho público ayer por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias.

El texto subraya el reconocimiento normativo de las especificidades de la comunidad autónoma. Un logro que María Fernández atribuyó al «diálogo permanente» mantenido durante los dos últimos años «con los directores generales del ministerio para trasladarles la realidad insular».

En detalle, la directora general señaló que la norma aprobada esta semana en la Cámara Baja permitirá al Archipiélago el acceso, «de una manera más justa, a los recursos vinculados a la movilidad sostenible».

La ley está directamente vinculada a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), cuya aprobación era requisito indispensable para que España pudiera acceder a cerca de 10.000 millones de euros entre 2025 y 2026.

Dichos fondos proceden del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, «financian inversiones y reformas destinadas a la descarbonización, digitalización y modernización del transporte».

En la aprobación de fondos para amortiguar el golpe de la pandemia de coronavirus, Bruselas colocó como uno de los pilares la reducción de las emisiones contaminantes. El transporte colectivo va en esa dirección al restar vehículos al tráfico rodado habitual.

También los trenes, que forman parte de la estrategia de electrificación. En la medida en que la energía para alimentarlos se obtenga de fuentes limpias, se habrá dado un paso firme hacia la descarbonización.

Y el desarrollo de los proyectos ferroviarios para las dos islas capitalinas también tiene un hueco en la ley. Es la primera vez que un texto legal reconoce «la necesidad estratégica de los trenes de Gran Canaria y Tenerife y su financiación estatal».

En esta misma línea, la directora general incidió en que tras firmarse el mes pasado los protocolos ferroviarios de Gran Canaria y Tenerife –«un paso previo fundamental hacia un convenio plurianual», explicó Fernández–, la nueva norma reconoce su necesidad estratégica, además de contemplar la financiación de las obras «por parte del Estado».

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