El descenso de llegadas en la ruta canaria revela la violencia en Mauritania

Mientras Canarias celebra como un éxito la disminución de llegadas de cayucos o pateras desde Mauritania, expertos advierten sobre lo que subyace tras esta caída: una política de externalización de fronteras que se disfraza de cooperación internacional, pero que en la práctica perpetúa situaciones de violencia. La llegada de personas migrantes al Archipiélago procedentes del país se ha reducido un 52% en los primeros nueve meses del año, con un total de 8.178 personas frente a las 16.976 registradas en el mismo periodo del año anterior. Aunque responsables políticos atribuyen este descenso a la colaboración con Mauritania –uno de los principales países de origen de quienes acceden a las Islas a través de la ruta canaria, considerada la más peligrosa y letal del mundo–, organizaciones internacionales como Human Rights Watch alertan sobre abusos en los controles migratorios, financiados además con fondos europeos.

Las visitas institucionales a las autoridades de Nuakchot –capital de Mauritania– han sido frecuentes en el último año. Los viceconsejeros del Gabinete del Presidente del Gobierno de Canarias, Octavio Caraballo, y de Bienestar Social, Francis Candil, viajaron recientemente a Mauritania en el marco de una reunión con una delegación de la Unión Europea. Previamente, en febrero, fue el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien visitó el país acompañado de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El presidente canario, Fernando Clavijo, se desplazó hasta allí en el mes de julio. Las visitas resultaron en el compromiso de España de aportar 210 millones de euros, y de la Comisión Europea, 300 millones más, para fortalecer las políticas de control migratorio en la zona.

Sin embargo, la partida económica se ha traducido en el despliegue de guardacostas, militares, policías y cuerpos de gendarmería. Más allá del control de fronteras, esta movilización ha implicado la actuación de fuerzas de seguridad que han instaurado situaciones de violencia contra personas que intentan migrar hacia Europa, con Canarias como una de las principales puertas de entrada. «Se trata de una especie de caza de brujas, en la que están trasladando no solo a migrantes, sino también a personas que no lo son, sometiéndolas a expulsiones arbitrarias, por ejemplo hacia la frontera con Mali, y en condiciones precarias», denuncia la experta en geopolítica Beatriz Mesa, autora de obras como El fracaso de Occidente en África.

El panorama dista de ser esperanzador. La política de externalización de fronteras impulsada por la Unión Europea –y en la que España «participa de una manera notable»– ha tenido un impacto directo en sectores clave de Mauritania. «Hay africanos que llevan años trabajando en el sector primario mauritano y, pese a ello, están siendo víctimas de esa violencia. Son trabajadores, pero al no contar con contratos o permisos de residencia, son expulsados», asegura Mesa.

Un territorio clave

Mauritania se ha consolidado históricamente como un territorio clave en la movilidad humana. Es uno de los países de destino para personas procedentes de África Occidental y Central que buscan empleo. Miles de ellas solicitan asilo en el territorio, siendo la mayoría originarios de Mali. En 2024, se alcanzó un récord de 46.843 personas llegadas a las Islas. Durante la primera mitad de 2025, la cifra se situaba en torno a los 11.500: «Si están llegando menos cayucos a Canarias es porque se está ejerciendo una fuerte presión no solo en las fronteras, sino también en la capital del país, donde se está vaciando de mano de obra esencial a los sectores básicos de Mauritania». Una mano de obra que las élites económicas mauritanas terminarán necesitando.

En su intento por reforzar la protección de la frontera sur, Europa ha impulsado una política cuyos efectos secundarios afectan principalmente a la seguridad humana. Actualmente, sostiene Mesa, no hay ningún mecanismo de respeto que garantice la protección de los derechos fundamentales de las personas que se embarcan en la ruta atlántica: «Nunca han existido en la historia de la externalización de fronteras ni existirán en el futuro».

Algo con lo que coincide Maman Sidikou, exrepresentante de la Unión Africana ante el Sahel y ex secretario permanente del G-5 Sahel. Sidikou señala que España, y en especial la Comunidad Autónoma, deben conocer «las causas profundas y reales de la migración» para poder identificar «cómo ayudar a los países de origen a fomentar una migración segura». Además, subraya que la ayuda «es para hoy y no para mañana».

La reducción de cayucos

La «obsesión» de Europa sigue siendo el control de sus fronteras, con el objetivo de frenar la llegada de embarcaciones, sobre todo a Canarias. Sin embargo, el modo en que las autoridades locales de Mauritania llevan a cabo esa vigilancia y control plantea serias contradicciones. La Unión Europea no interviene de manera directa, ya que ello supondría «una colisión evidente con sus principios y valores», pero permite que países terceros que necesitan propuestas económicas elevadas «utilicen la violencia» para controlar esas migraciones.

El reto es mayúsculo, pues los países de origen de quienes llegan al Archipiélago canario atraviesan, en palabras de Sidikou, «una ruptura» debido a cambios políticos que suelen ir acompañados de violencia. Según el experto, «cada cambio conlleva que personas sean encarceladas, generando así periodos de gran inestabilidad».

En este contexto, no puede hablarse de éxito ante la caída de las llegadas a Canarias, especialmente si se considera que el control de la movilidad se está gestionando, según los expertos, de forma equivocada. «No estamos abordando los problemas estructurales que tienen que ver, una vez más, con el desarrollo de nuestros propios mercados nacionales», señala Beatriz Mesa. A su juicio, no se están generando oportunidades para gestionar las migraciones desde una perspectiva local. La situación responde, una vez más, a un modelo «completamente colonial».

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