Canarias acusa al Estado de alterar las cifras en el traslado de menores con asilo

Nuevas promesas para Canarias. El Estado se ha comprometido con la Comunidad Autónoma a trasladar a 231 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo a la Península durante las semanas restantes de octubre. De cumplirse este compromiso, la cifra superaría a la de los chicos ya reubicados con protección internacional, que asciende a 182. Así lo anunció Sandra Rodríguez, directora general de Protección a la Infancia y las Familias, al término del comité interadministrativo celebrado este martes para abordar los traslados de los jóvenes. Sin embargo, Rodríguez advirtió que, pese a las garantías ofrecidas por la Administración central, es poco probable que se alcance la cifra prometida, especialmente debido al ritmo al que se están realizando las derivaciones. Aunque el Estado aseguró derivar a 500 menores en octubre, en ese cómputo, según el Ejecutivo regional, se incluyen a los que ya han alcanzado la mayoría de edad y que salen del sistema de protección canario a través de esa condición. Una respuesta "insuficiente" para aliviar el hacinamiento que sufren las Islas.

"No puede considerarse algo positivo", criticó Rodríguez, quien explicó que, cuando los menores alcanzan la edad adulta y cuentan con protección internacional, son las entidades colaboradoras —y no el Gobierno de España— las que deben solicitar una plaza en los dispositivos de acogida para adultos. Por lo tanto, "no es una solución que esté ofreciendo el Gobierno", subrayó. En este contexto, el hecho de que muchos jóvenes hayan alcanzado los 18 años desde que, hace siete meses, el Tribunal Supremo dictó el auto que obliga al Estado a asumir la tutela de más de un millar de niños solicitantes de asilo, "demuestra que algo está fallando".

La demora del Ejecutivo central en realizar las reubicaciones ha tenido consecuencias directas para los muchachos. Esta tardanza ha provocado que muchos no hayan sido atendidos por el sistema de protección cuando aún eran menores. Ante este escenario, el Estado solicitó a Canarias que vuelva a tramitar el acceso al sistema Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal para unos 400 menores recién llegados que aún no están incorporados. "Volvemos a tener mil menores solicitantes de protección internacional, los que no han salido y los que son nuevos que entran a mayor ritmo que los que van saliendo", criticó Rodríguez.

Más documentación

La situación dista de ser esperanzadora. Canarias cuenta con alrededor de 30 menores con solicitud de asilo que están próximos a alcanzar los 18 años y 87 chicos permaneces en el Canarias 50 a la espera de ser derivados, pese a que el compromiso estatal era limitar la estancia en el recurso a un máximo de dos semanas: "No se está ofreciendo la respuesta adecuada, los chicos tienen expectativas, pero lo que se genera es incertidumbre, porque no saben cuándo serán atendidos".

Otra de las críticas del Ejecutivo autonómico se centra en las exigencias documentales. Según la directora general de Infancia, desde Madrid "se está exigiendo más de la documentación ya debidamente presentada". Una situación que calificó como "trabas continuas para no dar respuesta", a pesar de que, recalcó, la competencia es "exclusivamente del Estado".

El procedimiento exprés

En otros términos, desde el Ejecutivo regional admitieron que las salidas de menores por la vía exprés —amparadas en la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería— se están retrasando. "Los 15 días que establece el decreto para ejecutar las salidas se están convirtiendo en 25", reconoció Rodríguez. Un retraso que complica aún más la situación en el Archipiélago, donde los traslados avanzan a cuentagotas mientras la llegada de menores no cesa. De hecho, en los últimos días, cinco nuevos niños han arribado a las costas canarias.

Desde el Gobierno central aseguraron que han ofrecido 130 plazas hasta principios de noviembre, pero, según la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancel, Canarias no ha remitido los expedientes necesarios para su traslado a la Península. Unas declaraciones que han levantado ampollas en el Ejecutivo autonómico. "Parten de una premisa equivocada", replicó Sandra Rodríguez, quien además recordó que muchos de los menores que deberían ser trasladados han manifestado su deseo de permanecer en Canarias por motivos de arraigo, "pero cuando se han solicitado los informes que justifiquen ese arraigo, no se nos ha facilitado información más allá de lo que los propios chicos verbalizan, sin comprobar si realmente cuentan con una red de apoyo que les garantice estabilidad en su proceso de emancipación".

La pelota vuelve a situarse en el techo del Estado. "¿Qué va a hacer en aquellos casos en los que los chicos no quieran renunciar a la protección internacional pero sí desean quedarse en la región?", planteó la directora. La respuesta por su parte es clara: "Se deben habilitar recursos adecuados para atender a estos menores".

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